Katherine Soto Torres nació y creció en Carabayllo. De niña, soñaba con ser girl scout, lo que la motivó, de adulta, a fundar el Club de Niñas, un espacio seguro para niñas y adolescentes que, por ahora, funciona en los distritos de Carabayllo y Ventanilla, y tiene la meta de llegar a más distritos. Estudió Sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente estudia Derecho en la Universidad Privada del Norte. Hace cuatro años, perdió a una de sus mejores amigas: Solsiret Rodríguez. Eso la impulsó a fundar la asociación Mujeres Desaparecidas Perú para denunciar ante el Estado la violencia que sufren a diario mujeres y niñas.
¿Es mi impresión o cuando desaparece una mujer suele invisibilizarse el caso?
Sí, totalmente. Recién abrimos una ventana para la visibilización de mujeres desaparecidas a partir de casos emblemáticos, de fuertes hechos de violencia, como sucedió con Jimenita, la niña de 11 años que fue secuestrada en 2018, o con Solsiret, quien desapareció en 2016 — lo que dio pie a la fundación de Mujeres Desaparecidas Perú— y cuyo caso, al inicio, fue invisibilizado. Cuando una mujer desaparece, no sabemos si ha sido víctima de trata, secuestro o, en el peor de los casos, si ha sido víctima de feminicidio. Son varias las variables de violencia que no se investigan desde los poderes formales.
Casi como cuando desaparecían personas durante el conflicto armado.
Es verdad. Y hay casos en los que solo treinta años después los deudos están siendo atendidos por el Estado.
¿No tenemos un número de mujeres desaparecidas al 2019?
Tenemos reportes de la Policía, pero no disponemos de un número exacto, básicamente, porque no existe un registro nacional de información de personas desaparecidas. Y deberíamos tenerlo, pues así lo manda la Ley 28022 que se promulgó en 2003. Esta norma establece los mecanismos para registrar a una persona cuando desaparece, pero no se cumple. ¿A quién sancionamos por eso?
Entiendo que la falta de un registro dificulta la búsqueda y la visibilización del problema.
Ese es uno de los motivos por los que considero que las desapariciones de mujeres también son desapariciones forzadas. Probablemente, aquí algún jurista quiera decirme que no es así, porque, por definición, una desaparición forzada implica una responsabilidad directa de un agente del Estado, como un militar o un policía. Pero yo puedo replicar que la desaparición de una mujer también implica una responsabilidad del Estado al no haber dado una respuesta adecuada para la atención del caso o para la prevención de este. Eso sin contar las múltiples violencias que se ejercen sobre la mujer desaparecida y sobre su familia, al decir “seguro se fue por ahí”. Las mujeres no desaparecemos solas. Nos desaparecen.
Es decir que, cuando desaparece una mujer, el machismo es más fuerte que la empatía.
Por supuesto. Lo que sucede es que, cuando la mujer es víctima, se genera un juicio de valor en el que habla directamente nuestra cultura machista y se justifica la violencia responsabilizando a la mujer de lo que sea que le haya sucedido. En el caso de las desapariciones, lo que le incomoda a la gente, en realidad, es que una mujer esté fuera de su casa. ¿Por qué estuvo fuera?, ¿qué hacía en la calle?, ¿a dónde se iba? Son las preguntas que se hacen y que, de hecho, son juicios, cuyo subtexto es “las mujeres deben permanecer en sus casas porque esa es, en teoría, la única forma de no desaparecer”. Pero esa es solo una forma de reprimir y limitar el acceso de las mujeres al espacio público, y, además, no toma en cuenta que en el hogar es donde más violencia podemos sufrir las mujeres.
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