Medidas concretas en contra de la delincuencia común y el sicariato no fueron abordadas por el presidente Ollanta Humala en su discurso. A continuación, tres ausencias claves.
1. DELINCUENCIA COMÚN Aunque Humala subrayó la incorporación del delito de sicariato al Código Penal, el presidente no hizo referencia a las sanciones para sicarios menores de edad, quienes solo reciben internamiento socioeducativo en centros de rehabilitación –como Maranguita– por un máximo de seis años. Cerca del 10% de menores internos en estos centros cometieron homicidio.Tampoco hubo mención sobre cómo se atacará frontalmente al crimen común. Estos delitos son los que más aquejan a la población e incrementan la sensación de inseguridad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre octubre del 2014 y marzo del 2015, a nivel nacional urbano, 18 de cada 100 personas de 15 y más años de edad fueron víctimas de robo de dinero, cartera o celular. 2. CIFRAS UNIFICADAS DE CRIMINALIDADPara combatir la inseguridad, las autoridades deben conocer las cifras, estadísticas y puntos críticos en los que se debe poner énfasis al diseñar políticas públicas. Sin embargo, en el ámbito nacional, existe un grave problema: la incoherencia entre las cifras de criminalidad que recogen las autoridades. Según el Ministerio del Interior, desde el 2011 hasta el 2014 las cifras de victimización han disminuido en 10% en el país. Sin embargo, las cifras del INEI, el INPE, el Ministerio de Salud, la Fiscalía de la Nación y hasta de la Policía difieren con la del sector Interior. Como lo señaló El Comercio, en enero, las fuentes que llevan sus estadísticas de forma independiente y no coordinan entre sí no tienen un organismo que fiscalice su metodología y unifique su información.
3. ORGANISMOS INTEGRADOSOtra preocupación capital en la ciudadanía son los problemas y vacíos legales que permiten que un delincuente atrapado por la policía con evidencias claras en su contra afronte en libertad un proceso judicial y que luego no llegue a ser sancionado con la privación de su libertad.La falta de coordinación entre policía, Ministerio Público y Poder Judicial facilita esta problemática. Sin embargo, no hubo referencia a este tema. Tras ser detenido, un delincuente es conducido a la fiscalía y luego a un juzgado. De ordenarse la prisión preventiva, el INPE lo interna en un penal. Este proceso puede tomar varios días, incrementando el riesgo de fuga y permitiendo que a través de recursos legales los delincuentes evadan la justicia. La sobrepoblación en los penales también ocasiona que se deje en libertad a un procesado por falta de espacio. Hasta el 2014, solo en Lima, se contabilizaron 36.296 internos: 21.792 procesados y 14.504 sentenciados. Este problema tampoco fue tocado por el presidente Humala en su alocución.
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