Sindicatos piden S/99 mil millones en negociaciones colectivas, monto final se definirá en junio: ¿cuáles son los escenarios?

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El cierre para realizar estas solicitudes fue en enero pasado y se presentaron 3.605 pedidos con incidencia económica. Estos suman S/99.944 millones en total. El 88% de ese monto se concentra en 3.388 pedidos de entidades descentralizadas, es decir, de gobiernos locales, regionales y ministerios sectoriales, como Salud y Educación.

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A pesar de esto, el Informe Final del Estado de la Administración Financiera del Sector Público, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que el Estado solo tiene un “espacio fiscal” de S/1.002 millones para el 2023, por lo que no podrá atender la totalidad de los pedidos.

“Se entiende que los sindicatos piden lo que ellos consideran justo luego de que pasaran muchos años sin la posibilidad de negociar, pero todo acuerdo al que se llegue debe de considerar la capacidad presupuestaria”, afirmó Bratzo Bartra, gerente de Políticas de Gestión del Servicio Civil.

Según Bartra, hoy los sindicatos están negociando con sus empleadores para ajustar los pedidos a los presupuestos por 30 días. De no llegar a un acuerdo, entrarán en un plazo adicional de otros 30 días para conseguir un trato directo. De no conciliar, deberán elevar el caso –o no– a un arbitraje privado o ante el Ministerio de Trabajo. “Como máximo en junio deben presentar los informes”, añadió.

Reacciones

Según Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, en el pasado se dieron casos de funcionarios que aprobaron negociaciones colectivas sin tomar en cuenta el presupuesto de su entidad y generaron un desequilibrio en ellas. Advirtió que por el contexto electoral venidero podrían tomarse decisiones políticas al respecto. “Como no hay reelección, los funcionarios pueden aprobar las negociaciones y el problema será para la gestión entrante en el 2023″, indicó.

De darse estos casos, los funcionarios o exfuncionarios podrían ser sancionados administrativamente. “Esto llevaría a que se abran procesos disciplinarios a quienes suscriban el convenio. Las entidades saben cuáles son sus límites presupuestales, por lo que el incumplimiento acarreará una responsabilidad funcional”, indicó Shirley Quino, abogada laboralista del estudio Payet.

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“El convenio colectivo una vez suscrito tiene fuerza de ley, por lo que los colectivos podrían exigir su cumplimiento. Esto es una consecuencia que los funcionarios encargados [de decidir las negociaciones] deben tomar en cuenta”, añadió.

En tanto, Juan José Martínez, experto en gestión pública y expresidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), añadió que también hubo casos en los que los arbitrajes privados fallaron en contra del Estado en negociaciones colectivas. “El gran riesgo es que los árbitros no respeten este tope y aprueben mucho más que lo permitido por el presupuesto. Las entidades no podrían pagar”, afirmó.

Martínez sugirió que para evitar este tipo de inconvenientes el Congreso podría plantear una ley que establezca un tope de los pedidos que pueden realizar los sindicatos y centrales de trabajadores de las entidades públicas. “Es el primer año en el que se aplica la nueva ley y mira los montos que se están pidiendo. Esto puede ser corregido con una ley”, indicó.

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Al respecto, Toyama aseguró que lo ideal sería establecer límites a través de una ley, pero que la política actual del Gobierno y del Congreso no lo haría posible. “La conformación del Congreso y la posición del Gobierno impedirían la evolución de una norma de negociación colectiva tan pronto”, remarcó.

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