La inflación estaba tardando en ceder pero esta mostró –por fin– una reducción importante en junio, de 7,9% a 6,5% en Lima Metropolitana. A pesar de ello, la inflación ya lleva dos años fuera del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), tras choques internacionales como las políticas monetarias ultraexpansivas registradas en economías desarrolladas o el conflicto entre Rusia y Ucrania, y factores locales como el desabastecimiento temporal producto de conflictos sociales o las lluvias. Todo ello impactó particularmente en los precios de alimentos, generando lo que conocemos como inflación alimentaria.
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Aunque la inflación nos afecta a todos, cuando esta es arrastrada por los precios de los alimentos, los más perjudicados tienden a ser los más pobres. Esto se debe a que este grupo destina una mayor proporción de su gasto a la alimentación. En el Perú, esta proporción es de 49% y 52%, en promedio, para los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, respectivamente. En contraste, los hogares no pobres ni vulnerables destinan en promedio el 28% de su gasto a este rubro. Por ello, exploramos cuán variados han sido los efectos de la inflación según la condición de pobreza.
En los años previos al 2021, la inflación se mantuvo por lo general baja y dentro del rango meta de inflación del BCR. Así, entre el 2010 y el 2021 la inflación fue en promedio menos de 3% para los diferentes grupos de la población, sin mostrar distinción según condición de pobreza. Ante la inflación, los peruanos éramos relativamente iguales. Sin embargo, desde el 2021, la inflación se ha convertido en un factor que perjudica con mayor intensidad a los más pobres. Así, mientras la inflación experimentada por un hogar no pobre ni vulnerable entre el 2021 y lo que va del 2023 fue en promedio 7% anual, esta se ubicó en más del 9% anual para un hogar en condición de pobreza. Esta mayor exposición a la inflación de los grupos más pobres se registra a lo largo de los 24 departamentos del país.
Al revisar los datos de cada departamento, observamos diferencias muy marcadas entre los grupos. El caso más saltante se da en el departamento de Cusco, donde la diferencia del impacto de la inflación entre no pobres ni vulnerables en comparación con los pobres extremos alcanzó los 17 puntos porcentuales en enero, donde se tuvo como agravante los efectos de las protestas de inicios del 2023. Esto es, si los cusqueños en promedio enfrentaron una inflación de 16% en dicho mes, los cusqueños en condición de pobreza extrema enfrentaron una inflación de 29%. Una pérdida de poder adquisitivo considerable.
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Otro caso se registra en Piura, donde la diferencia entre las inflaciones percibidas entre los no pobres ni vulnerables y los pobres extremos alcanzó los seis puntos porcentuales en mayo del 2023, poco después de que el ciclón Yaku afectara la producción y abastecimiento de alimentos en la región. Un motivo importante detrás de estas diferencias es que, en Cusco y Piura, las personas en condición de pobreza extrema destinan el 61% y 51% de su gasto a alimentación, respectivamente.
El caso de Piura, además, brinda un preámbulo de la incidencia del fenómeno de El Niño, que ya anteriormente ha tenido efectos sobre los precios de productos de primera necesidad. Al aumento de precios se sumarían las potenciales pérdidas de las familias, sobre todo aquellas más vulnerables asentadas en zonas riesgosas, por ocurrencias de inundaciones y huaicos.
En ese marco, los esfuerzos del BCR se han centrado en aminorar la duración del incremento de precios dentro de lo posible. El BCR no ejerce total control sobre la inflación en el corto plazo, pero su credibilidad ayuda a que, a pesar del incumplimiento de la meta, los resultados en el Perú sean mejores que en países vecinos. Así, mientras países como Colombia y Chile cerraron el 2022 con tasas de inflación de 13,1% y 12,8%, respectivamente, el Perú lo hizo con una tasa de 8,6% y el sol fue considerado una de las monedas más estables de la región.
Es oportuno reflexionar sobre cómo el mandato de preservar la estabilidad monetaria no solo nos beneficia a todos, sino que protege más a los más pobres. En la práctica, la estabilidad contrarresta las consecuencias negativas de la precarización del empleo y la inseguridad alimentaria, constituyendo una suerte de seguro contra la pérdida de poder adquisitivo para la población más necesitada. Por ello la inflación se conoce como el “impuesto a los pobres”. Minimizar este impuesto es un logro de política monetaria, en especial cuando la inflación es tan baja y estable que no forma parte de la conversación del día a día. Lamentablemente, de cara a un inminente fenómeno de El Niño, aún no parece ser el momento de dejar de hablar de este duro impuesto.
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