Bobbio y Kelsen sostienen que una norma jurídica puede ser válidamente emitida por un parlamento y sin embargo ser ilegitima para la sociedad, lo cual genera una crisis social. Este es el escenario que podría acontecer con la unión civil.
Efectivamente, la gran mayoría de la sociedad peruana está en contra de un “matrimonio encubierto” entre personas del mismo sexo. La última encuesta de Ipsos Apoyo rubrica esta realidad.
En este contexto, debe reenfocarse este proyecto de ley a fin de respetar su verdadero fin que es velar por la asistencia mutua, calidad de vida y seguridad económica de las personas. Otro fin subrepticio sería ilegítimo más aún si persigue un “seudo matrimonio” mediante un fallo judicial, tal como ha ocurrido en otros países.
Por esta razón, la unión civil debe ser reformulada como una sociedad solidaria que pueda ser conformada por dos personas sin importar su orientación sexual. Este otorgamiento de derechos sí es aprobado por los peruanos tal como lo demuestra la citada encuesta.
Entonces ¿por qué velar por la calidad de vida y dotar de derechos únicamente a personas del mismo sexo, cuando el mismo trato positivo puede ser dado a cualquier persona sea homosexual o heterosexual?
Brindar derechos a todos es verdadera igualdad. Limitarlo solo a personas del mismo sexo es discriminatorio.
Como congresista mi rol es velar por la justicia y la verdad, por ello mi oposición es únicamente al “matrimonio encubierto”. Los derechos deben ser otorgados a todas las personas por igual.
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