Fuerza Popular busca auditoría de la OEA: ¿Es viable y comparable con el caso de las elecciones en Bolivia?

El último jueves, un grupo ampliado de políticos que apoyan a Fuerza Popular sostuvo que el gobierno peruano debe recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin de que “se conozca la verdad” frente a supuestas irregularidades en las elecciones del 6 de junio. Uno de los hechos que, para ellos, motiva esta exigencia es la declinación del ahora suspendido integrante del JNE, Luis Arce Córdova.

En conferencia de prensa, el excongresista aprista Jorge del Castillo dijo que el objetivo es “buscar transparencia en nuestra elección”. Además, comparó el contexto con el de Bolivia, donde la OEA realizó una auditoría para sus comicios del 2019.

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“Quiero leer unos puntos: parcialización de la autoridad electoral, detección de irregularidades graves, manipulación dolosa, alteraciones de actas, falsificación de firmas de miembros de mesa [...]. Parece que estuviéramos leyendo lo del Perú y son las conclusiones del informe de la OEA en el caso boliviano. Es el espejo”, aseguró.

Del Castillo estuvo acompañado por Daniel Córdova, exjefe de plan de gobierno de APP, y por los congresistas electos Gladys Echaíz (APP), Adriana Tudela (Avanza País) y Jorge Montoya (Renovación Popular).

Antes, en RPP, Lourdes Flores Nano requirió también la participación del organismo internacional. “¿Cuál es la salida? En mi concepto, solo queda una: que el presidente de la República solicite una auditoría internacional a la OEA y, como en caso boliviano, ese sea el conducto a través del cual se conozca la verdad. Creo que hay que tomar el precedente de Bolivia, creo que ese es el camino para reconducir las cosas”, resaltó la abogada del partido de Keiko Fujimori en sus apelaciones por anular actas electorales.

¿Qué ocurrió en Bolivia?

En las elecciones presidenciales del 2019 en ese país, compitieron el entonces presidente Evo Morales, que buscaba su cuarto mandato consecutivo, y el expresidente Carlos Mesa (otros dos candidatos tenían menos chances). El proceso electoral se llevó a cabo el 20 de octubre, pero dos días después el gobierno de Morales, a través de su Cancillería, invitó a la OEA para una auditoría.

Esto, en atención a un comunicado donde la propia misión de observación electoral del organismo había alertado sobre irregularidades en el conteo. “La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”, señalaba el pronunciamiento público. Los observadores advertían que hubo una sospechosa pausa de 24 horas en la transmisión de los resultados electorales preliminares.

Además, remarcaron que, a las 19:40 p.m. del día de la elección, las cifras “indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión”. “24 horas después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”, sustentó la misión.

Cuando el cuestionado conteo llegó al 98%, Morales aseguró públicamente que había ganado en primera vuelta. Su contendiente Mesa calificó el proceso de ilegítimo y llamó a movilizaciones ciudadanas en contra de un fraude. Las protestas se sucedieron e intensificaron por más de dos semanas hasta la escalada que dio pie a la dimisión de Morales, la cual ha sido calificada como un autogolpe de Estado. La presidencia interina fue ocupada por la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, el 12 de noviembre del 2019. Eventualmente, las elecciones fueron anuladas por el Parlamento.

En su informe final de auditoría, publicado a inicios de diciembre, la OEA concluyó y ratificó sus alertas sobre “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”. Según indicó, se comprobó una paralización intencional y arbitraria en la transmisión de resultados preliminares. Además, denunció otras irregularidades y actos negligentes que enturbiaron todo el proceso.

No es el mismo contexto

En diálogo con El Comercio, el internacionalista Francisco Belaunde resaltó las diferencias con lo ocurrido en Bolivia.

“Allí, la misión de observadores dijo, desde el inicio, que hubo indicios de fraude. Creo que no se puede tomar como antecedente lo de Bolivia. Tomemos en cuenta también que Estados Unidos se ha pronunciado en favor de la transparencia de los comicios peruanos. Estados Unidos pesa muchísimo en la OEA, de modo que activar un procedimiento no solo es entrar en contradicción con su propia misión de observadores, sino también con lo que ese país concluyó”, dijo.

El experto en derecho internacional Daniel Cerqueira también explicó que el caso boliviano no se ajusta el contexto peruano y que la OEA podría negarse a intervenir.

“En Bolivia, la observación de la OEA detectó las irregularidades en su momento. Eso no pasó en Perú. Habría similitud si los observadores hubieran detectado indicios. Además, no se puede buscar reemplazar a la justicia electoral de un país con la OEA. Eso ya trasciende el propio mandato de la organización. No tengo ningún tipo de referencia de un caso así, en el que un partido político busca a este organismo internacional como siguiente autoridad que ‘defina’ un proceso de elección”, indicó desde Washington D.C. el asociado de la Due Process of Law Foundation.

