Perú Libre: virtuales congresistas cuestionaron erradicación de coca en el Vraem y plantearon legalizar cultivo

Guillermo Bermejo, electo congresista por Lima, no es el único que ha cuestionado la política antidrogas del Estado como parte de un discurso político durante la campaña electoral. Otros tres virtuales legisladores de Perú Libre, que postula a la presidencia de la República a Pedro Castillo, también expresaron posturas similares durante un foro virtual realizado por el partido en febrero pasado. Ahí, los participantes se expresaron en contra de la erradicación de la hoja de coca en el país, incluyendo en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que —según informes de Devida— es el primer valle cocalero y productor de cocaína en el Perú.

En el evento del 9 de febrero participaron Alex Flores (Ayacucho), Silvana Flores (Junín), Guido Bellido (Cusco) y Bermejo (Lima), quien se presentó aquella noche como exasesor de la “Confederación Nacional de las Juntas Cocaleras del Perú”. Como se sabe, este último es actualmente afronta un juicio oral por presunta afiliación a remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.

Días después, el 6 de marzo, el candidato presidencial Pedro Castillo realizó una visita a Pichari (Cusco), en el Vraem, acompañado de Bermejo y otros candidatos, en donde se reunió con agricultores cocaleros y prometió una ley de la hoja de coca para la legalización del cultivo.

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Durante la charla virtual, los participantes coincidieron en que la bancada del partido promoverá en el Congreso una ley que garantice la legalización de la hoja de coca a fin de industrializarla para darle un uso medicinal y alimenticio. Alex Flores sostuvo que Perú Libre está “en contra de esa política de erradicación compulsiva, forzosa, de los cultivos de hoja de coca en el Vraem” mientras el Estado no garantice una política socioeconómica real a favor de los agricultores, a fin de que estos accedan a una cadena de producción, un mercado con precios justos y rentabilidad. “Vamos a pretender desde el Congreso la legalización y la industrialización de la hoja de coca. Pero esto no significa de ninguna manera que nosotros vayamos a promover el narcotráfico”, aseveró.

Por su parte, Bellido cuestionó que se quiera erradicar los cultivos de coca “con el cuento del narcotráfico”. “Si industrializamos la hoja de coca no va a existir la necesidad de que se orienten estos productos a otras actividades. Ese es el camino”, aseguró.

A su turno, Robles cuestionó la labor de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y refirió que “hablar de coca no es sinónimo de narcotráfico”. “¿Será necesario erradicar nuestra hoja de coca? Consideramos que, definitivamente, esa es una muy pala política. Lo que necesitamos es revalorar nuestra hoja de coca y continuar con esta reforma a este nivel. Lo que necesitamos es un empadronamiento real para poder aplicar reales y verdaderas políticas en cuanto a este tema, que sea considerado de interés nacional, y que actualmente ha sido bastante relacionado al tema del narcotráfico”, expresó.

Bermejo también cuestionó que se plantee a los agricultores cultivos alternativos a la coca, cuando esta se ha convertido en la “caja chica” de aquellos ante el “fracaso” de otras cosechas. “Necesitamos volver a empadronar a nuestros hermanos cocaleros, despenalizar la hoja de coca, ponerla al servicio de la salud y alimentación a través de la industrialización. Pero necesitamos también de una verdadera política agraria, un verdadero mercado interno”, sostuvo.

Replicar “el modelo boliviano”

Para tal fin, los entonces candidatos expresaron que se debe replicar las acciones realizadas durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia. “El compañero Evo Morales lo primero que tuvo que hacer es botar a la Usaid [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional], esa que financia a los liberales y los caviares, y sacar también a la DEA [Administración de Control de Drogas] y a la CIA [Agencia Central de Inteligencia] del negocio”, apuntó Bermejo.

En ese sentido también se expresó Flores, para quien el problema de narcotráfico “se va a solucionar” en base a la soberanía nacional. “Lo que debemos seguir es el modelo boliviano implantado por el hermano Evo Morales. Se ha legalizado allá la hoja de coca, se ha designado una cantidad de hectáreas y sembríos para uso legal y tradicional a los verdaderos campesinos cocaleros”, explicó. Luego insistió en que “debemos aprender y mejorar el modelo boliviano” y reiteró: “Lo que planteamos es recuperar nuestra soberanía. Y eso empezará por expulsar a la Usaid, por dejar las políticas de la DEA”.

Bellido también consideró que, para luchar contra el narcotráfico, el Perú debe “terminar todo tipo de relación con Estados Unidos” y, al mismo tiempo, fortalecer a los cocaleros para que sus productos sean industrializados. “Una vez asumida la responsabilidad de la conducción de la patria, tenemos que terminar toda relación con EE.UU. en cuanto a las acciones de erradicación y lucha contra el narcotráfico, que habían plantado como una estrategia para poder tener injerencia en nuestro país”, afirmó.

