Ante el impacto del alza de la inflación sobre los peruanos en situación de vulnerabilidad, la respuesta del Poder Ejecutivo no ha sido la más eficaz. Este primer diagnóstico de la reciente mesa redonda organizada por El Comercio y APOYO Consultoría llevó a determinar la necesidad de revisar las políticas públicas orientadas a dicha población.
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Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de APOYO Consultoría y moderador de la mesa, comentó que el alza en casi dos años ha llevado a un incremento considerable del valor de la canasta básica alimentaria.
“El alza de alimentos ha hecho que el costo de la canasta básica alimentaria familiar en promedio pase de S/760 en diciembre del 2020 a S/905 en la actualidad. Esto en un contexto donde, producto de la situación económica del país, resulta difícil que los salarios acompañen este incremento”, sostuvo.
“Debemos entender que esta es una crisis global que viene de afuera. Como política pública, debemos asumir que va a seguir estando [el escenario inflacionario]”.
El impacto
Javier Escobal, investigador principal de Grade, recordó que el alza de la inflación se produce en momentos de alta vulnerabilidad tras el golpe de la pandemia. “El impacto del ‘shock’ de precios ha sido el equivalente a una caída de entre 5% y 10% de la capacidad adquisitiva de quienes están alrededor de la línea de pobreza”, comentó.
Durante su participación en la mesa redonda, Escobal también indicó que si la inflación durante el 2021 hubiera estado entre 1% y 3%, la tasa de pobreza hubiera sido dos puntos menor. “No se trata de una crisis de falta de alimentos, sino es una crisis de acceso. Esto resulta central al momento de evaluar cómo se alinean las políticas públicas. Lo que tenemos es que este mayor ‘shock’ de costos le pega a hogares vulnerables con un rostro distinto: sector formal que ahora es informal, mujeres que perdieron empleo, entre otros”, sostuvo.
“Este mayor ‘shock’ de costos le pega a hogares vulnerables con un nuevo rostro: el sector formal que ahora es informal o mujeres que perdieron el empleo”.
La respuesta
Paola Bustamante, directora de Videnza, recuerda que la acción central del Gobierno ante este escenario ha sido la entrega de bonos. No obstante, esta ha sido a destiempo.
“Existe mucho tiempo entre el anuncio del bono, la decisión de pagarlo, la entrega y la oportunidad para el consumo. Las personas tienen problemas de acceso a recursos hoy, pero el bono ha estado llegando entre 8 y 10 meses después”, recalcó.
“Debemos tener en cuenta que no estamos frente a una crisis de oferta, sino de acceso. Es necesario que las familias tengan recursos”.
Una segunda acción fue orientada a las ollas comunes. Sin embargo, en este frente resaltó situaciones adversas dado que en su mayoría no están formalizadas. “Ante ello, Qali Warma entregó canastas a los niños. En plena pandemia, era necesario hacerlo. Hoy necesitamos que los niños puedan comer en la escuela, porque la pequeña canasta la distribuye entre toda la familia”, agregó.
Y, para no descuidar la liquidez en el resto del hogar, Bustamante centró su atención en los programas temporales de empleo en la zona urbana. “Ollas comunes, Qali Warma y empleo temporal son las tres líneas a la que debería apuntarse”, explicó.
Para reducir el impacto de la inflación, Javier Escobal también apuntó al sistema de sobretasas arancelarias a productos como el maíz amarillo o el arroz, dado que no protegen a los productores y elevan los precios al consumidor.
Además, sugirió revisar la competitividad entre los mayoristas para evitar alzas en costos de la cadena.
Desde el lado privado, para Malena Morales, vicepresidenta de asuntos corporativos de Alicorp, la gran apuesta es desde dos frentes. El primero es la eficiencia para poder ofrecer un portafolio variado que atienda al consumidor en momentos de altos precios. El segundo es articular esfuerzos con el sector público.
“[Desde Alicorp] decidimos asumir un compromiso de cara a las ollas comunes para apoyar su sostenibilidad en el largo plazo. En adelante, desde el sector privado, debemos seguir trabajando y articulando con otros actores sociales”, detalló.
“Desde el sector privado, tenemos que seguir trabajando en la productividad y eficiencia para poner a los consumidores al centro”.
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