En vista que el financiamiento asciende a US$ 104 millones, el concesionario ha pedido una garantía estatal. Javier Correa, socio de Emedos, considera que en este momento es poco probable que el Gobierno pueda tomar una decisión de esa magnitud. (Foto: GEC)
En vista que el financiamiento asciende a US$ 104 millones, el concesionario ha pedido una garantía estatal. Javier Correa, socio de Emedos, considera que en este momento es poco probable que el Gobierno pueda tomar una decisión de esa magnitud. (Foto: GEC)
María Claudia Medina

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A pocos días del 30 de octubre, cuando se cumpla el plazo establecido por la concesionaria del proyecto de irrigación , la empresa española Cobra, para declarar la caducidad del proyecto, el Gobierno Regional (GORE) de , en su calidad de concedente, está buscando ampliar este plazo hasta el 17 de abril de 2021.

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Según Javier Correa, exdirector de Promoción de Inversiones de ProInversión y socio de Emedos, aunque Cobra acepte aplazar las fechas, igual no se tendrán avances mientras que no se resuelva el financiamiento del cambio tecnológico propuesto en la adenda 13.

El cambio tecnológico que el concesionario propuso se aprobó hace años por adenda, pero lo que no se aprobó fue su financiamiento. Lamentablemente, hubo una mala gestión del Minagri y el GORE Arequipa al cerrar una adenda, sin cerrar su financiamiento. Lo que ahora está en juego es saber si el proyecto, desde el punto de vista de los costos es viable”, explicó.

En vista que el financiamiento asciende a US$ 104 millones, el concesionario ha pedido una garantía estatal. Correa considera en este momento es poco probable que el Gobierno pueda tomar una decisión de esa magnitud. Sin embargo, que el contrato se resuelva y la empresa presente una demanda por incumplimiento también es un riesgo.

La decisión va por financiar o dar la garantía, y luego, tener que explicar por qué se dio todo el proceso, versus terminarlo (el contrato) y tener que explicar por qué se están pagando costos por la terminación. Lo que se podría hacer es relicitarlo bajo un esquema de gobierno a gobierno, pero el Ejecutivo tendría que evaluar cuáles son los daños y perjuicios que deberá pagarle al concesionario por haber incumplido un contrato”, precisó.

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Llegar a un acuerdo

Para Milagros Maraví, socia del Área Administrativa del Estudio Rubio Leguía Normand es terrible que los gobiernos nacional y regional no puedan ponerse de acuerdo y que, incluso, el Gobierno Regional de Arequipa haya recurrido al Congreso para buscar un financiamiento mediante proyecto de ley.

Ahí hay un tema constitucional por el cual ese proyecto no va a prosperar. Que el Gobierno Regional vaya por una ley para no hablar con el Ministerio de Agricultura, no debería ser. Me parece que ambos pueden ponerse de acuerdo y sacar el proyecto adelante”, comentó.

Agregó que los recursos podrían estar colocados en un fideicomiso y que el proyecto permanezca manos del gobierno regional.

“El Ministerio de Agricultura debe tener dos temores, el presupuesto y la capacidad técnica. Ambas cosas se pueden suplir, porque lo que está pasando es la peor solución, que el contrato termine yendo a una solución de controversias de caducidad y pasen varios años hasta que se pueda ejecutar”, advirtió.