Es una de las civilizaciones más antiguas de América. Caral tiene 5.000 años de historia y hasta ahora muchos de sus secretos siguen sin ser revelados. Aunque las estudios siguen avanzado, en estos tiempos, la ciudad sagrada del valle de Supe, conformada por 32 edificios monumentales, enfrenta problemas que ponen en riesgo las investigaciones y la conservación del monumento.
La arqueóloga Ruth Shady, directora del proyecto de investigación, denuncia que, en las últimas semanas y meses, miembros de las familias Solís y Mejía han invadido algunas hectáreas del sitio arqueológico y que en defensa de estas personas ha salido el congresista Carlos Almerí Veramendi, del partido Podemos Perú.
El pasado 11 de enero, el parlamentario remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros un oficio en el que traslada el pedido de una mesa de diálogo, porque algunos supuestos agricultores del valle de Caral acusados de invasores aseguran haber sido afectados con la destrucción de sus cultivos durante los desalojos. Estas personas y el mismo congresista Almerí consideran que las zonas ocupadas no son arqueológicas.
Los problemas de invasiones en la Ciudad Sagrada del valle de Supe no son nuevos, pero estos se han acentuado durante la pandemia. Según Shady, hay dos familias –los Solís y los Mejía– los que están intentado ocupar ilegalmente terrenos que están dentro del polígono de la zona arqueológica, inscrita en los registros públicos (Sunarp) y en la Superintendencia de Bienes Nacional (SBN).
En diálogo con El Comercio, la arqueóloga cuenta que Pablo Mejía Solís es uno de los más agresivos. Invadió en la zona conocida como chupacigarro sembrando paltos, pero fue desalojado por la policía.
Alejandro Solís es otro de los miembros de esta familia que “se apropió de una extensión bastante grande tierras en Caral”. El proyecto arqueológico lo denunció hace años y el Poder Judicial falló a favor de los intereses del Estado.
“Le hemos ganado todos los juicios, hasta en la Suprema. Solo queda que al señor lo retiren, pero la PNP nos dice que no tiene personal. Estamos esperando que den la orden”, cuenta Shady.
Los señores Solís y Mejía, dice la defensora de Caral, siempre han tenido intenciones de ocupar estas tierras porque el precio de la hectárea ha subido considerablemente. “Hay muchos intereses económicos”, asegura.
Una tercera persona considerada como invasor por el proyecto Caral es Luis Alberto Solís. Hace algunas semanas instaló una cabaña también en el sector chupacigarro. “Le pedimos a la PNP que lo desalojen, pero nos dijeron que no era su prioridad. La fiscal y la subprefecta no intervinieron y la policía tampoco lo hizo”, cuestiona Shady.
¿Abusos y excesos?
El congresista Carlos Almerí Veramendi tiene en el valle de Supe, algunos kilómetros más arriba de Caral, un terreno de una hectárea hace 25 años. En una entrevista que ofreció a El Comercio dice conocer sobre Caral más de lo que puede conocer Ruth Shady y que defiende a los agricultores de la zona “con conocimiento de causa”.
En su opinión, la directora del proyecto arqueológico ha cometido “abusos y excesos” al desalojar a agricultores que tienen sus tierras en zonas que no son arqueológicas, en donde no hay vestigios. Sin embargo, Shady asegura que varias zonas ocupadas por estas personas sí tienen evidencia de viviendas antiguas y cementerios de la civilización Caral.
En el oficio que Almerí envió a la PCM, adjunta una serie de pedidos y reclamos hechos por personas que han sido denuncias por el proyecto Caral ante la PNP, justamente por problemas de invasión. En la ayuda memoria de la problemática del valle Caral, el señor Pablo Mejía denunció la destrucción de 1.250 plantas al ser desalojado y pide que se detengan los “abusos” de Shady.
Otra persona, identificada como Julia Solís Sifuentes, denuncia ser amenazada por la PNP y asegura que el terreno que posee es una herencia de sus familiares. Por su parte, Víctor Jesús Solís dice que “el polígono de 37 hectáreas ha sido titulado a nombre del Estado” y que “están atropellando los derechos de los pobladores del valle de Caral”.
Según el parlamentario, estos agricultores no son “ni invasores ni delincuentes” y trabajan la tierra hace más de 100 años. “Lo que he constatado es que donde han sembrado no son zonas arqueológicas. Cuando han hecho toda la poligonal hubo un exceso. Han tomado tierras donde los agricultores han estado viviendo ahí años. No han invadido”, dice el congresista.
En diálogo con El Comercio, Almerí dice que está solicitando al Ministerio de Cultura que “aclare” el polígono de la zona protegida, de forma que no se afecte a los agricultores.
-Amenazas contra Shady-
Los problemas han escalado a tal punto que trabajadores del proyecto Caral han sido víctimas de amenazas. En los últimos días, los abogados Kaleb Navarro y Ricarte Morocho, de la Unidad Jurídica de la Zona Arqueológica de Caral, recibieron amenazas.
“Sigue tú protegiendo a esa vieja y vas a ver cómo te vamos a enterrar junto con ella cinco metros debajo del suelo”, dice Shady que le dijeron a Navarro por teléfono. Han pedido resguardo policial y hay temor.
El pasado 5 de noviembre de 2020, ambos abogados brindaron sus declaraciones en la comisaría de Supe y caso está en manos de primer despacho fiscal de decisión temprana de la provincia de Barranca.
Sin embargo, para el congresista Almerí, estas amenazas no existen, y tampoco se han cometido agresiones contra trabajadores de la ZAC. Shady denuncia que uno de sus arqueólogos fue golpeado cuando verificaba la presencia de material arqueológico en zonas invadidas.
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