El último martes, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, evitó despejar las dudas respecto de un planteamiento realizado el 19 de marzo durante un mitin en Espinar, Cusco: “Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen. ¿La Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar? Pero cuánto se lleva”.
Castillo ha sumado así un nueva propuesta que, según los expertos, va contra el marco constitucional, puesto que la Constitución Política del Perú reconoce a la Defensoría del Pueblo como un organismo autónomo.
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“Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”, señala el artículo 162 de la Carta Magna de 1993, que creó la referida institución. Como se sabe, Castillo busca también la convocatoria a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución.
Pedro Castillo sobre la Defensoría del Pueblo
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El actual defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, mantiene su posición de no pronunciarse por respeto a la neutralidad electoral. Según una fuente del organismo, el funcionario ha comentado internamente que el planteamiento del candidato presidencial de Perú Libre evidencia desconocimiento del trabajo de la entidad.
“Los diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado reconociendo el trabajo de la defensoría, durante tantos, años, en defensa de los derechos de las personas. Extrañeza es inevitable que se sienta, si eso equivale a preocupación quizás sea una forma de poderlo expresar también. Pero también hemos sido testigos de la reacción ciudadana y eso nos alienta”, indicó otra fuente.
“Si no existiera, habría que crearla”
Walter Albán, quien fue defensor del Pueblo entre el 2000 y 2005, expresó su extrañeza por el planteamiento de Pedro Castillo considerando que la Defensoría jugó un rol importante a favor de las rondas campesinas, que ha tenido en sus filas al candidato.
“Estuvimos entre los que más respaldaron que pudieran tener el reconocimiento a una justicia de base. Que en el artículo 149 [de la Constitución] pudiera entenderse que se les daba —junto con el Convenio 169 de la OIT— la posibilidad de ejercer no solo vigilancia, protección o autoseguridad, que era lo que tenían las rondas, sino también lo que ya venían haciendo con permanente confrontación con el sistema judicial tradicional: ejercer justicia campesina. Esto se logró a través de una ley que se aprobó en su momento con el respaldo de la Defensoría del Pueblo”, explicó.
En ese sentido, atribuyó la postura de Pedro Castillo a la “enorme desinformación” sobre el rol de la Defensoría y a la improvisación por su presencia en la segunda vuelta electoral.
“[La Defensoría] es una institución que si no existiera, habría que crearla. Es un despropósito plantear desaparecerla. Es una cuestión que solo se explica por la desinformación, por no tener una idea clara de cómo se ejerce la democracia y cómo se puede vivir en democracia”, consideró Albán.
Por tanto, sostuvo que se trata de una institución que nació para quedarse y que se ha ganado su legitimidad a pulso.
“La Defensoría es una institución que se labró y consiguió su legitimidad a pulso, no fue gratuita. Eso no viene solo por mandato de la Constitución, sino por una tarea desarrollada incluso a contracorriente en los primeros años, a partir del año 1996, que es cuando comienza a operar y donde hubo más bien que actuar en defensa de la democracia”, refirió.
“Sería un retroceso en derechos fundamentales”
Para la abogada constitucionalista Milagros Revilla, Pedro Castillo ha emitido una “afirmación gravísima” que implica un retroceso institucional en cuanto a un proceso encaminado para garantizar los derechos humanos y la defensa de poblaciones vulnerables del país, lo que se perdería con la desactivación de la Defensoría.
“Esta iniciativa del candidato Castillo sería un retroceso en la defensa y garantía de los derechos fundamentales. Estaríamos desconociendo la importancia que tiene esta institución en la historia reciente y convulsa de nuestro país, y también un retroceso de cara a la garantía de los derechos humanos a nivel internacional”, manifestó.
Según explicó, la Defensoría del Pueblo es uno de los organismos constitucionales autónomos que defiende los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública para que los servicios de esta sean idóneos y no se vulneren derechos.
“Estamos frente a unas pretensiones que desconocen la importancia de la institucionalidad para la defensa de los derechos humanos, ante una propuesta que desconoce —en el mejor de los casos— la necesaria institucionalidad en la defensa de los derechos humanos. Esto va contra el principio de la dignidad de la persona, que está en el primer artículo de la Constitución y todos los tratados de derechos humanos”, exclamó.
“La dignidad de la persona no va a ser eficaz si no hay institucionalidad y medidas que la garanticen. Y la Defensoría de Pueblo es una instancia institucional que garantiza que se esté velando por la defensa de los derechos humanos”, agregó.
“Podría afectar la democracia”
Iván Lanegra, actual secretario general de transparencia, también se ha desempeñado como defensor adjunto para Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
A su juicio, la propuesta de Castillo representa un peligro porque “se estaría eliminando un mecanismo de balance de poder que vigila la acción del gobierno y que también hace más difícil el ejercicio del poder que vulnere derechos humanos. Esa es una función clave en cualquier democracia. Eliminar sin más pondría en riesgo ese balance democrático fundamental”.
Por tanto, consideró que, en todo caso, deberían debatirse iniciativas hacia adelante. Es decir, propuestas de reforma que impliquen afianzar el rol de la Defensoría, modificaciones puntuales sobre atribuciones o fortalecimiento de capacidades. “Pero, definitivamente, desaparecer esa función podría afectar la democracia”, insistió.
