Cuando el Congreso insiste en aprobar una norma que requerirá alrededor de S/42 mil millones para ser implementa, da la impresión que la cifra no está siendo del todo dimensionada. Este monto no es módico, pues representa cerca del 21% del presupuesto del sector público para este año.
En el debate de la Comisión de Economía la semana pasada en el cual se terminó aprobando por insistencia (y rechazando las observaciones del Ejecutivo) el proyecto que plantea la devolución del dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), los parlamentarios decidieron de manera consciente –una vez más– pasar por alto que el Congreso no cuenta con iniciativa de gasto. Los S/42 mil millones equivalen a seis veces más de los S/6.684 millones que recaudó el fondo.
MIRA: Devolución de aportes al Fonavi representa cerca del 21% del Presupuesto del Sector Público
Incluso, se propuso en algún momento del debate que el Estado podría emitir bonos en los mercados internacionales para conseguir los recursos necesarios en aras de cumplir con el pago a los exfonavistas. Podríamos endeudarnos, sí. Pero el manejo de cualquier operación de este tipo requiere de que el Perú hile fino para no afectar la estabilidad económica y/o la calificación de crediticia del país. Nadie niega la devolución, pero debe ser materia de discusión técnica si se decidiera emitir bonos por esta causa. Los bonos son deuda, y las deudas del Estado se pagan con las contribuciones de los ciudadanos. Además, habría que pensar con mayor profundidad el precedente que esta idea crearía, pues no sería sostenible plantear emisiones de deuda por temas que aunque sean justos, no se encuentren presupuestados.
Por otro lado, el proyecto del Congreso incluye los aportes de los exfonavistas, de los empleadores y del Estado. No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) determinó en 2018 que la devolución solo incluiría los aportes del trabajador y excluyó a los que ya han sido beneficiados con recursos del Fonavi. De hecho, existe otra demanda en curso ante el TC y si la norma se llegara a aprobar en el Pleno, bastaría con que el Tribunal resuelva la demanda ya en proceso, sin necesidad de que el Ejecutivo presente una nueva.
Dicho todo lo anterior, ¿por qué insistir y con qué objetivo? La norma debe ser aún discutida y votada en el Pleno, pero antes de que esto suceda, sería importante que el Legislativo revise y discuta el proyecto enviado por el Ejecutivo sobre la materia en aras de llegar a un punto medio. A dos años de haber iniciado la pandemia, nos encontramos aún en recuperación. No se trata solo de que tan viables son los proyectos o iniciativas que se impulsan, sino de las intenciones detrás de quienes los promueven, y siendo este un año electoral, lo correcto –aunque no popular- sería ser menos bulliciosos y más responsables.
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