Estamos próximos a elegir a nuestro nuevo gobierno y, con ello, a quienes tendrán el enorme reto de gestionar los escasos recursos con los que contamos. Más allá de la figura del presidente, es importante notar que el gobierno también está compuesto por las instituciones, así como por las personas que están detrás de éstas.
Si bien en los últimos años se ha logrado reducir diversas brechas sociales, la pandemia ha demostrado que todavía existe mucho por mejorar; especialmente en cuanto al rol que debe tener el Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entre 2004 y 2019, gracias al crecimiento económico, el Estado pudo contar con mayores recursos y mostrar importantes avances en el plano social. No obstante, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al 2019, uno de cada 4 hogares no contaba con acceso a los servicios de luz, agua y desagüe, conjuntamente.
MIRA: El problema de una mala gestión regional, por David Tuesta
Sin embargo, muchos de estos problemas no son solo responsabilidad del gobierno central. Los gobiernos regionales y locales también juegan un papel fundamental. Entre el 2009 y 2021, los gobiernos regionales fueron responsables de ejecutar alrededor del 50% del presupuesto asignado a los sectores de educación y salud. En este periodo, el presupuesto asignado al sector educación se incrementó en casi 3 veces y el del sector salud casi se cuadruplicó. A pesar de ello, al día de hoy, 4 de cada 5 escuelas y 8 de cada 10 establecimientos de salud tienen infraestructura inadecuada (Censo Escolar y Ministerio de Salud, 2020).
Así, podríamos decir que contar con mayores recursos es una condición necesaria, pero no suficiente. Más importante que contar con mayores recursos es qué se hace con estos. Por ello, se requiere de gestores que aseguren el buen funcionamiento de las instituciones y transformen dicho crecimiento en desarrollo económico y social.
En esta línea, un ejemplo concreto es el uso que le dan las regiones a los ingresos que reciben por canon, sobrecanon y regalías. En 2020, por ejemplo, Áncash concentró el 15% de los recursos por este concepto, la mayor proporción entre las regiones (S/2.231 millones). Sin embargo, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, esta región ejecutó apenas el 44% de su presupuesto, el segundo avance más bajo entre las regiones que reciben canon. Esta situación respondería a la lenta ejecución de proyectos, como la construcción del sistema de riego del distrito de Olleros y el mejoramiento de la oferta educativa primaria en el distrito Mariscal Luzuriaga. Ambas suman un presupuesto total de S/13,5 millones, pero su ejecución fue de apenas 11,2%.
Por ende, los recursos por sí solos no son nada. La clave está en quién o quiénes los manejan y en cómo lo hacen. Al respecto, uno de los principales problemas en el Perú es la corrupción. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la corrupción entorpece la inversión pública y los procesos de licitación público-privados, lo que se traduce en asignaciones injustas de recursos, sobreprecios, cuellos de botella, empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y trabas al crecimiento económico. Para los investigadores Nelson Shack, Jeniffer Pérez y Luis Portugal, el costo de la corrupción, en términos de perjuicio económico al Estado, representa alrededor del 3% del Producto Bruto Interno de 2019, porcentaje bastante parecido al estimado por el historiador Alfonso Quiroz.
No obstante, la corrupción no lo es todo. Una mala gestión de los recursos también se vería guiada por la toma de decisiones que no están sustentadas en evidencia. Por ejemplo, en el periodo legislativo 2020-2021, más del 90% de proyectos de ley carecían de un análisis técnico riguroso. En particular, el Consejo Fiscal señaló que las iniciativas legislativas como la devolución de aportes de la ONP, el pago de sentencias judiciales y la eliminación del régimen CAS tendrían un costo fiscal de 4% del PBI.
En resumen, la mala gestión de los recursos es probablemente uno de los principales responsables de que no se puedan cerrar las brechas sociales con mayor velocidad. Esta mala gestión genera que obras como el Hospital de Apoyo en el distrito de Pichanaki, donde se invierte más de S/92 millones, se encuentren paralizadas hace más de un año; o que construcciones como las de un centro recreacional en Moquegua, cuyo valor asciende a S/16 millones, registre un avance de sólo 30%, tres años después de haberse iniciado su ejecución.
Finalmente, quienes asumen los costos de una mala gestión pública son los ciudadanos de a pie. La población no percibe el crecimiento económico porque quienes tenían la responsabilidad de transformar este crecimiento en desarrollo, no lo hicieron correctamente. Esto conlleva a la alta desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. Apenas el 13% de los peruanos confía en el Gobierno y solo el 8% lo hace en el Congreso (Latinobarómetro, 2018). El próximo Gobierno tendrá la dura tarea de intentar recuperar la confianza en las instituciones. Necesitamos un Estado sólido que garantice una buena gestión de los recursos públicos. Esta debe ser uno de las tareas prioritarias del próximo gobierno.
*Este artículo fue escrito en colaboración con César García.
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