El miércoles de la semana pasada, el Banco Central de Reserva aprobó la metodología para calcular la tasa de interés máxima para créditos otorgados por entidades financieras. En otras palabras, cumplió con una ley aprobada por insistencia en el Congreso y contra la opinión técnica de la autoridad monetaria, la SBS, el Ministerio de Economía y casi la totalidad de especialistas financieros consultados.
El banco, por supuesto, no lo hizo en silencio. En un comunicado expresó su preocupación ya que la medida excluirá del sistema formal a muchísimas personas y afectará al 25% de los créditos otorgados actualmente, principalmente los que brindan entidades especializadas en microfinanzas y por montos menores a S/4.400. Además, reiteró que la ley del Congreso no es adecuada para el fin que pretende alcanzar.
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En paralelo, el Ejecutivo envió una demanda al Tribunal Constitucional para que la validez de la norma sea revisada. Los motivos: vulnera la libertad de empresa, la libre competencia, la libertad de contratar y la obligación constitucional del Estado de garantizar el ahorro.
¿Y cuál fue la respuesta del Congreso? El principal promotor de la ley, el parlamentario de Podemos Perú José Luna Morales, acusó al presidente Francisco Sagasti de “lobbista” y de querer “cuidar el bolsillo de sus patrones”. Sobre las advertencias del BCR, no hubo ni una palabra. Tal y como en todas las normas populistas aprobadas hasta ahora, a nadie en ese poder del Estado le importó su viabilidad o consecuencias.
Un día más tarde, la Comisión de Economía del Legislativo decidió ignorar las observaciones del Ejecutivo para limitar el retiro de hasta S/17.600 de las AFP solo para aquellos que hayan dejado de aportar en los últimos tres meses. No se detuvieron a revisar los motivos para tal observación, mucho menos a considerar que más de 5,4 millones de personas quedarán con sus cuentas previsionales vacías. Atendieron dos pedidos del Ejecutivo para “no dar cabida” a que recurran al Tribunal Constitucional y votaron de forma unánime para insistir en los retiros para todo el mundo.
El viernes, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, advirtió que si se aprueba por insistencia la propuesta para habilitar retiros generales de las AFP recomendarán acudir al Tribunal Constitucional. También alertó sobre los riesgos que traen las “malísimas” normas promovidas por el Poder Legislativo (“si no las observamos, no habría presupuesto que las aguante”, dijo) y adelantó que recurrirán al Tribunal por el tema de los trabajadores CAS, las contribuciones del Fonavi y otras leyes que se aprueben por insistencia.
Todo eso ocurrió en apenas tres días, pero ha sido la misma dinámica durante todo el último año. Hasta ahora, el Congreso cuenta con tres sentencias en contra en el Tribunal Constitucional y podría terminar su gestión de dieciséis meses con ocho de ellas. Todo un récord. Creer, sin embargo, que esta irresponsabilidad legislativa acabará en julio no es algo en lo que depositaría mis esperanzas.
Según un informe publicado en este Diario, el Congreso que viene tendrá hasta 18 facciones pues incluso dentro de las bancadas existirán bandos con visiones distintas. Del total de congresistas electos, además, el 47% se inscribió al partido que representarán en los dos meses previos a la fecha límite y el 28% no tiene afiliación alguna. Con eso, el comportamiento del nuevo Congreso será, cuando menos, impredecible.
En las últimas semanas he leído en redes sociales que para definir por quién votar en segunda vuelta es importante pensar cuál de los candidatos podrá ser mejor controlado por el Legislativo. Con el precedente que tenemos, sin embargo, esa pregunta debería ir también en dirección contraria. Porque si el próximo Parlamento será como el que estamos por despedir, el Ejecutivo deberá tener un equipo que le pueda hacer frente a todas las barbaridades legislativas que están por venir. Y si no es así, que el último apague la luz.
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