La presidenta Dina Boluarte se encuentra en vilo ante una grave denuncia que obstaculiza sus planes para designar al economista Alejandro Narváez - vinculado al ala nacionalista de su gobierno - como nuevo presidente de Petro-Perú.
De hecho, este Diario supo que la designación de Narváez como timonel de la petrolera se frustró ayer y anteayer debido a esta razón.
“De no haber existido dicha denuncia, hoy tendríamos a Narvaez y a las otras cuatro personas que están listas para entrar con él, en el directorio de Petro-Perú”, señaló una fuente consultada.
Esos cuatro personajes son: Isabel Tafur, ex presidenta de Perú-Petro; Aurelio Ochoa, también expresidente de Perú-Petro; Enrique Bisetti, ex viceministro de hidrocarburos; y una cuarta persona que no ha sido identificada.
Todas, sin embargo, tendrían algo en común: su cercanía con Óscar Vera, ex ministro de Energía y Minas de este gobierno y hombre de confianza de Dina Boluarte.
¿Pero, de que trata la denuncia que frustra estos nombramientos?
La causa es un expediente judicial del año 1973 que involucra a Narváez en un delito de ‘violación presunta’ por el cual se le impuso una pena de 6 meses de condena de ‘prisión y prisión condicional’.
El castigo, impuesto por el Juzgado de Instrucción de Abancay - Tribunal Correccional de Apurímac, se cumplió entre el 14 de febrero y el 13 de junio de 1973, cuando el economista tenía 20 años de edad.
Se trata de un caso bastante antiguo pero que cobró visibilidad en el 2021, cuando la Sunedu realizó una supervisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para verificar si sus autoridades aplicaron medias preventivas de separación o destitución del personal implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas.
El escrutinio dio como resultado la implicación de un docente (Narváez) y tres funcionarios administrativos en sendos delitos con condenas penales.
De acuerdo a las fuentes consultadas, el economista fue primero destituido, pero luego devuelto a sus funciones por un tecnicismo, pues la supuesta violación habría ocurrido antes de la dación de la Ley 29988, que establece las medidas extraordinarias para los implicados en los delitos arriba mencionados.
Sin embargo, la sola mención del caso tuvo el efecto de paralizar la designación de Narváez el pasado 16 de setiembre.
Llamado a consulta por el Ejecutivo, el economista habría reconocido la existencia de la condena, pero negado su implicación por tratarse de una acusación falsa.
Esto explica, indican las fuentes consultadas por este Diario, la parálisis del Gobierno, pues la presidenta duda en designar para el cargo de presidente de Petro-Perú a una persona condenada por un delito de tal gravedad.
Mientras este drama se registra en Palacio, el MEF ha alcanzado una propuesta alternativa consistente en una terna de tres posibles candidatos para sustituir a Oliver Stark.
Ellos son Pedro Grados, ex presidente de COFIDE y director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima; Pedro Sánchez, ex ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno de Alan García: y Robert McDonald, economista de la Universidad del Pacífico quien se desempeñó como gerente general de la SNMPE.
El Comercio se comunicó vía telefónica con Alejandro Narváez para obtener sus descargos. “No tengo nada que decir. Lo siento mucho, no tengo nada que decir, me parece una auténtica mentira, calumnia... no sé por qué viene eso”, señaló. Ante nuestra insistencia, optó por cortar la comunicación.
Actualización
Alejandro Narvaez Liceras envió un pronunciamiento por escrito a El Comercio, horas después de haber cortado la comunicación. En su carta refirió que en 1971 fue víctima de una denuncia falsa, registrada cuando era un adolescente. El problema generó que se le imponga una medida socioeducativa pues él no contó con una adecuada defensa legal.
“Pretender usar esa medida, impuesta en un proceso irregular hace más de 50 años, para inhabilitarme políticamente en la actualidad, resulta a todas luces contrario a los principios de justicia y debido proceso... Seguir estigmatizándome por un proceso irregular de mi adolescencia sería imponerme una especie de “pena perpetua” que afecta mi derecho a la resocialización”, refirió.
Asimismo, indicó que, “asumiendo que la medida socioeducativa hubiera sido impuesta válidamente, lo cierto es que ella buscaba mi rehabilitación y reinserción a la sociedad”.
Finalmente, el economista precisó que el 2021 participó en las elecciones congresales y el jurado Nacional de Elecciones determinó que no tiene sentencias vigentes que lo inhabiliten.
“Mientras no exista una sentencia judicial firme en mi contra emitida con todas las garantías, debe prevalecer mi derecho a ser tratado como inocente y a reintegrarme plenamente a la sociedad. Por todas estas razones, considero que los cuestionamientos en mi contra carecen de todo asidero legal, constitucional y fáctico. Haber sido víctima de una denuncia falsa y de un proceso irregular en mi adolescencia no puede descalificarme, más de cinco décadas después, para ejercer función pública”, manifestó.
Contenido Sugerido
Contenido GEC