El presidente de la Cámara Peruana del Atún (CPA), Alfonso Miranda Eyzaguirre, advirtió que las industrias conserveras de nuestro país se verían muy perjudicadas en caso la Comisión de Economía del Congreso apruebe mañana el proyecto de gravar los alimentos sólidos procesados con un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de tasas entre 1% y 150%.
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“Esto dejaría sin trabajo a unos 60 mil trabajadores que en su gran mayoría son mujeres”, manifestó el empresario. Agregó que el ISC es una carga que se pone a los bienes de lujo o suntuarios y no a productos de primera necesidad, como las conservas de pescado.
Miranda Eyzaguirre también comentó que esta medida agudizaría los conflictos sociales, teniendo en cuenta que la pobreza en el Perú ha crecido más del diez por ciento y unos tres millones de peruanos perdieron sus empleos debido a la pandemia del COVID-19.
Además, el presidente del gremio informó que los costos del sector se han visto afectados por el alza internacional de los insumos y el mayor costo del dólar.
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En ese sentido, el titular de la CPA exigió al Estado resolver los conflictos sociales y “no echarle más gasolina a la hoguera de la conflictividad social del país, disminuir la pobreza y promover la creación de fuentes de trabajo”.
Por eso, Miranda invocó a la Comisión de Economía del Congreso dejar sin efecto el mencionado proyecto porque, según él, “atentaría contra los más pobres y la reactivación de nuestra economía”.
De acuerdo al documento de la iniciativa, buscan incorporar a los alimentos procesados sólidos al marco regulatorio y aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo.