Aun cuando se tiende a medir la eficacia de la gestión estatal a través de la ejecución presupuestal de la inversión pública, esa métrica no asegura que los impuestos de los contribuyentes se traduzcan en intervenciones de impacto.
El Ministerio de Economía y Finanzas creó hace unos años un esquema de incentivos que premiaba al gobierno regional con mayor ejecución presupuestal y reiteradamente Áncash lideraba el ránking.
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Lamentablemente, esa mayor ejecución no se tradujo en mayor bienestar para la población, y peor aún su gobernador regional fue sentenciado por corrupción. En general, la eficiencia del gasto es fundamental, ya que la limitada disponibilidad de recursos es una condicionante real. Sin embargo, esto último no puede ser la excusa para justificar la incapacidad estatal para mejorar la calidad de los servicios que presta.
Resulta paradójico que las regiones más ricas en recursos naturales y que han recibido enormes transferencias fiscales se ubiquen entre las que exhiben brechas sociales persistentes. Más aun, no tiene lógica exigir un mayor pago de tributos a las empresas mineras, cuando el Estado ha sido incapaz de utilizar la renta generada con eficiencia, transparencia y efectividad.
La responsabilidad en la prestación de educación y salud recae principalmente en los gobiernos subnacionales y estos no han logrado dotar de servicios de calidad a la población. Antes de empoderar aún más a las regiones como pretende el presidente Castillo, sería prioritario abordar las falencias de una descentralización incompleta que no ha logrado estar más cerca de los peruanos que con legitimidad se sienten marginados.
Desde el inicio de la bonanza de las materias primas en el 2004, la renta minera ha aportado una enorme cantidad de recursos presupuestales a los gobiernos regionales y locales por concepto de canon y regalías mineras.
En los últimos 15 años, se transfirieron recursos a las regiones productoras por S/64.000 millones.
Sin embargo, la deficiente ejecución presupuestal no ha permitido que estos recursos se traduzcan en un mayor bienestar ciudadano. La ejecución del canon minero de los gobiernos subnacionales no supera el 70% y se ha venido deteriorando en el caso de los gobiernos locales, pasando de 70,3% a 58,7% en la última década.
Más grave aún, las inversiones públicas financiadas por el canon minero no han tenido un impacto significativo en materia social. Un análisis desarrollado por Videnza Consultores concluye que una mayor asignación de canon per cápita no está correlacionada con mejores niveles de vida, tanto a nivel distrital como regional.
Es así como un mayor canon per cápita asignado a los distritos productores no está correlacionado con mayores niveles en variables como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la pobreza o el ingreso familiar promedio.
Donde sí se encuentra una correlación moderada positiva es en los indicadores de infraestructura, aunque esto no siempre se ha traducido en mejores servicios por deficiencias en su operación.
Desde su inicio hace cerca de dos décadas, la gestión de la regionalización ha adolecido de un déficit de liderazgo político a nivel del Gobierno nacional, discontinuidad en los programas de capacitación, limitada generación de capacidades y la ausencia de un sistema de seguimiento del proceso de descentralización.
Por su parte, la gestión de los proyectos de inversión pública financiados por el canon no ha tenido el impacto esperado por el déficit de personal calificado, la falta de planificación y visión de largo plazo, la limitada capacidad de gasto por la complejidad de los sistemas administrativos del Estado, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la incapacidad de la contraloría para intervenir oportunamente.
Esta problemática se ha acentuado más por la mal entendida autonomía en el uso de los recursos del canon y regalías que es utilizada por las autoridades subnacionales para ejercer mayor discrecionalidad en el manejo de recursos que consideran “propios”, y que rehúyen cualquier intento de reforma so pretexto de estar socavando su autonomía.
La agenda pendiente debiera priorizar el lograr un mayor impacto social en las zonas de influencia minera. Para ello se podría avanzar en ámbitos menos controversiales como i) fortalecer la planificación prospectiva del desarrollo territorial, articulando las intervenciones de los tres niveles de gobierno; ii) propiciar la migración a modelos de ejecución inversión pública más eficientes y transparentes; iii) redefinir el rol del sector privado yendo más allá de la construcción de la obra pública para enfocarse en la provisión de servicios de calidad; y iv) avanzar en el sistema de seguimiento y monitoreo del gasto público que haga más transparente la eficiencia del gasto creando incentivos para ejecutar mejor.
Para que todo esto suceda debe darse un diálogo al más alto nivel para reducir la resistencia al cambio ante la percepción de estar restándole autonomía a los gobiernos subnacionales. Así, se avanzaría en atender con efectividad las legítimas demandas de la población con acciones que pueden ser alcanzables y menos retórica y confrontación que hoy en día abundan.
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