Una de las iniciativas “estelares” destacadas por el gobierno de Pedro Castillo es la denominada agenda 19, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que ha recogido, como bien señala su ministra, “los puntos planteados por las centrales sindicales”.
Como se desprende de la cita, la propia ministra reconoce que esta no representa lineamientos en favor de todos los trabajadores, sino de un colectivo reducido –los sindicatos– que apenas representa al 0,5% de la población económicamente activa (PEA) ocupada nacional y al 2% de la PEA ocupada formal. Esta visión dogmática de la “izquierda jurásica” responde solo a las demandas de las fuerzas sindicales, sin reparar que al final se terminará generando más desempleo y construyendo un muro aún más inmenso que seguirá quebrando las aspiraciones de la gran mayoría de peruanos que sueñan con un trabajo formal.
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Aunque esta agenda se quiera vender como medidas en favor del pueblo, el listado de 19 puntos es, en su mayoría, sumamente nocivo para la generación de empleo. Se plantea, por ejemplo, que sea el MTPE el que lidere Servir; que se revisen las políticas y planes nacionales de competitividad; que se reincorpore a los trabajadores cesados del Estado; que se eleven las pensiones de la ONP; que se prohíba la tercerización de servicios; que se incremente la remuneración mínima vital (RMV), entre otros. A este listado, el MTPE añade su intención de permitir el 100% del retiro de los fondos de pensiones –destruyendo las bases para construir una verdadera protección social–, así como duplicar la indemnización por despido arbitrario.
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Este tipo de iniciativas son planteadas sin revisar la abundante evidencia que muestra el daño que puede generar planteamientos como el de este gobierno. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registra que el 75% de la PEA se desempeña en el mercado laboral informal; una informalidad cuyas causas descansan en la baja productividad laboral, la debilidad de nuestras instituciones económicas y en los altísimos costos laborales que tiene el Perú. Veamos, para empezar, el tema de la productividad.
Según datos de The Conference Board del 2021, la economía peruana se ubica en la cola de los países latinoamericanos [ver figura 1]. La productividad promedio de un trabajador del Perú apenas supera el 15% de la productividad de Estados Unidos. Esto, sin duda, se constituye en un reto que requiere acciones con resultados que no serán inmediatos, y que descansan en gran medida en el fortalecimiento del capital humano. Sin embargo, coloca una clara “frontera de realidad” al valor de mercado que tiene el factor trabajo.
El otro gran tema, que interactúa con el anterior, es el de los altos costos extrasalariales para la contratación de un trabajador formal. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [ver figura 2], el Perú es uno de los países donde más cuesta contratar a un empleado en condiciones formales. En efecto, este costo representa el 68% del salario formal y –más deprimente aún– el costo respecto al salario informal es del 104%. Así, si se tiene en cuenta la restricción estructural de la productividad y de los costos de contratación formal, la agenda 19 y demás iniciativas del actual MTPE terminarían por incrementar aún más la informalidad laboral.
Por ejemplo, preguntémonos a dónde nos llevaría duplicar la indemnización por despido de 1,5 a 3 salarios. De acuerdo con el mismo estudio del BID, los costos de indemnización ya representan cerca del 20% del total de costos extrasalariales, y el promedio latinoamericano es del 15%.
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Similar daño podríamos anticipar de un eventual incremento de la remuneración mínima; ya no solo por las condiciones de debilidad pospandemia del aparato productivo, sino también por el hecho de que estructuralmente el ratio del salario mínimo respecto al salario promedio para el Perú, de acuerdo con cálculos de Lavado et al (2021), es de casi el 70%, y es mayor que el de Colombia, Chile y México, países que son grado de inversión como el Perú, y miembros de la Alianza del Pacífico. Y no hablemos ya de la reciente norma que regula la tercerización, que termina poniendo en riesgo a 950 empresas tercerizadoras junto con 100 mil empleos formales.
Es una irresponsabilidad suprema que el gobierno insista en una agenda de normativas laborales basadas en visiones caducas, cuyo sustento desfallece ante la abundante evidencia que la revela como errada y letal para la generación de empleo decente; justo todo lo contrario a lo que el presidente Castillo dice querer lograr. Incrementar los costos extrasalariales para atender las demandas politizadas de fuerzas sindicales que representan un minúsculo porcentaje de la PEA ocupada se convierte en una cachetada imperdonable contra millones de trabajadores en la informalidad y desempleados que claman por una verdadera solución que este gobierno se niega a brindarles.
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