Esta mañana, un grupo de voluntarios de la vacuna de Sinopharm protestó en los exteriores del Instituto Nacional de Salud (INS). La manifestación se produce en el contexto en que las quejas y denuncias de estas personas han ido en aumento en las últimas semanas hasta que llegaron a tomar esta decisión.
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Los voluntarios piden que se abra la totalidad del ciego pues hay un sector que desconoce si se les aplicó la vacuna con la cepa de Beijing (que ha mostrado mejores resultados según los hallazgos preliminares y que se usan en la actualidad en la campaña de vacunación en el país), Wuhan o el placebo. De esta manera, conocerán si están protegidos contra el COVID-19, y de no estarlo, piden que se les inmunice. Además, señalan que hay voluntarios a quienes les corresponde la segunda inoculación por el tiempo transcurrido desde que recibieron la primera inyección, sin embargo, ello todavía no ha sucedido.
“Ahora los 12 mil voluntarios no sabemos qué nos han puesto. Nos han puesto placebo, nos han puesto vacuna de la Beijing o Wuhan. Entonces, lo que queremos es información simplemente y queremos que nos den esa información y se proceda a vacunar a los que tengan vulnerabilidad”, señaló un voluntario en RPP.
Frente a estos reclamos, advierten que no se les brinda información. Es importante recordar que en el país, los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm están a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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En la víspera, a fin de encontrar una solución a estos problemas, los representantes de los 12 mil voluntarios de los ensayos clínicos de Sinopharm se reunieron con las autoridades del INS, del Ministerio de Salud (Minsa). Asimismo, estuvieron presentes en la cita los representante del Comité de Ética, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Defensoría del Pueblo, miembros de los Centros de Investigación Universidad Cayetano Heredia (UPCH) y de la Universidad San Marcos (UNMSM).
“Luego de 5 horas de reunión, donde se abordaron diversas propuestas, se identificaron las opciones más viables que permitan el acceso a la vacuna a los voluntarios del ensayo clínico”, indicó el INS en un comunicado.
“Las alternativas tienen como objetivo acortar plazos sin poner en riesgo la seguridad de los participantes, por lo que, en el más breve plazo, el patrocinador del ensayo clínico las analizará para encontrar la mejor solución en beneficio de los voluntarios en el marco ético y normativo”, agregó.
Mientras todo esto ocurre, la médico infectóloga Coralith García, investigadora principal encargada de los ensayos clínicos de la UPCH, renunció ayer a su cargo. Hace menos de un mes había asumido el cargo en reemplazo de Germán Málaga, quien fuera suspendido en sus funciones por el ´Vacunagate´.
Defensoría advierte abandono hacia los voluntarios
Las quejas de los voluntarios vienen desde hace meses. Ha habido un grupo de ellos que se ha contagiado con el COVID-19, incluso tres han muerto hasta ahora. Sin embargo, los familiares de los afectados han denunciado que no se les ha brindado ayuda médica. Esta situación conllevó a que la Defensoría del Pueblo se pronuncie y demande al INS supervisar el cumplimiento de los parámetros en que se desarrollan los ensayos clínicos con los voluntarios.
“Uno de los casos registrados por la Defensoría del Pueblo es el del señor Juan Francisco Quiñones Miranda, quien luego de sumarse como voluntario, presentó síntomas de COVID-19. Cuando sus familiares solicitaron apoyo al Hospital Regional de Chimbote, provincia donde se encontraba, se generaron una serie de problemas que impidieron su atención oportuna. Lamentablemente, el ciudadano falleció 15 días después de dar positivo”, apuntó la Defensoría en un comunicado. El caso se encuentra en la fiscalía.
“Ante lo expuesto, la Defensoría del Pueblo extiende su preocupación pues estos casos ponen en evidencia que tanto el sistema de salud, como los mecanismos de atención y monitoreo del ensayo clínico fase III vacuna SARS-COV 2 habría presentado graves fallas y abandono de los voluntarios en situación de enfermedad, poniendo en riesgo su salud y su vida”, añadió.
Posteriormente, la UPCH, vía otro comunicado, indicó que no le corresponde ofrecer atención ni tratamiento médico si un voluntario se contagia de COVID-19.
“La Universidad Peruana Cayetano Heredia, como patrocinador, es responsable de brindar atención y tratamiento médico gratuito en caso el voluntario sufriera algún efecto adverso generado directamente por la inoculación de la vacuna en investigación, mas no así por el contagio del COVID-19 a causa de la pandemia”, indicó.
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Hoy en la mañana, hubo una segunda reunión entre los representantes de los voluntarios y las autoridades del INS. En declaraciones a Canal N, el subjefe de esta institución, Pedro Riega, señaló al término de la cita que la UPCH, como patrocinadora de los ensayos clínicos de Sinopharm en el país, “tiene más de una alternativa” para atender los reclamos de los voluntarios, quienes demandan abrir el ciego y saber si se le inoculó placebo o vacuna.
También subrayó que abrir el ciego “depende exclusivamente” de la UPCH. Esto, pese a que la universidad indicó a inicios de mes que estaba a la espera de que el INS le autorizara hacerlo.
“Hemos sostenido reuniones tanto con los voluntarios como con la misma universidad donde le hemos ratificado que existen alternativas viable e incluso de manera detallada se ha pormenorizado cuál es la hoja de ruta frente a estas posibilidades”, indicó el funcionario.
Minsa: “Es responsabilidad de la UPCH”
Hoy en la tarde, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se refirió al problema de los voluntarios y sostuvo que atender sus reclamos corresponde a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, debido a que esta institución es la que viene desarrollando los ensayos clínicos con Sinopharm y no el Gobierno.
“Lo que podemos decir es que a quien le corresponde esa responsabilidad es a la universidad, porque este es el ente privado que ha tomado un acuerdo con Sinopharm como entidad que no es del Gobierno peruano. Entre ambas partes han acordado en hacer este ensayo clínico como están haciendo con otros ensayos clínicos, de otras vacunas con otras instituciones y eso sigue su curso normal”, señaló.
También dijo que la demora en la atención de los reclamos de los voluntarios se debe a los problemas internos en la Cayetano Heredia.
“Por los problemas, mas bien internos, en la universidad eso se ha demorado, y hoy en la mañana hemos estado hablando de eso. Eso va a ser respondido inmediatamente por el INS, que a la vez le pide a Digemid que autorice la importación de esas vacunas para vacunar a los voluntarios. Eso está en camino no tiene que haber una dificultad, pero el punto de partida es la propia universidad que tenía que hacer el pedido”, acotó.
Momentos antes, el ministro refirió que, a raíz del ´Vacunagate´, la fiscalía había inmovilizado 800 dosis en la Cayetano y alrededor de 50 en la Universidad de San Marcos.
Según la comisión que investigó el ´Vacunagate´, 470 personas se vacunaron fuera de los ensayos clínicos de Sinopharm, entre las cuales no solo se encuentra Germán Malaga, sino también, por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra, las exministras Pilar Mazzetti, Elizabeth Astete y el exviceministro Luis Suarez Ognio. El caso es investigado por el Ministerio Público.
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