Esta triste historia que causó indignación a todos los peruanos porque se jugó con la salud, la vida y la angustia de una familia que tenía un pariente grave con COVID-19, inició el 1 de marzo, cuando un joven ingresó a su hermano al hospital Guillermo Almenara por el área de emergencia afectado de coronavirus.
De acuerdo con la investigación fiscal, el doctor que lo atendió le refirió que el paciente requería una cánula de alto flujo o pasar a una cama UCI. El médico le hizo saber al familiar que no había disponibilidad de camas UCI en el hospital, tras lo cual el paciente fue derivado a una cama de observaciones de la sala 6 del tercer piso de Emergencia. El diagnóstico fue insuficiencia respiratoria aguda y COVID-19.
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El día 3, el paciente requería oxígeno con cánula nasal de alto flujo. Dos días después, la familia lo consiguió y su diagnóstico paso a “paciente hemodinámicamente estable con apoyo oxigenatorio de alto consumo con dispositivo adaptado para alto flujo por cánula binasal”, según se detalla en la investigación fiscal.
El día 6 de marzo el paciente fue consignado como “Prioridad III-Urgencia Mayor”. Permaneció así hasta el día 11 de marzo, cuando rechazó la cánula de alto flujo. Por ello, el doctor pidió que fuera trasladado a una cama UCI y en esa fecha se encontraba en el puesto 20 de la lista a la espera.
Ese mismo día, por la tarde, el hermano, desesperado, escribió a sus familiares para que lo ayuden u orienten. Una prima del paciente le refirió a una amiga de nombre Vanessa (Iradia Vanessa Muñoz Arróspide de Agarini) y le escribió pidiendo ayuda. Esta última le respondió a través de un mensaje por WhatsApp: “Mira, ya le pasé, la persona que tengo es muy amiga de la gente de gerencia del directorio, creo que a ellas les cobran, no lo sé, pero si me dice que si hay, yo te paso el número directo para que converses con ella”. Vanessa Muñoz Arróspide le proporcionó el número de Ana Cecilia Aróstegui y, desde ese momento, el hermano del enfermo tuvo contacto con la corrupción en el sector salud en su máxima expresión.
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Siempre según la investigación fiscal, se supo que Aróstegui llamó al familiar y se ofreció a ayudarlo. Ella le indicó que había pertenecido a una ONG y que tenía mucha influencia en el hospital Guillermo Almenara y que conocía a todo el aparato administrativo. Luego de esta presentación, le solicitó S/85 mil para que acceda a una cama UCI. Ante esto, Vanessa Muñoz contactó con el familiar y le informó que el monto había sido rebajado finalmente en S/82 mil, de acuerdo a la investigación fiscal.
Los siguientes días, la exvoleibolista mantuvo informado al familiar sobre el estado del enfermo. Le envió foto de su historia clínica y de la espalda del paciente e, incluso, le aseguró que ya estaba en cama UCI, cuando en realidad se encontraba en UCE (Unidad de Cuidados Especiales). Durante ese tiempo lo mantuvo engañado.
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El familiar descubrió que había sido estafado y exigió que le entreguen el dinero que pagó para que le compren un ventilador mecánico a su hermano. Mientras tanto, los días pasaban y la salud del paciente se deterioraba.
Para el día 17, el familiar tomó conocimiento de que el ‘doctor Pino’ era el mismo Pedro César Pino Gonzales, quien era el contacto de la parte administrativa de Ana Aróstegui. Esa noche, ella logró ingresar un ventilador mecánico para el paciente.
A las 00:30 horas del 18 de julio, un enfermero le comunicó al familiar que habían entubado a su hermano. Sin embargo, cuatro horas después, una doctora se contactó con el pariente y le informó que había fallecido.
Investigados
Investigados
En las investigaciones de la fiscalía se estableció que el familiar hizo dos depósitos de dinero. El primero de S/35 mil el día 11 de marzo y el segundo de S/47 mil el 12 del mismo mes. Las transacciones fueron a la cuenta bancaria de Sebastian Bazalar Arostegui (21), hijo de Ana Cecilia Aróstegui Girano (52).
Desde la cuenta de Sebastian Bazalar se transfirió a la cuenta de Piero Jesús Pino Carmona (23), hijo de Pedro César Pino Gonzales (59), la suma de S/24 mil; S/3 mil a su madre, y S/1.011 a Miguel Agarini Barraza (49), esposo de Iradia Vanessa Muñoz Arróspide de Agarino (39).
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El familiar hizo la segunda transferencia de S/47 mil a la misma cuenta de Sebastian Bazalar y este realizó las respectivas transferencias de S/27 mil a Piero Pino; S/2 mil a la cuenta de su madre; S/3.521 a Miguel Agarini y S/300 a Luis Diego Alejandro Moreyra Muñoz (20), hijo de Iradia Muñoz. En tanto, Piero Pino hizo una transferencia de S/27 mil a Vanessa Recuenco Ochoa (23), hija de la funcionaria Nery Magali Ochoa Menacho (57). Todas estas personas están detenidas.
Al parecer, los detenidos Pino, Ochoa, Aróstegui y Muñoz, habrían utilizado a sus hijos con el fin de despistar a las autoridades ante una investigación sobre el movimiento de dinero en sus cuentas bancarias. Al respecto, el doctor Reynaldo Abia Arrieta, Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, señaló que los hijos han sido detenidos para esclarecer su participación en este ilícito penal.
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“En el tema de los hijos está que han utilizado la cuenta de ellos. La medida de detención es para determinar si ellos sabían, si conocían que el ingreso del dinero era de procedencia ilegal. Si hubo dolo, conocimiento y voluntad de querer apoyar a sus padres. La recepción del dinero prácticamente es la coima”, precisó el fiscal.
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