Dieciocho años después del incendio en la discoteca Utopía que causó la muerte de 29 jóvenes, Édgar Paz Ravines, dueño del local siniestrado en el 2002, será extraditado para cumplir su condena por homicidio culposo en el Perú. En noviembre de 2018, hace más de 20 meses, fue capturado en México, pero el largo proceso para traerlo al país todavía no concluye.
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Desde que ocurrió la tragedia, 16 padres y madres han fallecido esperando justicia. El proceso judicial que terminó el 8 de abril del 2014 mantiene la herida abierta en los deudos. A Édgar Paz Ravines y Alan Azizollahoff Gate, dueños la discoteca que no tenía medidas básicas contra incendios ni licencia municipal, se les dictó apenas cuatro años de prisión por el delito de homicidio culposo por omisión impropia.
“Fue una pena totalmente absurda por 29 muertes”, dice Pilar Villarán, madre de Verónica Delgado-Aparicio, quien tenía 24 años cuando murió esa noche del 20 de julio de 2002. Aun así, espera que se ejecute la condena para poder cerrar ese capítulo interminable en sus vidas. “Es muy doloroso, pero ya necesitamos cerrar el círculo. Hace poco ha fallecido una mamá más. Ya estamos muy mayores todos. Merecemos justicia”, reclama.
Ayer, el Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE) de la Fiscalía de la Nación, informó el traslado de Paz Ravines se realizará el 5 de setiembre en un vuelo humanitario. Esto en coordinación Dirección General de Procedimientos Internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el Ministerio del Interior, la Presidencia del Poder Judicial, el 21 Juzgado Penal de Lima y la Oficina Central Nacional de Interpol Lima. Según informaron, el día 26 de agosto la Cancillería de México puso a disposición de la Fiscalía General de la República para la extradición.
Jorge Massa, abogado de Édgar Paz Ravines, dijo recientemente a este Diario que su patrocinado “se allanó” al proceso de extradición, ya que desea cumplir su condena en el país aunque no se cree culpable por las muertes.
Una vez que llegue al país, será recluido en un penal para cumplir la sentencia, tomando en cuenta los meses que estuvo detenido en México. Según informaron fuentes del Ministerio Público, el artículo 339 del Código Procesal Peruano señala que para efectos del cómputo de una pena se descuenta la privación de la libertad en el extranjero como parte de un proceso de extradición. Es decir, Paz Ravines estaría en prisión unos 27 meses.
DOS DE CUATRO
En el incendio que dejó 29 muertos y 57 heridos hubo cuatro personas involucradas: Roberto Ferreyros, el barman que inició el fuego en medio de un espectáculo con animales; el administrador Percy North y los dos dueños del local que funcionaba sin un solo extintor, Edgar Paz Ravines y Alan Azizollahoff Gate.
La primera sentencia del caso se dio en el año 2004, cuando justicia condenó a Ferreyros y a cuatro años de prisión. Luego de 15 meses, Ferreyros salió de la cárcel tras acogerse a beneficios penitenciarios a mediados del 2005.
Con North, el proceso duró un poco más. El administrador fue sentenciado junto a Ferreyros por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, los deudos apelaron y en el 2006 la figura cambió a homicidio doloso, con lo cual fue sentenciado a 15 años de prisión. Pero su proceso volvió a cambiar a la figura a homicidio culposo (tras la apelación de su defensa) y, poco después, salió libre. En el año 2011, la Corte Suprema anuló esta última resolución y North, que estaba en la clandestinidad, se entregó y volvió a prisión para cumplir 15 años de cárcel. Ese mismo año, la pena fue reducida a 10 años. Finalmente, en julio de 2015, accedió a beneficios y dejó el penal Castro Castro tras siete años encarcelado.
Paz Ravines y Azizollahoff salieron del país en el año 2004 y lograron, tres años más tarde, que el Poder Judicial admitiera un hábeas corpus presentado por su entonces abogado, Alberto Quimper, para librarse del proceso penal. Tras la insistencia de los deudos, en el 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia reabrió el caso y los incluyó en el proceso. Al año siguiente fueron condenados a cuatro años de cárcel por el delito de homicidio culposo en la modalidad de omisión impropia.
Para facilitar su captura, tanto Paz Ravines como Azizollahoff fueron incluidos en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, con una recompensa de S/20 mil por cada uno.
A la fecha sigue vigente la recompensa por Azizollahoff, la cual se elevó a S/30 mil. De él, los deudos indican que se encuentra en Sudáfrica; sin embargo, aún no hay novedades sobre su ubicación y captura.
En febrero pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, aprobó la solicitud de extradición activa a la República de Sudáfrica de Alan Michael Azizollahoff Gate o Alan Michael Azizollahoff.
La Resolución Suprema 034-2020-JUS publicada el 27 de febrero señala en sus considerandos que si bien entre Perú y Sudáfrica no existe tratado bilateral de extradición, la cooperación judicial en esta situación se rige por los Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, por principios de reciprocidad, en un marco de respeto de los derechos humanos.
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