Fernando Tuesta, politólogo y ex jefe de la ONPE, descartó la equiparación de un contexto electoral con el otro. “La OEA, efectivamente, ha tenido experiencias de auditoría en los últimos cinco años en diferentes países y para diferentes tipos de elección. En Bolivia, hubo una con la elección presidencial del 2019, pero allí la función de la misión de la OEA fue el punto de partida para la auditoría. No el punto de llegada. Su misión cuestionó la elección boliviana. Este, el peruano, no es el caso”.

La OEA difícilmente aceptaría

Uno de los alegatos de Fuerza Popular es que el proceso electoral ha quedado “deslegitimado” tras la salida de Luis Arce, el magistrado que representaba al Ministerio Público ante el JNE. En su carta de declinación, Arce sostenía, entre otras acusaciones, que en el tribunal hay “una clara parcialización”.

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Al día siguiente, la abogada Flores Nano refirió que “esta carta [de Arce Córdova] es un golpe devastador a uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento de la justicia en cualquier nivel: la imparcialidad del juez. En consecuencia, el problema es jurídica y constitucionalmente muy grave porque no se trata de que se llame a un suplente, el órgano electoral está golpeado”

Para Daniel Cerqueira, especialista en el sistema interamericano, la declinación de Arce no representa un fundamento de peso para que se exija la auditoría a la OEA. Cabe recordar que la misión del organismo emitió un comunicado el mismo 24 de junio, donde califica de “insólita” la salida del magistrado en medio de procedimientos realizados “con apego a la ley y a los reglamentos vigentes”.

“La renuncia del magistrado Arce ha sido evaluada por la misión de la observación electoral de la OEA bajo el adjetivo de ‘insólita’. Y eso no es menor. No conozco en otra democracia a una autoridad electoral que renuncia a un órgano colegiado en pleno proceso de deliberación. Eso, claramente, genera mucha inestabilidad, pero entiendo que el JNE ya ha tomado medidas para impedir una paralización. Sin embargo, una renuncia es un hecho exclusivamente atribuible a una decisión personal y verla como un argumento de descrédito institucional ya es otro tipo de lectura”, expresó.

El experto en derecho internacional público, Gattas Abugattás, coincidió en que una auditoría sería justificable si la misión de la OEA en el Perú hubiera detectado irregularidades que hagan pensar en un fraude electoral o en una manipulación parcial de votos. No obstante, señaló que nada impide que el gobierno tome la iniciativa de invitar a la OEA y que esta acepte, aunque solo por un gesto de correspondencia y no por necesidad.

“El partido no puede hacer este pedido, como ya lo ha reconocido. Pero sí puede ser el gobierno peruano el que invite a la OEA si cree conveniente o necesaria esa auditoría. Ahora, por mera voluntad política, la organización podría aceptar, pero ya dependerá exclusivamente de ella y no tendría otra razón más que de corresponder a la invitación. Pero si la misión no detectó nada, en principio, no tendría por qué hacer auditoría”, dijo Abugattás.

El politólogo Fernando Tuesta vio muy remota una predisposición de la OEA en aceptar un pedido de auditoría: “La misión que tienen en Perú no ha indicado ninguna irregularidad que dé cuenta de un proceso viciado, sino todo lo contrario. De manera que, un informe final no arrojaría muchas diferencias. Ahora, si lo reflexionamos, ¿la OEA se va a involucrar en una aventura de esta naturaleza si todas las misiones internacionales han dicho que no hay nada extraño? ¿Y qué harían? ¿Cambiar a su misión de observadores? No digo que no se la pueda invitar, pero no hay precedentes ni condiciones que amparen el pedido”.

Cerqueira incluso prevé un rechazo de la OEA ante una hipotética solicitud formal: “En general, cualquier país miembro de la OEA, gira un oficio a través de la Cancillería a la oficina de la secretaría general. En este supuesto, un tanto atípico, yo considero que la respuesta sería negativa porque no hay posibilidad jurídica de que la OEA reemplace a una autoridad judicial electoral interna. Ahí no hay competencia”.

“Ahora, lo que entiendo de la pretensión de Fuerza Popular y de otros sectores que apoyan su causa es que medie un órgano ajeno a la misión de observadores que tiene actualmente la OEA en el Perú porque esa misión se ha pronunciado en contra de lo que ellos buscan. En tal caso, se pone al organismo en una situación compleja, de instituir a una misión distinta o desconocer su propio pronunciamiento”, agregó.

Más información

-La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos informó el jueves, tras la conferencia de aliados de Fuerza Popular, que sigue realizando seguimiento a las elecciones en segunda vuelta y que su labor continuará hasta que las autoridades proclamen los resultados oficiales.

-En un mensaje más escueto del mismo jueves, la Unión Europea y sus estados miembros consideraron que el proceso electoral del 6 de junio “ha sido libre y democrático”. La representación dijo confiar en las autoridades del sistema electoral “para la solución de los litigios pendientes dentro de los cauces legales establecidos”.

-Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronunció hace unos días en respaldo a los comicios. “Felicitamos a las autoridades peruanas por administrar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los importantes desafíos de la pandemia de COVID-19”, expresó en un comunicado.

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