Cuando una figura tan influyente como el chef Gastón Acurio es víctima de un asalto en la vía pública y a plena luz del día, y decide no hacer la denuncia ante la policía, algo no camina bien.
Y no me refiero solo al mal sabor propio de la vejación sufrida, sino a algo más grande, que comparte con todos los limeños que tampoco sentamos denuncia ante situaciones similares.
El viernes pasado, en Lince, mientras Acurio y su equipo premiaban con un brioso carrito cebichero a Julio César Távara, el ‘Ninja de los Limones’, una cuadrilla de delincuentes intervino su camioneta para llevarse todo lo que ahí encontró. Documentos y teléfonos celulares incluidos.
Consultado por este columnista, Gastón reveló que no dejó parte en la policía porque, dada su condición mediática, seguramente la policía desplegaría esfuerzos especiales por él y descuidaría así a otros cientos de casos de gente indefensa que se quedaría sin ser atendida.
Decidió entonces concentrarse en proteger la privacidad de sus cuentas de teléfono y de redes sociales, y esperar un tiempo a que regresara la calma para hacer su declaración. Toda vez que lo importante era destacar los logros del joven emprendedor, sostuvo.
Aunque, por otros motivos, muchos preferimos no acudir a las instituciones oficiales frente a desagradables situaciones como la vivida por el chef. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su último reporte del 2014, señala que apenas 13 de cada 100 peruanos víctimas de un robo han puesto denuncia por ello en una comisaría. Esta es una de las tasas más bajas de Latinoamérica si apreciamos que en países como Brasil el porcentaje de denuncias de víctimas de robo es de 33%, en Chile es de 35,7% y aun en México es del 22%, según el informe del PNUD.
Entonces, ¿por qué tan poca gente en nuestro medio se anima a ir a las autoridades y dejar parte de lo sufrido?
En el 2013, el analista político Carlos Meléndez afirmó, tras sufrir un peligroso robo –con puñalada en el hombro– que el protocolo de recepción de denuncias está diseñado con tantos obstáculos burocráticos que lo que logra es finalmente disuadir a los ciudadanos de acudir a las comisarías. Todo el sistema es perverso, afirmó.
Pero los encuestados por el INEI son aún más enfáticos: su informe de seguridad ciudadana señaló que las tres principales razones por las cuales los ciudadanos no denuncian los delitos en el Perú son porque consideran que es una pérdida de tiempo, desconocen al delincuente y no confían en la policía.
Es tiempo pues de afrontar esta crítica realidad y trabajar en una reorganización integral de las comisarías para revertirla. Desde ya es posible proponer algo nuevo: establecer la presencia de representantes de organizaciones vecinales en ellas para reducir el margen de corrupción y garantizar el debido proceso. Ello, mientras llegan profesionales de verdad a conducir la lucha contra el crimen, en lugar de los actuales que trabajan únicamente para la cámara.
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