Robles, en otro momento, justificó que algunos campesinos recurran a los sembríos de coca porque “les da mayores ingresos en un determinado tiempo y lo tienen como una caja chica […] No le conviene económicamente sembrar café, piña, cacao, porque no le es satisfactorio económicamente”. “Contundentemente estamos en contra de esta erradicación forzosa, penalización que tienen nuestros hermanos cocaleros en nuestras zonas donde tenemos el sembrío”, expresó también durante el evento.

Inviabilidad y falta de transparencia

Para Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico y terrorismo, retirar el apoyo de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico convertiría al Perú en un “narcoestado”. En diálogo con El Comercio, cuestionó el planteamiento de los representantes de Perú Libre.

A su juicio, el llamado modelo boliviano no ha funcionado y es “simplemente una pantalla”. “Ningún modelo de esa naturaleza ha funcionado ni en Bolivia ni en el mundo. Evo Morales prometió industrializar la coca, pero se ahogó en el camino. Han hecho caramelos, galletas, panes, hasta pasta dental, no ha tenido ningún éxito. Eso en el Perú sería totalmente inviable, peor que en Bolivia, porque la coca peruana, con excepción de Cusco, está contaminada por agroquímicos y ningún producto altamente contaminado se puede industrializar. Pero así fuera coca orgánica, es imposible competir con el narcotráfico”, explicó.

En esa línea, refirió que el camino de la legalización no garantiza acabar con el narcotráfico, por lo que consideró que se trata de “planteamientos trasnochados”. “¿Legalizas y qué harías? Legalizar significa que estás apoyando a la nueva expansión de coca, a los nuevos narcotraficantes, que continuarían contaminando el medio ambiente […] Lo que haces es llevar a las nuevas expansiones de coca, incentivados por capitales del narcotráfico. La reducción concertada tampoco funciona. ¿En qué utilizarán esa cantidad de coca si no es en el narcotráfico?”, cuestionó.

En comunicación con El Comercio, el analista político boliviano Carlos Cordero, explicó que “el modelo boliviano aplicado durante el gobierno del señor Evo Morales no es transparente, sino es un modelo bastante opaco, porque es el gobierno el que hace la evaluación de su propio modelo. Es decir, el Movimiento al Socialismo lo aplicó y el Movimiento al Socialismo lo evalúa. Y la sociedad tiene muy poca información para hacer una evaluación transparente. Los organismos internacionales que luchan contra el narcotráfico tampoco disponen de la libertad para hacer públicas sus evaluaciones”.

En ese contexto, señaló que dicho modelo existió producto de un gobierno de izquierda “de carácter autoritario” y reiteró que no se conoce información respecto a cuántas hectáreas de cultivos de coca terminan como insumo para mercados ilegales o el narcotráfico. “El aplicar un modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico es una falacia y un error, porque los contextos son diferentes y el modelo boliviano es nada transparente”, apuntó Cordero, aunque reconoció que modelos anteriores ejercían la violencia desde el Estado.

Sin embargo, para Miguel Justiniano Camacho, especialista en conflictos sociales y políticos boliviano, el modelo ha permitido que el país “pase de tener el 20% de la coca en el mundo a tener el 10% en 10 años, además ha reducido en su totalidad las violaciones a los derechos humanos; es dcir que Bolivia no registra más muertes en tareas de erradicación ni de policías, ni de militares, ni de productores de coca”. Empero reconoció que “no es posible calcular las hectareas que van al narcotráfico”.

Agregó que en su país la hoja de coca es legal, pero su producción es regulada por el Estado con precios regulados por el mercado.

Este Diario intentó sin éxito contactar a Avelino Guillén, parte del equipo técnico de Perú Libre que participó del debate del JNE en el rubro seguridad ciudadana y orden interno.

DATOS

— En noviembre de 2020, Devida publicó su último reporte sobre el monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción en el Perú, referente al 2019. El estudio se concentró en 14 zonas cocaleras del país ubicadas en 13 departamentos, estableciendo un total de 54.655 hectáreas de cultivo de arbusto de hoja de coca, un incremento del 1% a comparación del 2018.

El 48% de la superficie monitoreada corresponde al Vraem. Solo en esta zona, hubo un crecimiento de 7,9%.

— El documento de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021 de Devida indica que en el Perú se cultivan entre 40.000 y 50.000 hectáreas de coca ilícita y la producción es entre 300 y 400 toneladas de cocaína.

“El VRAEM se ha consolidado como el primer valle cocalero y productor de cocaína en el país. Debido a su alta productividad de hoja coca por hectárea, se concentra la producción de más del 70% de la coca ilícita y de drogas”, indica el informe, que recuerda que Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína.

— En julio del 2020, la Unodc publicó su infoirme sobre el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia, señalando que al 2019 hubo 25.500 ha, un incremento de 10% en la superficie con cultivos de coca respecto del 2018.

— En Bolivia, la Ley General de la Coca permite hasta 22.000 hectáreas de cultivos de coca en el país. Sin embargo, el presidente Luis Arce reveló a inicios de abril que informes preliminares de la ONU daban cuenta de que en el 2020 se superaron las 32.000 hectáreas, frente a las 25.500 ha del 2019. Es decir, hay un excedente de 45% ante lo permitido por la norma.

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