ÓSCAR CASTILLA C.Unidad de Investigaciónocastilla@comercio.com.pe
El Poder Judicial ordenó el internamiento de 176 kilos de oro de origen ilícito (cotizados en US$6.6 millones) en las bóvedas del Banco de la Nación, luego de permanecer en un almacén aduanero del Callao desde que fuera intervenido a fines del 2013. En dicho lugar aún se encuentra media tonelada más de metal que seguirá igual trámite en las próximas semanas.
El Comercio obtuvo fotos y videos de la confiscación de las barras, que fueron custodiadas por un contingente de efectivos del orden e integrantes de la Policía Fiscal, ante cualquier posible accionar del crimen organizado. La primera etapa de la incautación en la cadena de exportación del oro ilícito se ejecutó entre el 14 de febrero y el 26 y 27 de marzo y fue impulsada por la procuradora de Lavado de Dinero, Julia Príncipe.
Las tres empresas que intentaron exportar los 176 kilos de oro son C.G. Koenig (111 kilos), Mining & Energy (50 kilos) y Holding Minero (15 kilos), que figuran en una lista de empresas con alarmante perfil de riesgo elaborada por este Diario. Estas compañías también son investigadas por lavado de la minería ilegal por las millonarias sumas de dinero invertidas en las exportaciones y por la inexistente relación entre los mineros proveedores y las concesiones de dónde salió el oro.
En las investigaciones también son citadas las compañías Aram Asset Management, Kaloti y NTR -ubicadas en la isla de Curazao en el Caribe, en Emiratos Árabes Unidos y en EE.UU., respectivamente- que compraron los 176 kilos de oro de procedencia sospechosa. La primera de ellas fue creada en 1996 en el paraíso fiscal de Curacao, tiene oficinas en Miami y es representada por el venezolano Raúl Linares Sanoja, las otras dos son refinerías de metal.
Este Diario conoció que Mining & Energy (que tiene como socios a dos peruanos y a una abogada venezolana) recibió un pago anticipado, de parte de la compañía Aram Asset Management, por los 50 kilos de oro que finalmente fueron incautados por orden judicial.Esta carga, según la propia declaración de la exportadora, fue extraída por un grupo de mineros de zonas de minería ilegal en Puno y Cusco. Sin embargo, se ha detectado que ninguno de ellos tiene relación con la concesión de dónde salió el metal.
Otro detalle que será incorporado en el caso por lavado fue que Mining & Energy, constituida en el 2012 con S/.15 mil, registra un solo empleado y tiene como socio y gerente general a Ricardo Rodríguez Silva, un ex analista judicial que ya había exportado 590 kilos de oro a la filial de Aram Asset Management en Miami en el 2013.
En igual situación está C.G. Koenig y su gerente Wilfredo Donayre Antón, un ex soldado y luego postulante a sereno de la Municipalidad de Lima, quien en el papel dirigió una exportadora que envío más de tres toneladas de oro a la refinería Kaloti (en Emiratos Árabes Unidos y EE.UU.) e Italpreziosi (Italia).
C.G. Koenig fue creada en los 90, pero recién el año pasado empezó a realizar despachos de oro por un total de US$73 millones. En noviembre del 2013, C.G. Koenig se preparaba para enviar 111 kilos de metal, pero la carga fue intervenida. En sus descargos ante Aduanas, C.G. Koenig dijo que el oro procedía de una concesión en Palpa (Ica), pero no demostró tener vínculo con el titular de la misma.
Holding Minero -la tercera exportadora investigada creada en el 2012 por el trujillano Jorge Montero Vargas y el chimbotano Elmer Ángeles Cotillo- argumentó que los 15 kilos incautados procedían de Puno, pero luego señaló que eran de La Libertad. Lo cierto es que esta empresa envió toneladas de oro en el 2013 a las refinerías NRT Metals de EE.UU. y Emirates Gold de Emiratos Árabes Unidos por un total de US$11 millones.