El pleno del Congreso aprobó ayer facultar al Gobierno a ampliar el monto de las garantías soberanas previstas para el destrabe de la segunda etapa del proyecto de irrigación Majes-Siguas (Arequipa).
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El fin es asegurar los pagos adicionales correspondientes a la “décimotercera” adenda del proyecto.
Esto, a razón de que se modificó el límite de las garantías estatales en los procesos de promoción de la inversión privada que se ejecutan mediante las asociaciones público-privadas (APP).
Anteriormente, el límite de endeudamiento para este año era de US$898,9 millones. Ahora el máximo asciende a US$987,6 millones.
POSTURAS EN EL PLENO
Rosario Paredes (Acción Popular), autora de la propuesta, saludó su aprobación indicando que se permitirá la construcción de centrales hidroeléctricas, que generarían miles de empleos. Napoleón Puño (APP) opinó en la misma línea.
En contraparte, Diethell Columbus (Fuerza Popular) criticó que el dictamen carezca de opiniones técnicas de los ministerios de Agricultura y de Economía y Finanzas.
José Núñez (Partido Morado) sumó que la norma sería observada, pues no tiene la conformidad de la contraloría ni de Pro Inversión.
A su turno, José Ancalle (Frente Amplio) dijo que “no se puede aprobar una garantía sin antes contar con una adenda aprobada”, recordando que la 13 aún no se ha firmado.
SITUACIÓN DEL PROYECTO
Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de Pro Inversión, indicó que el destrabe de este proyecto es un tema “complejo” que va más allá de brindar garantías, pues inciden aspectos relacionados a la decisión de transferir recursos y también de corte legal.
“Majes es un caso de texto de cómo no hacer un proyecto. Está entrampado. Hay una adenda de costos aprobada, pero su financiamiento no. Debe definirse si hay sentido en seguir o no y no tener miedo a relicitar”, apuntó.
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Asimismo, indicó que la norma crea un desorden jurídico, puesto que de alguna manera el Legislativo le está diciendo qué hacer al Ejecutivo.
A CONTRARRELOJ
- A fines de setiembre, el Ejecutivo advirtió que si el proyecto no se destrababa en 45 días, podría estancarse hasta por tres años.
- La concesionaria Cobra le comunicó al gobierno de Arequipa que planeaba resolver el contrato.
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