Con el inicio del estado de emergencia, el 16 de marzo, se paralizó gran parte de las actividades económicas. Entre los pocos sectores que se mantuvieron operando, estuvieron los proveedores de servicios esenciales, tales como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones.
A pesar de sostener sus operaciones, estos sectores han sido afectados por la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena. En el caso del sector eléctrico, además de la caída de la demanda en alrededor del 30% durante abril y mayo, se ha generado una interrupción en la cadena de pagos como consecuencia de las altas tasas de morosidad en los recibos.
A la fecha, más del 45% de usuarios presenta atrasos, en comparación con el 0,8% registrado durante el mismo período del año pasado.
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Ello afectó la capacidad de las distribuidoras eléctricas de cumplir con sus obligaciones con las empresas generadoras y transmisoras de energía, considerando que el 70% de lo recaudado se paga a estas últimas.
Las generadoras, a su vez, deben pagar a sus proveedores: por ejemplo, las empresas que utilizan fuentes de generación térmica deben realizar un pago fijo a las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de gas natural, usen o no el servicio.
Para aliviar la carga financiera a las familias, el Decreto de Urgencia (DU) 035-2020 estableció el fraccionamiento de los recibos de electricidad y gas para la población vulnerable, así como de los recibos de servicios de telecomunicaciones.
A través del DU-062-2020, sin embargo, el Gobierno profundizó el problema al extender esta medida para incluir a los usuarios residenciales con consumos menores a los 300 kW al mes (aproximadamente S/180), lo que representa un tercio de la facturación del mercado regulado.
Al respecto, Juan Carlos Novoa, gerente del sector eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala que es importante atender la situación de los usuarios más vulnerables, pero considera que, asimismo, se debe tomar en cuenta la carga financiera que se viene generando a las empresas del sector.
En consecuencia, apunta que se han presentado propuestas al Ejecutivo para atender de manera simultánea tanto el problema social como el problema de liquidez que vienen atravesando las empresas. Sin embargo, el tema continúa en evaluación.
OTROS ASPECTOS
Otro sector que ha continuado sus operaciones –con elevados costos fijos– ha sido el de telecomunicaciones. De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), entre marzo y abril los ingresos de las operadoras del sector habrían caído en hasta 29%.
Agentes de las firmas operadoras advierten que enfrentan problemas para cumplir con sus obligaciones con todos sus proveedores. De hecho, señalan que sus servicios cubren casi todo el territorio nacional y, para mantener la provisión, requieren dar mantenimiento a la infraestructura.
Ese mantenimiento está a cargo de empresas contratistas, que suelen ser de las localidades en que operan y, por lo tanto, tienen incidencia en la actividad económica distrital.
Es importante notar que el fraccionamiento de recibos, permitido por el DU 035-2020, no habría sido ampliamente utilizado. Según el Osiptel, solo 2,2% de las deudas por servicios han sido fraccionadas. Ello llevó a que la semana pasada se extendiera la imposibilidad de cortar el servicio a los usuarios con recibos vencidos hasta el 15 de junio.
En el caso de agua, telecomunicaciones y energía lo esencial es encontrar una fórmula consensuada que haga sostenible la continuidad del servicio y a la vez provea alivio temporal a las familias en situación vulnerable.
OTRAS EXPERIENCIAS
Así como en el Perú se han dado facilidades de pago, otros países de la región han aplicado medidas similares con relación a los servicios básicos. En Chile, por ejemplo, se aprobó el Beneficio Solidario COVID-19 para el 40% de la población vulnerable que figure en el Registro Social de Hogares, adultos mayores de 60 años y personas que han perdido su empleo durante la emergencia sanitaria.
En caso de atraso en el pago, no se podrán realizar cortes de suministro eléctrico o de gas. Además, dichos pagos se podrán cancelar en hasta 12 cuotas sin intereses ni multas.
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El Congreso chileno discute un proyecto de ley que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos –entre ellas se incluye telefonía e Internet fija o móvil– cortar o suspender el suministro en caso de mora en el pago.
De aprobarse la norma, tendría vigencia hasta 90 días posteriores a la culminación del estado de catástrofe (semejante al estado de emergencia en el Perú).
Por otro lado, en Colombia no se han aplicado medidas relacionadas con el corte de suministro de electricidad, gas o telefonía. No obstante, se ordenó la reconexión del servicio de agua potable a las familias que estén sin acceso a dicho servicio por atraso en sus pagos.
Además, el Ministerio de Minas y Energía impulsa la iniciativa Comparto mi Energía, con la cual los ciudadanos pueden hacer contribuciones voluntarias para ayudar al pago de la factura mensual de electricidad de los hogares de los estratos más pobres.
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