La Fiscalía Militar Policial inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables de la presunta comisión del Delito de Función en agravio del Estado - Ejército del Perú, por la pérdida de ciento once (111) fusiles Galil 5.56 mm en el BMG ARMTO “CLPG” N° 512, detectada durante el relevo de los comandantes de unidad en el año 2021.
Luego de una primera evaluación de los hechos, el fiscal Militar Policial, teniente coronel Wilfredo Vásquez Díaz, consideró, según los grados de los presuntos implicados (entre los que se encuentran generales y coroneles), inhibirse del caso y elevarlo, mediante Disposición Fiscal N°001-2024/FMP N°6/TSMPC del 07 de febrero de 2024, a la Fiscalía Suprema y ante la Vocalía Suprema Militar Policial, para que proceda según sus atribuciones.
Los hechos materia de investigación fueron informados por el procurador público del Ejército, para que la Fiscalía Militar Policial, como titular de la acción penal, actúe conforme a su competencia y funciones, señaladas en el artículo 173° de la Constitución Política del Estado, artículo 21° de la Ley 29182 de Organización y Funciones del FMP y en el artículo 226° del Decreto Legislativo 1094, Código Penal Militar Policial.
El caso
El pasado domingo, 11 de febrero, un reportaje de Cuarto Poder reveló que en almacenes del Ejército del Perú se encontraron fusiles que habían sido “canibalizados” y las autoridades militares recién denunciaron el hecho ante la justicia tres años después.
En dicho informe se dio cuenta que 111 fusiles Galil 5.56 fueron manipulados y se les extrajeron sus partes originales, como el cajón de mecanismos, y las reemplazaron por componentes denominadas ‘hechizas’.
Esta revelación se dio en el contexto de las denuncias de una venta de armas de propiedad de las Fuerzas Armadas hacia organizaciones criminales nacionales y extranjeras.