El bicentenario encuentra al Perú en un contexto de crisis múltiple, con la pandemia aún presente, crisis económica y una ya constante crisis política. Este complejo escenario debe precisamente motivar la reflexión sobre qué ha pasado y qué nos falta para lograr el desarrollo de nuestra agrietada nación. Esto implica delinear una agenda de reformas pendientes que incidan no solo en lo económico, sino, también, en lo político-institucional.
A este fin busca contribuir el proyecto Agenda Bicentenario y el libro que resulta de este: “En búsqueda de un desarrollo integral: 20 ensayos en torno al Perú del Bicentenario”, producido desde el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en el que nosotras también participamos como autoras del capítulo “Retos para una reforma de la institucionalidad política peruana”, cuyas ideas centrales sintetizamos.
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La precariedad organizativa de los actores políticos –partidos y Estado– es el telón de fondo en el que se desarrolla la democracia peruana de los 2000. Al amparo de un crecimiento económico sostenido durante casi dos décadas no hicimos mucho para cambiar el rumbo de la política. Todo lo contrario: El statu quo echó raíces. Una institucionalidad estatal débil, sin partidos organizados, con visiones cortoplacistas y recursos abundantes dieron una receta perfecta para más bien institucionalizar un ciclo político-electoral vicioso en el que, lamentablemente, la corrupción fue una pieza clave.
Los buenos tiempos económicos nos permitieron mirar hacia un lado hasta que un shock externo nos golpeó a fines de 2016: el escándalo internacional de la investigación del caso Lava Jato. A este siguió otro gran destape doméstico: los Cuellos Blancos. Estos eventos abrieron una oportunidad política para discutir más seriamente los componentes de reforma política pendiente en el país.
Esta oportunidad fue aprovechada por el gobierno de entonces que convocó a un grupo de especialistas para conformar la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política (CANRP), que concluyó presentando 12 proyectos normativos para plasmar cambios (constitucionales y legales) que se consideraron urgentes. Conocemos que el proceso que acompañó la discusión y aprobación de estas propuestas estuvo signado por el conflicto entre poderes, limitando, con ello, sus posibilidades y alcances.
Este complejo proceso político permitió, sin duda, avances importantes, pero dejó también fuera una serie de propuestas pendientes. En nuestro texto, realizamos un análisis detallado de los avances realizados, así como de lo que consideramos son los temas imprescindibles que el nuevo Congreso debiera retomar para no dejar inconclusa esta reforma. Destacan la bicameralidad y discutir las reglas para la elección del Congreso; las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; asegurar la representación indígena efectiva a nivel nacional y subnacional; y nuevas reglas para la elección y la fiscalización en los ámbitos regional y local.
Pero nuestro artículo también pretende dar un paso más allá de esta agenda legal. De cara al bicentenario necesitamos comprender que la reforma política pendiente es mayor que una reforma normativa. Una reforma institucional debe ir más allá del necesario pero insuficiente cambio legal.
La reforma debe comprenderse de forma más amplia; no solo con respecto a temas a incluir, sino también aspirando a trascender lo legal para entrar en lo organizativo. Una reforma sostenible en el tiempo requiere también considerar su proceso de implementación, así como reformas paralelas de índole organizativa-administrativa que deben avanzar en simultáneo. Por ello, tenemos pendiente también un cambio de enfoque.
Superar un enfoque limitado al cambio de normas para adoptar un enfoque más integral de reforma del Estado y de la gestión pública. En el capítulo, delineamos algunas recomendaciones para esta agenda mayor de reforma del Estado, que planteamos debatir para hacer realidad la tan ansiada reforma institucional.
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