Por primera vez en el 2020 se hizo público el documento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la lista de inversiones solicitadas por la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida en aquel momento por el congresista Humberto Acuña de Alianza para Progreso, mostrando su distribución por región, sectores y análisis realizado por diversos ministerios.
Fue publicado en Twitter por la extitular del MEF, María Antonieta Alva, quien agregó que lo hizo “como parte de la política de transparencia” del ministerio.
En la lista del 2020 se registraron 532 proyectos de inversión a escala nacional que la Comisión de Presupuesto buscaba incluir en el Proyecto de Ley (PL) de Presupuesto Público 2021. De ellos, 62 no cumplían con los criterios técnicos para su ejecución debido a distintos motivos (ausencias y observaciones), entre los cuales resaltó la falta de estudios técnicos, sin los cuales ninguna obra de infraestructura puede ponerse en marcha. El monto de inversión ascendía a S/5.136,4 millones.
Con este precedente y con ábaco en mano, el Legislativo y el Ejecutivo arrancaron el noveno mes de este 2021, en el que la Comisión de Presupuesto debe comenzar a gestionar uno de sus principales encargos: aprobar el PL de Presupuesto Público para el 2022.
Cada año, los debates relacionados a este documento se realizan en aras de lograr su aprobación en el Pleno. Por lo general, el presidente de la mencionada comisión (esta vez Segundo Acuña, de Alianza para el Progreso) es quien coordina y viabiliza los distintos pedidos de los congresistas, alcaldes y autoridades subnacionales. Los pedidos generalmente están relacionados al número de proyectos de inversión regionales que podrían incluirse en el PL de Presupuesto Público.
La discusión alrededor de estos pedidos es perfectamente legal. En “¿Quién decide el presupuesto?” (2010), publicación del ex ministro de Economía Luis Carranza y los economistas Jorge F. Chávez y José Valderrama, se confirma que la estrategia del MEF con cada propuesta de presupuesto es “dejar de lado una pequeña porción [...] para atender las enmiendas propuestas por los miembros del Congreso (pág. 190)”.
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No obstante, esta práctica no está exenta de críticas y polémicas. La Contraloría ha observado la manera en que se realiza esta negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Asimismo, en el 2018 se inició una investigación fiscal contra los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, y un ex asesor del excongresista Fujimori por el caso “Mamanivideos”. En dichas grabaciones se escuchaba a los acusados por Fiscalía tratando de convencer al fenecido excongresista Moisés Mamani de no respaldar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a cambio de acceder a obras en el Ejecutivo.
Aunque no se conoce si el MEF hará pública la lista de proyectos este año, sería importante que lo hiciera. Es saludable que el ‘toma y daca’ presupuestal, legal como es, se dé a vista y paciencia de la ciudadanía. Ayudaría también que esta última se mantenga en actitud vigilante y permanente, para que la distribución del presupuesto público, que proviene en parte de nuestros impuestos, se designe al menos correctamente en iniciativas que generan bienestar general. “Al menos”, porque la calidad de la ejecución presupuestal es un capítulo aparte.
“Cuentas claras, amistades duraderas”, dice el dicho.
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