El comunicado del directorio de Petro-Perú al Estado para que tome una decisión sobre la situación de la estatal motivó el pronunciamiento de los gremios, los cuales demandan una respuesta rápida del gobierno.
La crisis de Petro-Perú fue generada por una “gestión empresarial politizada”, expresó la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH); por lo que “instó al Poder Ejecutivo a tomar decisiones firmes de manera inmediata, definiendo con claridad la política de Estado que se implementará para abordar, de manera definitiva, los desafíos que enfrenta la empresa”.
Dichos problemas de liquidez, empeorados desde el 2021, han conseguido que el Estado otorgue varios rescates financieros, entre aportes de capital, créditos, etc. En febrero dio una garantía excepcional de US$ 1.300 millones mediante el Banco de la Nación y su constante apoyo “pone en riesgo las finanzas públicas y sus implicancias en la calificación crediticia del Perú”, refirió la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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Pese a ello, la petrolera mantiene sus pérdidas. A junio de 2024 alcanzaron los US$ 452 millones, mucho mayor a lo registrado el mismo mes del 2023 (US$ 380 millones). “Desde la CCL apoyamos las iniciativas del actual directorio de Petro-Perú y hacemos un llamado al Gobierno para que tome decisiones responsables inmediatas que aseguren un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos”, expresó el gremio.
Ante la situación insostenible, el directorio presidido por Oliver Stark, planteó tres salidas: inyecciones continuas de capital, aceptar el quiebre de la empresa asumiendo las consecuencias legales o una reestructuración profunda respaldada en una firma internacional.
En ese sentido, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) consideró “necesario que la empresa pase por una reestructuración financiera con el respaldo de los mejores asesores disponibles en el mercado. Es necesario contar con una firme decisión política y un marco institucional adecuado para que esta reforma sea exitosa”, reconoció.
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La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) también respaldó el comunicado del directorio de Petro-Perú y exhortó al gobierno “a tomar una decisión, en el más breve plazo en línea a las recomendaciones de su directorio”.
Durante este año, las calificadoras Fitch Ratings y S&P rebajaron la calificación crediticia a CCC+ y B, respectivamente, por la “grave crisis de liquidez” y “frágil condición financiera”. En tanto, el ministro de Economía, José Arista, adelantó que no se destinará dinero del presupuesto para “financiar una empresa que está con problemas”.
Para Alonso Segura, exministro de Economía y presidente del Consejo Fiscal, el Gobierno hoy no evidencia una estrategia detrás de Petro-Perú. Consideró que la situación de las finanzas de Petro-Perú es precaria. “Si se han planteado soluciones y no se ha apoyado al directorio, ¿quién va a querer asumir las riendas de la situación de la empresa?”, acotó.
La reunión
Este Diario pudo conocer por diversas fuentes que la reunión que se sostuvo este miércoles sirvió para que el directorio de Petro-Perú profundice sobre la situación de la estatal. Para ello, se ha planteado medidas que, dado la situación crítica de la estatal, deberían ser evaluadas en Consejo de Ministros de la próxima semana. En dicha reunión se conversó sobre la necesidad de un marco legal para continuar con la reestructuración de la estatal, un decreto de urgencia y también salvavidas financieros.
El pronunciamiento y el respaldo de la presidenta Boluarte sería fundamental. Sin embargo, se conoció que mientras se sostenía la reunión en PCM el pasado miércoles, la mandataria sostuvo un encuentro en Palacio con el exministro de Energía y Minas, Óscar Vera; el expresidente del directorio de Petro-Perú, Pedro Chira y el exviceministro de hidrocarburos, Enrique Bisetti.
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