Como están las cosas hoy, la gran mayoría de peruanos no contará con una pensión cuando alcance la edad en la que el cuerpo ya no les dé para generar ingresos de manera consistente. Esta inseguridad económica pondrá a muchos en un riesgo grande de pobreza, y a los que no en la penosa situación de que después de haber trabajado toda una vida lleguen a una vejez en la que no puedan hacer mucho más que cubrir sus necesidades básicas.
No hay sistema más individualista e injusto que ese que deja al 70% de la PEA a expensas de sus propios medios y decisiones para solventar su vejez, y la solidaridad que existe es principalmente dentro de las familias (de hijos a padres).
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Una reforma, por lo tanto, es imprescindible. Ha habido intentos serios en los últimos años que no progresaron por la falta de interés del gobierno y el poco consenso entre los actores del sistema. Ahora una comisión especial del Congreso está proponiendo una nueva reforma de la que hasta el momento se sabe muy poco, pero aún así da lugar a preocuparse mucho.
Lo primero es la opacidad. Ya se ha anunciado que este mes se enviará al pleno del Congreso un proyecto de ley con la reforma para su aprobación (aunque luego se dijo noviembre). Sin embargo, al momento de redactar este texto aún no se sabía el detalle de en qué consistirá esa reforma. ¿Qué pasará con los ahorros previsionales de los peruanos que hoy aportan? ¿Cómo piensan lograr que más peruanos puedan tener pensión? ¿Cuál será el costo?
Si se quieren aumentar las pensiones, el dinero tiene que venir del ahorro individual, del fisco, de otros ahorristas o de las empresas. No hay más opciones. ¿Cómo se distribuirá esa carga? Una reforma de pensiones que busque ampliar cobertura y/o mejorar beneficios inevitablemente implicará o una mayor una carga sobre todos los que contribuyen, o una mayor carga sobre un grupo en particular. Acelerar una reforma que implica cargar costos grandes a diferentes grupos de la sociedad sin una discusión transparente y detallada sobre alternativas de cómo distribuirlos es profundamente antidemocrático y antitécnico.
PUNTOS A CONSIDERAR
Cualquier propuesta de reforma tiene que cumplir dos requisitos básicos para siquiera ser considerada: no empeorar la informalidad y ser viable fiscalmente. De lo poco que se sabe de esta propuesta, hay muchas dudas de si los cumple.
La disfuncionalidad de nuestro mercado laboral es la razón de fondo por la que los sistemas que tenemos hoy no logran una cobertura y pensión aceptable.
Como se puede observar en los gráficos, con una frecuencia de aportes alta (80% en el ejercicio mostrado), la tasa de reemplazo (pensión como porcentaje del salario promedio) en el Perú sería la más alta en comparación con otros sistemas de capitalización individual. Pero por causa de la prevalencia del empleo informal, alrededor de la mitad de los aportantes del sistema privado de pensiones no aporta con la suficiente frecuencia como para lograr una pensión aceptable. En el caso de la ONP, un estudio del FMI estima que casi 60% de los aportantes no tendrá una pensión por no cumplir la regla de número mínimo de aportes.
Cualquier cambio en el sistema que reduzca los incentivos a la formalidad va empeorar aún más el problema de fondo y va a hacer que el sistema de pensiones se siga mordiendo la cola. Aumentar las contribuciones de empleados o crear nuevas contribuciones a cargo del empleador son medidas que pueden generar el mismo efecto que un impuesto a la planilla, y por lo tanto penalizar el empleo formal. La reforma propone nuevas contribuciones a cargo del empleador –más impuesto a la planilla– y eso es algo que prácticamente no se ha discutido.
Por otro lado, se pretende cambiar de un sistema basado en ahorro individual a uno basado en ahorro colectivo para redistribuir aportes de afiliados y garantizar una pensión mínima. Este tipo de fondos colectivos son vulnerables al desfinanciamiento, porque existe una tentación política grande de aumentar la pensión garantizada sin aumentar contribuciones, no reducirla cuando por una combinación de demografía (menos jóvenes, más pensionistas y mayor longevidad) y bajos retornos el fondo no alcanza para cumplirla, o relajar las reglas mínimas para acceder a ella. Esto produce el riesgo permanente de generar un pasivo oculto que solo pueda ser cubierto con recursos del tesoro público. La poca visibilidad de ese pasivo y la materialización de su costo en el futuro son la receta perfecta para que cada gobierno de turno lo vaya agrandando hasta que toque pagarlo y nos explote en la cara.
Nuevamente, esto tampoco se ha podido discutir porque la comisión no ha compartido información.
Por la forma como se está conduciendo la comisión del Congreso, los peruanos podríamos despertar una mañana y enterarnos de que nuestros aportes previsionales ahora van a un fondo colectivo con reglas que no conocemos, administrados por una entidad nueva sospechosa de ser vulnerable a la injerencia política, y una duda enorme sobre si realmente nuestro dinero se usará para pagarnos una mejor pensión. Eso que hoy suena a pesadilla puede ser realidad pronto.
*El autor asesora a la Asociación de AFP en políticas públicas.
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Retiro anticipado de pensiones, respiro para familias y economía de Chile. (AFP).
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