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En el último día del plazo para pronunciarse, el Ejecutivo anunció la observación de la ley aprobada por el Congreso que faculta un nuevo retiro hasta por S/17.600 para todos los afiliados de las AFP.
Sin embargo, considerando la situación de la pandemia y su afectación en la economía de los hogares, se planteó al Legislativo algunos ajustes a esta iniciativa a fin de que tenga luz verde el motivo de fondo y no se afecte el “el derecho a la pensión” ni se “desnaturalice el sistema privado de pensiones”.
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El primero de estos es reducir el universo de afiliados que podrán acceder a este retiro de manera facultativa a solo aquellos que no registren aportes en los tres últimos meses de este año. Es decir, quienes estén en planilla actualmente no calificarán.
También precisa que no aplicarán quienes estén aptos para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).
Otro ajuste del Ejecutivo es eliminar el artículo que permitía que terceros realicen retiros, haciendo referencia a que el Congreso proponía que beneficiarios de una obligación alimentaria por parte del afiliado puedan retirar hasta el 30% del monto potencial.
Lo mismo ocurrió con la disposición que autoriza el retiro del 100% de los fondos a quienes tengan más de 40 años y no registren aportes en los últimos cinco años.
FUNDAMENTOS
David Tuesta, exministro de Economía y asesor de políticas públicas de la Asociación de AFP, consideró que la precisión de los afiliados que calificarán al nuevo retiro de la AFP era necesaria.
“Ya se había retirado excesivamente montos de las AFP, aproximadamente un 25% del total de fondos, equivalente a casi el 10% del PBI. La cantidad era bastante exagerada, era dinero repartido como para 10 olas de contagios. El incentivo es perverso porque perjudica a quienes plantea beneficiar, además de que genera efectos intergeneracionales: diversos hijos deberán mantener a sus padres”, apuntó Tuesta.
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Jorge Guillén, profesor de Finanzas de ESAN, también indicó que la propuesta del Ejecutivo resulta un “candado” conveniente ante la incertidumbre sobre la eventual intervención estatal en estos fondos de capitalización individual.
“De no realizarse ese ajuste, iban a darse varias salidas de los saldos de los fondos por el miedo que hay, debido a la incertidumbre política”, comentó Guillén.
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En el sustento de la observación, detallado en 34 páginas, el Ejecutivo explicó que de darle luz verde a la iniciativa legislativa original se tendría más de cinco millones de cuentas sin saldos.
Tuesta explicó que un universo de casi 9,5 millones que existía antes de la pandemia, a la fecha y considerando los retiros anteriores, más de 2 millones de afiliados no cuentan con saldos en sus fondos de AFP.
Guillén agregó que la propuesta legislativa carecía de sustento, pues los vulnerables económicamente entre los afiliados al sistema de pensiones privado solo representan el 7% del total y, a la fecha, ya habrían retirado el total de sus fondos.
Por su parte, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, agregó que con esta contrapropuesta se estaría cubriendo al universo de trabajadores, toda vez que funciona como complemento con la autorización de retiros de los fondos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que se publicó de manera oficial el último viernes 23.
“Hay un complemento. La CTS brindará liquidez de manera facultativa a quienes hoy tienen trabajos formales y la AFP a quienes no están en planilla, al menos, desde hace tres meses”, explicó Carrillo.
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Para Tuesta, sin embargo, el Ejecutivo debió de reducir el monto de S/17.600 y considerar en su lugar un monto relacionado al salario mínimo o el promedio, además de dosificarlo en partes considerando los estragos de las diferentes etapas de la pandemia.
“El Ejecutivo está cediendo bastante terreno. Ahora, el Congreso tiene entre sus opciones tomar esta propuesta o ir por la insistencia. Considero que si no acepta esta propuesta, serían totalmente obtusos, pues el informe es contundente con sus razones”, puntualizó.
Mientras que Carrillo observó que la propuesta del Ejecutivo caería en “saco roto”, considerando el desempeño legislativo de este Congreso.
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