Ante la dramática crisis sanitaria que ha empujado a más de 3 millones de peruanos a las filas de la pobreza y ha ocasionado más de 180 mil fallecimientos, nos debatimos entre dos concepciones diametralmente opuestas respecto del modelo económico que regirá nuestros destinos.
Al margen de las preferencias políticas que tengamos, lo cierto es que al país le urge reconstruir lo perdido en poco más de un año, y rápidamente. Para ello, ambos candidatos presidenciales han planteado una agresiva expansión fiscal que ha sido calificada de populista por muchos.
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Aun cuando no hay espacio para la ortodoxia, es crucial diferenciar entre una política expansiva de corto plazo que impulse la reactivación del país y adelante beneficios para la población que lo reclama con urgencia de planteamientos estatistas fallidos que han conducido al atraso en los países donde se han aplicado.
Antes de la primera vuelta, publiqué en este diario “Lluvia de millones: ¿cuánto cuestan los planes de gobierno?” presentando un costeo de las propuestas de los 18 candidatos presidenciales según sus planes de gobierno en el Jurado Nacional de Elecciones.
Sin considerar el gasto en infraestructura, se concluyó que la expansión fiscal de Perú Libre (PL) ascendía a 16,5% del PBI y era la más agresiva de todas las propuestas presentadas y triplicaba el costo de Fuerza Popular (FP).
Transcurridos dos meses de campaña intensos en nuevas propuestas, es preciso actualizar esta cuantificación y analizar su viabilidad y pertinencia.
Evaluación
El costo fiscal de las propuestas de PL y FP se ha incrementado en 1,2% y 1,9% del PBI, respectivamente.
En el caso de PL, el incremental se atribuye especialmente a la condonación de deudas personales, créditos a la mype y el subsidio temporal de servicios básicos.
Por su parte, en el caso de FP entre las propuestas que implican un mayor costo fiscal destacan los programas sociales, como la intención de duplicar la subvención y la cobertura de Pensión 65, el crédito especial para mype Volver a Empezar y el otorgamiento del bono oxígeno a los hogares de los deudos del COVID-19 (aplicado a las cifras sinceradas de fallecidos).
A esto se suma el alivio tributario temporal para sectores muy golpeados por la crisis, como las pymes y el turismo.
El elevado costo de ambos planes se explica principalmente por la antitécnica preasignación de un porcentaje del PBI a las funciones de educación y salud.
PL estableció en su ideario que el gasto en cada uno de estos sectores alcanzaría al final del quinquenio el 10% del PBI, lo que implica un incremento del gasto público anual cercano a S/90.000 millones, proposición irrealizable. Por su parte, FP ha propuesto que el gasto en educación y salud aumente a 6% y 7% del PBI, respectivamente.
No se puede subestimar la importancia que tienen estos sectores para el desarrollo nacional, más aún en el contexto actual, pero estas promesas serán imposibles de cumplir al no poder financiarse con mayor endeudamiento público ni con una reforma tributaria que genere ingresos suficientes en un período de tan solo 5 años.
El gasto en infraestructura merece mención aparte. En el caso de FP, se propuso el cierre de la brecha de infraestructura, que según una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo asciende a S/363.000 millones, lo que implicaría destinar S/37.600 millones adicionales por año.
Esta propuesta sumada con cambios al impuesto especial a la minería para financiar obras de irrigación y el plan de mantenimiento vial hacen que el gasto en infraestructura se incremente en 5,9% del PBI.
En el caso de PL no hay claridad en todos sus proyectos priorizados, más allá de ofrecer aeropuertos y hospitales especializados para cada región.
A modo de ejemplo de la cartera de proyectos de inversión pública, solo la propuesta de construir un tren de conecte Tumbes con Tacna tendría un costo de alrededor de S/67.000 millones. Este mayor gasto no solo resulta inviable de financiar, sino que demandaría una mayor eficacia de la gestión pública.
Por ejemplo, la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad presenta un nivel de ejecución de apenas 3,3% en cerca de 2 años. De mantenerse este ritmo, tomaría 40 años cerrar las brechas identificadas.
Nuestro país requiere de un Plan Marshall –el enorme impulso fiscal que vivió Europa tras la Segunda Guerra Mundial– tanto para la recuperación del aparato productivo como a fin de garantizar la paz social necesaria para la generación de riqueza y la construcción de una sociedad más cohesionada.
Lo clave será continuar utilizando nuestras fortalezas macroeconómicas en el corto plazo con un sentido de proporcionalidad (aún tenemos espacio de endeudamiento disponible, pero no ilimitado) y pragmatismo reconociendo que la reactivación económica permitirá reconstituir progresivamente nuestras municiones fiscales.
Aun cuando en el fragor de la campaña política se promete de todo, el elector tiene el deber de distinguir una política fiscal expansiva temporal que ineludiblemente tendrá que enfrentar restricciones financieras de un estatismo a ultranza que solo traerá una ficción de progreso.
La única manera en que esta expansión temporal del gasto fiscal en el período pos-pandemia sea sostenible es promoviendo agresivamente la inversión privada y no ahuyentándola. Es hora de que todos definamos una posición clara y sin tapujos.
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