El exgobernador de Junín Vladimir Cerrón continuará inhabilitado para ejercer la función pública tras haber sido sentenciado por corrupción en el 2019.
Esto tras la resolución de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica emitida el lunes, que declaró improcedente la anulación de la sentencia de tres años de prisión suspendida contra Cerrón y del fallo que se le dictó en primera instancia.
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Con esta decisión se revierte la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba que anuló las sentencias en contra del secretario general de Perú Libre.
La medida contra Cerrón se tomó tras la apelación que presentó la Procuraduría del Poder Judicial para revertir la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba de anular las sentencias.
El juez Alaín Salas Cornejo declaró fundado en parte el hábeas corpus a favor de Cerrón respecto al extremo de la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
Horas después de conocida la decisión, el Poder Judicial informó que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició una investigación al juez Salas Cornejo y anunció que su procurador interpondría un recurso de apelación para obtener la revocatoria de la resolución.
Argumentos
Según la resolución, se debe declarar improcedente la anulación de las sentencias contra Vladimir Cerrón debido a que el magistrado “en su calidad de juez constitucional procedió a realizar funciones propias de un juez penal ordinario, [...] quien no ha procedido a efectuar dicho control constitucional de manera ponderada, bajo el examen de razonabilidad, coherencia y suficiencia. Por lo que también en este extremo se debe amparar el recurso de apelación y revocar la recurrida conforme a las pretensiones de los recurrentes” .
La sala también precisa que si bien el juez del hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de las pruebas, “sí puede controlar la carencia de argumentos constitucionales”.
El 5 de agosto del 2019, Vladimir Cerrón fue sentenciado por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado, en el caso de la obra denominada “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya”.
A los responsables se les impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad.
Meses después, en octubre de ese año, la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la sentencia e inhabilitación contra los imputados, pero revocó la pena de cuatro años y ocho meses de pena efectiva, variando esto a cuatro años de prisión suspendida. La inhabilitación se ordenó por un año.
Conocida la decisión que anuló sus sentencias días atrás, Vladimir Cerrón indicó que no esperaba ocupar un cargo público.
“Frente al hábeas corpus fundado a mi favor, por una sentencia arbitraria, comunico que no tengo interés de volver al Gobierno Regional de Junín ni ocupar cargo público nacional. Conduciré el partido, regresaré a mi hospital y mi universidad de los que fui destituido a raíz de este abuso”, expresó.
Un recurso más
En conversación con este Diario, el abogado penalista Andy Carrión explicó que Cerrón aún puede recurrir al Tribunal Constitucional.
“Los abogados ya no recurrirían a la Corte Suprema, sino a través de un recurso de agravio constitucional al TC, que es el mismo procedimiento que han seguido tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori en sus recursos sobre las prisiones preventivas. Acá solo cambia prisión preventiva por sentencia condenatoria”, sostuvo.
El especialista agregó: “Ahora mismo sigue inhabilitado, quien tiene que pronunciarse desde cuándo se computa y hasta cuándo llega es la sala de Huancayo. Existen delitos de corrupción que hacen que uno no pueda ejercer cargos para toda la vida, pero negociación incompatible no”.
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