En esa línea, sostuvo que los candidatos presidenciales deberían presentar sus planteamientos de segunda vuelta por escrito.
“Si tuviera que haber un compromiso de ambos candidatos, es que pongan a una persona verdaderamente independiente de los partidos, con trayectoria impecable y que defienda derechos humanos”, concluyó.
Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, también mostró su preocupación. “No sólo es preocupante que se proponga desactivar instituciones autónomas, sino que, además, se haga con tanta ligereza”, escribió en sus redes sociales.
En diálogo con El Comercio, Rotta enfatizó que “eliminar una institución de esta naturaleza va a generar una desproteccion clara sobre la población”. “La defensoría ha tenido un papel de la proteccion de los derechos de la gente, y en ese trabajo ha ganado una legitimidad”, exclamó. Añadió que un planteamiento así muestra “desconocimiento del tejido institucional, una renuncia a solucionar problemas dentro del marco de los cauces constitucionales”.
Este Diario intentó comunicarse con la exdefensora del Pueblo, Beatriz Merino, pero prefirió no realizar comentarios.
Una fuente de Perú Libre aseguró a este Diario que las expresiones del postulante se dieron “en el fragor de la emoción” y “el calor de la campaña” tras recoger opiniones de ciudadanos respecto a la actuación de instituciones públicas, pero “él de ninguna manera piensa hacer eso, por el contrario, piensa fortalecer la labor de la Defensoría”.
Sin embargo, ello no ha sido aclarado aún por el propio candidato. Es más, el virtual legislador por Lambayeque, José Balcázar Zelada, manifestó a El Comercio que lo mencionado por Pedro Castillo debe ser interpretado como una intención de elegir a un defensor del Pueblo imparcial “en el contexto de hacer una nueva Constitución”, en donde se plantearía que el cargo sea electo por voto popular.
“Si el pueblo del Perú dice en la asamblea constituyente que no debemos cambiar al defensor del Pueblo y que lo elijan los entes burocráticos de un Congreso, lo acataremos”, indicó.
Más críticas
La tarde del martes, ni bien se conoció esa propuesta, el abogado Luciano López señaló a El Comercio que la medida sería inconstitucional la medida. “La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo. El presidente no tiene atribuciones para tocarle ni un pelo”, dijo. Agregó que si Castillo intentara desactivarla, correría el riesgo de ser destituido por el Congreso.
El abogado Alejandro Rospigliosi remarcó que “la propuesta que ha lanzado Castillo demuestra un desconocimiento total de la Constitución”. “El presidente no puede cambiar ni eliminar la defensoría. Podría, en todo caso, presentar un proyecto de reforma constitucional al Congreso”, dijo.
La esencia de la Defensoría
La Defensoría tiene una esencia, recogida por el sitio web de la entidad: “…Atiende —en todo el país— quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos”.
Para ello cuenta con ocho adjuntías sobre lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado; prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad; niñez y la adolescencia; asuntos constitucionales; derechos de la mujer; medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas; administración estatal; y derechos humanos y personas con discapacidad.
Asimismo, considera como grupos de especial protección a los pueblos indígenas, la población afroperuana, la mujer, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, población LGTBI y personas que viven con VIH.
Por ejemplo, la Defensoría ha jugado un rol clave en el caso de Ana Estrada, quien padece una enfermedad degenerativa y que ha luchado por una muerte digna. La entidad fue la que presentó, en febrero del 2020, una acción de amparo ante el Poder Judicial en respaldo de la psicóloga de 44 años. Como se sabe, en febrero pasado, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a Essalud respetar la decisión de Estrada.
En el 2000, el entonces defensor del Pueblo, Jorge Silva Santisteban, hizo suya una denuncia de El Comercio sobre la falsificación de firmas en el oficialista Perú 2000 y presentó información ante la ONPE a fin de que se investigue el caso.
Además, a lo largo de los años, se ha visto a representantes de la Defensoría con participación activa en mesas de diálogo producto de conflictos sociales. Recientemente, desplegó al personal de sus 38 oficinas a nivel nacional para estar presentes en locales de votación a fin de supervisar la jornada electoral del 11 de abril.
La Defensoría ha realizado también informes sobre los casos de mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas entre los años 1996 y 2001, estimando la cifra en 272.028. En tanto, en el 2007 denunció ante el Ministerio Público actos de discriminación contra una estudiante con discapacidad motora y articulación de lenguaje logrando que en el 2009 se emita la primera sentencia por discriminación en el Perú.
DATO
Walter Gutiérrez fue electo defensor del Pueblo en setiembre del 2016 por el Congreso de la República, con votos de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Acción Popular y el Apra. Su mandato de cinco años vence en setiembre de este año.
De acuerdo a la Constitución, es el Parlamento el encargado de elegir al defensor del Pueblo. Ese es uno de los pendientes del próximo Legislativo, en donde Perú Libre tiene la primera minoría.
Según las normas, se requiere como mínimo el voto favorable de dos terceras partes del Congreso, por lo que se requiere un consenso.
Más información
El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, también planteó desactivar el Tribunal Constitucional (TC), la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutrán) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Además, dijo que en un eventual gobierno suyo iban a corregir la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).
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