IPE: Gasto público en remuneraciones se incrementó 81% en los últimos 15 años

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El IPE revisa los principales retos para el 2025 a una semana del término del 2024. La satisfacción con los servicios públicos se redujo casi a la mitad y el Congreso aprobó leyes con un impacto fiscal de al menos S/ 57 millones.

El IPE estima que se incumplirán las metas fiscales vigentes cuatro años consecutivos ( 2023-2026 ), lo que hace altamente inviable la trayectoria de consolidación fiscal. Sincerar las proyecciones de ingresos y gastos es clave para evitar un mayor deterioro de la institucionalidad fiscal que pueda afectar el grado de inversión. Se requiere controlar los aumentos remunerativos (+81%), que han liderado los incrementos en el gasto público durante los últimos 15 años.

Su deuda se multiplicó por cinco en la última década y su calificación pasó a ‘substancial riesgo crediticio’ este año. Con grandes brechas sociales por cerrar, resulta irresponsable continuar destinándole recursos públicos. Una solución sostenible para Petro-Perú parte de una mayor participación de capitales privados y una administración eficiente.

En el 2023, las economías ilegales alcanzaron un tamaño equivalente a 4% del PBI y, según una encuesta de Ipsos, es el segundo sector o institución con mayor poder en el Perú en el 2024, detrás del Congreso. La minería ilegal cobra cada vez mayor protagonismo, la asignación de recursos públicos es menor y recientemente se aprobó una nueva ampliación del Reinfo. Así, se requiere de un liderazgo que se refleje en una estrategia integral y acciones concretas para combatirlas.

La satisfacción de los peruanos con los servicios públicos es bastante menor que hace una década. El actual Congreso suma leyes aprobadas con impacto fiscal de al menos S/57.000 millones, incluidos aumentos remunerativos, nombramientos automáticos y exoneraciones que no mejoran esos servicios.

Hacia fines del 2025, la inversión privada podría verse afectada por la incertidumbre electoral. Así, hay por ejemplo mucha inversión privada en juego en el sur. Es necesario entonces promover un entorno propicio para la inversión que permita la generación de empleos de calidad y reducción sostenida de la pobreza.