En el debate en Chota, Cajamarca, los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori abordaron durante el bloque económico sus propuestas para el programa Pensión 65, a través del cual alrededor de 560 mil personas mayores de 65 años y en situación de extrema pobreza reciben una pensión de S/250 cada dos meses al año.
“Mi mensaje a los adultos mayores de las zonas más alejadas, [es que] el programa Pensión 65 el primer día de mi Gobierno lo vamos a duplicar de 250 soles a 500 soles bimensuales”, dijo Fujimori, de Fuerza Popular.
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Previo a este evento y en conversación con la prensa desde Pucallpa el pasado 27 de abril, la candidata también dio detalles de esta propuesta, e indicó que en un eventual gobierno suyo buscaría ampliar el alcance del programa año a año para “atender a la población más crítica y vulnerable”.
Por su parte, Castillo, de Perú Libre, señaló desde la plaza de la provincia cajamarquina que buscaría implementar “verdaderamente” este y otros programas sociales, para lo cual planteó disminuir la edad actual de beneficiarios a 60 años. “En cuanto a Pensión 65, vamos a ampliar a partir de los 60 años [el alcance de] este bono, que es para los peruanos”, acotó.
Si bien las propuestas de ambos candidatos apuntan a modificar un programa que funciona en el país desde el 2012 con la premisa de beneficiar con más recursos o mayor alcance a la población de tercera edad que lo requiere, los especialistas consultados por El Comercio coincidieron en que las propuestas carecen de suficiente sustento, y consideraron que deben ser mejor analizadas.
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Javier Olivera, profesor del departamento de economía de la PUCP, califica ambas propuestas como no recomendables.
Realizando estimaciones a partir de datos del 2020, el economista apunta que la propuesta de Fujimori haría que el costo actual del programa pase de cerca de S/840 millones a S/1.680 millones “de un día para el otro”; mientras que, en el caso de Castillo, Olivera estima que el costo del programa podría aumentar en unos S/374 millones.
Y aunque el monto a destinar para el programa sería menor bajo la propuesta de Castillo, el experto critica que ambos candidatos no son claros en precisar de dónde saldrán los recursos –sobre todo en un escenario de crisis económica y recaudación golpeada como el actual–, y opina que dejan de lado el problema de fondo: encontrar a aquellas personas a las que debió haber llegado Pensión 65 a la fecha.
“Las dos [propuestas] son malas, pero la de Castillo, que pide bajar la edad de jubilación, casi no se ve en ningún país que ofrezca pensiones sociales a esa edad. Hay un problema con el sistema de incentivos: la jubilación legal es a los 65 años. Uno tiene incentivos para seguir trabajando y ahorrando hasta esa edad, pero si le bajas [la edad para recibir el programa] a 60 años, eso malogra todos los incentivos”, precisa.
Según Olivera, sería perfectamente viable empezar a ampliar la cobertura de Pensión 65 sin disminuir la edad y considerando a aquella población que no llega a ser considerada como pobre extrema, pero aun así requiere un apoyo adicional por estar muy cerca de serlo.
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No obstante, considera difícil que en el primer semestre de un nuevo gobierno se puedan concretar avances concretos en esta materia debido a las restricciones presupuestales. “Ya sería para el siguiente presupuesto (2022). De a pocos”, agrega.
MÁS QUE INVIABILIDAD, UNA SERIE DE GENERALIDADES
Para María Amparo Cruz Saco, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (Ciup), el problema de ambas propuestas radica en que son muy generales y no aterrizan en plantear mejoras concretas a uno de los mayores problemas dentro del sistema previsional peruano: la necesidad de que los adultos mayores sin ingresos cuenten con una pensión mínima.
“La pregunta debería ser con qué visión previsional son consistentes los planteamientos de los candidatos. [...] La propuesta de Pedro Castillo sería buena que la especifique un poco mejor, [porque] los S/1.200 millones que podría costar hacerlo no es completamente inviable. Pero la propuesta debería ser más concreta”, opina la especialista.
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Sobre la propuesta de la candidata Fujimori, la economista destaca que eventualmente permitiría elevar el monto de un programa que se ha mantenido casi 10 años sin aumentos, mientras que se ha dado una pérdida progresiva de poder adquisitivo de los S/250 otorgados a raíz de la inflación y otros factores.
No obstante ello, precisa que esto no termina por satisfacer las necesidades en un sistema de pensiones que se mantiene afectado por los retiros anticipados y por una menor cantidad de aportantes o afiliados conforme pasan los años.
Cruz Saco anota que las pensiones sociales son modalidades de asistencia social pagadas con los ingresos generales (impuestos y otros ingresos) de los gobiernos; pero en un sistema que funciona, la economista puntualiza que debería haber una pensión mínima antes de haber una pensión social.