Esta semana hemos sido testigos de un intenso debate sobre las restricciones dadas por el Gobierno a los adultos mayores para su movilización durante la emergencia sanitaria, lo que llevó posteriormente a la emisión del Decreto Supremo N° 165-2020-PCM que actualmente recomienda a los adultos mayores la permanencia en sus domicilios y permite la salida siguiendo las medidas de salud establecidas para evitar poner en riesgo su salud.
Esta pandemia ha permitido poner en evidencia la precariedad del sistema de salud, de transporte masivo, agua y desagüe, mercados de abastos seguros, inclusión financiera por solo mencionar algunos ejemplos, pero también nos hace ver lo poco que aun hemos avanzado para entender y atender las necesidades del adulto mayor.
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Para empezar, ver a todos los adultos mayores como un grupo homogéneo y aplicar medidas basadas solo en su edad, es no ver las grandes diferencias que existen entre nuestra población, según el lugar donde viven, con quiénes vive, y la necesidad de asistencia por enfermedades crónica o discapacidad. Según el INEI al primer trimestre del 2020, el 43,9% de los hogares del país tenía entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años de edad; el 27,4 % de los hogares del país tiene un adulto mayor como jefe del hogar; y del total de hogares dirigidos por mujeres, el 31% de jefas del hogar son adultas mayores. La población adulta mayor que es parte de la Población Económicamente Activa (PEA) es de 55,4%.
En estos momentos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene liderando la construcción de una Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores con el fin de encaminar acciones para garantizar los derechos de acceso a vida digna para los más vulnerables. Con todo, es también necesario pensar en sistemas que permitan acompañar el envejecimiento de nuestra población.
¿Qué hacer entonces?
De acuerdo con la iniciativa Envejecer con Cuidado del Banco Interamericano de Desarrollo, las diversas experiencias internacionales enseñan que debemos establecer sistemas colaborativos entre públicos y privados de acceso a servicios de salud y cuidado del hogar, sobre la base de los niveles de dependencia del adulto mayor y no tanto de su edad. Sobre esto último, sugiere el desarrollo de transferencias vinculadas a las compras de servicios de acompañamiento en el hogar y de centros de cuidado diurnos, que permitan a los demás miembros de la familia, sobre todo a las mujeres –en quienes usualmente recae el cuidado del adulto mayor–, salir a trabajar. Para ello se requiere de centros de formación y personal capacitado que pueda garantizar servicios de calidad.
Tener mayor profundidad en las estadísticas nacionales sobre las características del adulto mayor, ayudará también a una mejor distribución de recursos y la planificación de servicios para adultos mayores dependientes y para quienes no los son.
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