El año pasado la brecha en infraestructura en el país superó los S/363.000 millones, mientras que la inversión privada se contrajo 16,5%. Aunado a ello, en los últimos cinco años la inversión en infraestructura mediante asociaciones públicas – privadas (APP) se contrajo 88%.
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Según la base de datos de participación privada en infraestructura (PPI) 2020 del Banco Mundial (BM), la caída se explica porque después de invertir US$21.179 millones en el periodo 2011 – 2015, el Perú registró apenas US$2.588 millones invertidos entre el 2016 y 2020, por lo que tuvo la caída más pronunciada entre las 22 economías analizadas de América Latina y el Caribe (ALC), que en promedio registraron una contracción de 59%.
Si bien, esta caída es mayor a la de Brasil, y a la de nuestros socios en la Alianza del Pacífico, es decir, a México y Colombia, el Infrascopio 2019 coloca al Perú como uno de los principales países de ALC con mejor entorno para las APP, ubicándose solo detrás de Chile y empatando con Colombia.
NÚMEROS QUE PREOCUPAN
Frente a los números revelados por el organismo multilateral y tomando en cuenta lo señalado por el Infrascopio, para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) estas cifras evidencian una situación muy preocupante.
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“La disminución de las inversiones por APP en Perú muestra que, pese a la madurez alcanzada en clima de inversiones y negocios y financiación, existen factores que requieren atención inmediata si no queremos perder participación en el mercado de ALC”, afirma Yovanna Ramírez, jefa del Área Económica del gremio empresarial.
Para ello sugiere destrabar los procesos de formulación y evaluación de las APP, más aun cuando tenemos iniciativas privadas que se mantienen en evaluación por más de siete años, como es el caso del encargo recibido por ProInversión en el 2013 para la adjudicación de los hospitales de EsSalud en Chimbote y Piura, pero que todavía no han sido transferidos.
Tal como refiere la economista, lo sucedido con ambos centros de salud se convierte en una clara muestra de que el país ha perdido fuerza en la adjudicación de proyectos APP en el último quinquenio.
“Si nos comparamos con México, por ejemplo, el quinquenio pasado no estábamos tan lejanos a dicho país, pero en los últimos cinco años apenas logramos el 11% de las adjudicaciones totales que registraron. De otro lado, Colombia, con el que empatamos en el Infrascopio en el segundo lugar de la región con mejor entorno para las APP, si bien ha registrado una ligera caída, todo parece indicar que esa fortaleza les rinde más que a nosotros”, señala.
Y pese a ser –como refiere el Infrascopio– uno de los países de la región con las mejores condiciones para invertir, Yovanna Ramírez sostiene que hemos perdido fuerza y, por eso, ahora estamos captando menos inversión que antes.
“El entorno para las inversiones es un factor importante para atraer inversionistas. Pero, no siempre se logra atraer suficientes postores calificados. Hace poco, el concurso del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, un proyecto que lleva años y que fue declarado de interés en el 2015, se declaró desierto porque solo hubo un postor calificado y no se dieron las condiciones para atraer más inversionistas. Estas demoras solo perjudican a la población”, añade.
MEJORAS A LA VISTA
Considerando –como señalan en AFIN– que con un gasto en inversión pública de 4% del PBI, como en el 2020, los recursos son “evidentemente insuficientes”, y en aras de mejorar la competitividad del país como destino de inversiones en infraestructura para cerrar la brecha pendiente, el gremio empresarial recomienda simplificar los procesos para sacar adelante los proyectos que están en ProInversión.
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¿Cómo? Mejorando la transparencia y rendición de cuentas para atacar a la corrupción. “Una ventaja de las APP frente a la obra pública directa o a través de la modalidad gobierno a gobierno es que no presiona de la misma manera a la caja fiscal, porque no demanda todos los recursos al mismo tiempo, y además los riesgos son compartidos con el sector privado”, afirma Yovanna Ramírez.
Explica que de hacerse obras públicas y convenios de gobierno a gobierno (G2G), las brechas no podrán ser reducidas o cerradas por las limitaciones fiscales existentes. En ese sentido, señala que es indispensable ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura y los proyectos que fueron priorizados. “Esa es una señal importante para los inversionistas”, anota.