Tras las necesarias reformas iniciadas por el gobierno, la deuda que se tiene con la sociedad peruana en materia de salud debe dar pie a una nueva reforma que impacte decididamente en el bienestar de la población: un cambio estructural en la forma en que el estado aborda la salud pública.
Hasta ahora, el conjunto de esfuerzos aislados que las diferentes administraciones de salud pública del país han venido desarrollando con mayor o menor competencia y éxito no han derivado en una mejora tangible ni sostenible del bienestar de la población en cuanto a prevención y recuperación de sus problemas de salud, maximizando sus años de vida saludable, que finalmente debe ser el objetivo medible a alcanzar.
En su lugar tenemos asegurados desencantados, cuando no afectados, por la baja calidad de la atención que reciben. Los pacientes de la Salud Pública se enfrentan a los múltiples efectos de un número pequeño de limitaciones que restringen la capacidad del sistema de poder rendir en todo su potencial para proporcionarles de la mejor manera el bienestar en salud al que ellos aspiran desde hace buen tiempo.
Son conocidas la necesidad de reducir tiempos de programación de citas y cirugías, la demanda por más camas hospitalarias, el clamor por resolver el hacinamiento en las emergencias, la falta de medicamentos e insumos médicos, la poca disponibilidad de equipamiento médico en condiciones y la precariedad de las instalaciones, entre otras fallas de servicio igualmente graves.
La buena noticia es que la acción puede centrarse en pocas iniciativas concretas claramente identificadas, más allá de lo inmanejable que parece a la población estar inmersa en numerosas situaciones indeseables que perjudican su recuperación.
Lo primero es llegar pronto y de manera proactiva al ciudadano a través de un primer nivel de atención cercano y proactivo, que para ser desarrollado hoy requiere de un shock de inversión; esto es posible si pensamos en él/ella, su familia y comunidad, como el centro de los esfuerzos y las inversiones. Éste, sin embargo, se perdería si no lo dirigimos hacia estructuras, procesos y personas organizadas de forma que lo aprovechen de manera óptima.
No se puede seguir pensando sólo en pequeño ni en el aquí y ahora que perenniza la ineficacia en proporcionar bienestar en salud, el objetivo de partida. Aunque hay que actuar sobre lo urgente para mitigar los efectos indeseables de hoy, esto no puede ser todo lo que se hace por la salud. Crear redes macrorregionales integradas bien dotadas que, por su escala y capacidad, podrán brindar salud de forma más efectiva es un imperativo que compromete a dejar de lado visiones más estrechas y localistas para unir esfuerzos que den de una vez los resultados tan esperados.
Estas no funcionarían si, a la vez, no se adoptan prácticas y tecnologías probadas que permitan tiempos más cortos, atenciones más eficaces y decisiones más oportunas y acertadas para el bien de pacientes que confían su historia médica a los doctores que los tratan, información que luego puede usarse para identificar como ayudar a los grupos poblacionales en riesgo. La indeseable corrupción no sólo debe ser combatida en los servicios brindados y en la adquisición y distribución de medicinas y otros insumos, sino que debe ser evitada en su origen mediante procesos diseñados a prueba de ella, a través de una central nacional para todas las compras de salud, con las mejores prácticas logísticas, y los más rigurosos controles y supervisión.
Es con una estructura ordenada, con la claridad que daría, en cada subsistema de salud, la especialización efectiva de las funciones de aseguramiento y prestación, con un MINSA reafirmado en su rol rector pero no de gestor, evitando conflictos de interés, que la salud en el Perú progresará.
Y es en el seno de esta estructura bien gobernada y financiada que se podrán discutir otros temas que ocupan y preocupan, pero no son la esencia del despegue que necesitamos: inversión pública y/o privada en salud (ambos modelos funcionan bien si se aplican bien y donde corresponde: las redes); si alguna institución de salud debe o no pertenecer al ámbito de algún ministerio u órgano del estado (MTPE, FONAFE, SERVIR).
Es clave alinear los esfuerzos del estado, la empresa privada, los trabajadores del sistema de salud y la población usuaria para emprender y gestionar exitosamente este cambio, comprometiendo al país en esta reforma fundamental y tanto tiempo postergada. La tarea no es fácil, pero desde ya estamos en deuda con las generaciones futuras del Perú que merecen disfrutar de la mejor salud que podamos ofrecerles.
(*) Gabriel del Castillo es director de la maestría en Supply Chain Management de Pacífico Business School.
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