“Tú sabes cómo es, esto no se maneja si no se adelanta, si no se paga. Tú sabes cómo es esta situación, ¿no?”. Esto dijo Ana Cecilia Aróstegui Girano para coordinar el cobro indebido de camas de cuidados intensivos a familiares de pacientes COVID-19 en el hospital Guillermo Almenara de Essalud.
Tráfico de camas UCI en el Almenara: “No se maneja si no se adelanta, si no se paga. Tú sabes cómo es la situación, ¿no?”
“Ya está todo el trámite para que pueda pasar a entubación en UCI [...] Todos están rogando por una cama [...] La lista de espera es grandísima, prácticamente muchos no llegan”, dijo en otra de las conversaciones que la también exvoleibolista peruana tuvo con los otros ocho integrantes de la organización criminal llamada Ángeles Negros, que fue desarticulada el miércoles por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y la Policía Nacional.
Como parte de las diligencias, Aróstegui Girano (tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, vinculada a esta red delincuencial), Iraida Vanessa Muñoz, Luis Diego Moreyra, Miguel Ángel Agarini, Piero Pino, Sebastián Bazalar, Vanessa Recuenco, Nery Ochoa y Pedro Pino, los dos últimos trabajadores del Seguro Social, pasaron ayer por la audiencia de control de identidad y permanecerán detenidos de manera preliminar durante los próximos siete días en la sede del Ministerio Público y en las comisarías de San Andrés, Cotabambas y Alfonso Ugarte.
Desde la fiscalía se informó que estas personas serán investigadas por el presunto delito contra la administración pública, y tráfico de influencias y otros en agravio del Estado peruano.
Para el abogado Vladimir Padilla, los implicados en este caso de cobros irregulares que superaban los S/80 mil por cama de cuidados intensivos, en principio, podrían recibir penas entre los 5 y los 10 años dependiendo del grado de responsabilidad que tenga cada integrante de los Ángeles Negros.
“Aquí hay una organización criminal estructurada que se encargaba de captar, cobrar y asegurar los cupos para las camas UCI. También se ha dicho que hay funcionarios públicos involucrados, como médicos, enfermeras, entre otros, que deberían ser investigados por delitos de corrupción porque directa o indirectamente han recibido dinero y se han beneficiado de la situación”, explicó.
Hacen llamado
La Sociedad Peruana de Medicina Intensivista (Sopemi) se pronunció a través de un comunicado en el que se condena lo ocurrido en el hospital Almenara y, además, se alerta a la población para que no se deje engañar por “personas que buscan lucrar con el sufrimiento ajeno”.
Asimismo, la Sopemi reiteró que el ingreso de determinados pacientes a los ambientes UCI se hace en base a un orden de prioridades establecidos en guías, directivas o normas de los órganos rectores y basados en la mejor evidencia médica disponible.
Sopemi exige investigación exhaustiva a implicados en mafia de camas UCI
En ese sentido, se puntualizó que el lugar que ocupa una persona en la lista de espera es dinámico porque puede variar diariamente dependiendo de la mejoría o del deterioro de la salud del paciente.
En cuanto a los “pacientes COVID-19 críticos potencialmente recuperables” que tienen ventilación mecánica invasiva a través de un tubo endotraqueal, esta entidad indicó que estos son los que ocupan los primeros lugares de la lista de prioridad.
“Instamos a la población a que denuncien los hechos delictivos que se puedan estar tratando de perpetrar alrededor de las instituciones de salud para una atención diferenciada en UCI. Demandamos una investigación exhaustiva para dar con los responsables y que reciban la máxima sanción”, señaló finalmente la Sopemi en su comunicado.
No se deje engañar
- Susalud informó que en los establecimientos públicos y privados existen Plataformas de Atención al Usuario, así como libros de reclamos, para que la ciudadanía manifieste “los hechos que vulneren sus derechos”.
- Cualquier queja o consulta se puede hacer a través de la línea gratuita 113, la APP SusaludContigo o a través del WhatsApp 984653092.
- Susalud informó que, desde que inició la pandemia, ningún ciudadano denunció cobros indebidos para acceder a una cama UCI.