El 2019 fue uno de los años más duros para la periodista Paola Ugaz. Ha sido demandada cinco veces por personas vinculadas a la agrupación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). “Si fuese una periodista joven definitivamente me asustaría y no investigaría más. Me han descuadrado la vida en general, pero voy a seguir (investigando)”, afirma.
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Ayer, en menos de un día, fue notificada de citaciones por dos denuncias distintas: la querella que le interpuso Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, funcionario de una empresa del Sodalicio (no obstante, él asegura no ser sodalite), por el presunto delito de difamación agravada; y la del director del portal web La Abeja, Luciano Revoredo, también por difamación agravada.
La primera citación a la que deberá acudir en el 2020 es la relacionada con la demanda de Carlos Alberto Gómez de la Torre. El juez Oscar Gonzales, de la 36 Juzgado Penal – Reos Libres, fijó que la audiencia de presentación de cargos se realizará el próximo 17 de enero.
En tanto, el juez Rómulo Chira, del 9 Juzgado Penal – Reos Libres, programó para el próximo 22 de marzo la presentación de cargos de la querella que presentó Luciano Revoredo.
“Es duro e inesperado. Realmente sí se vuelve una carga emocional, económica, y no solo para mí sino para mi familia y mi trabajo. No tengo la tranquilidad para centrarme en mis proyectos”, comenta.
Precisamente, uno de los proyectos que Ugaz se había trazado para el 2019 era la publicación de un libro sobre los negocios relacionados con el Sodalicio. Debido a las demandas que conllevaron múltiples citaciones, en Lima y Piura, el avance de su segundo libro se vio obstaculizado.
En el 2015 la periodista y su colega Pedro Salinas publicaron “Mitad monjes, mitad soldados”, libro sobre los abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro del Sodalicio. Ella continuó investigando, pero esta vez sobre negocios, como colegios, inmobiliarias, agroexportadoras, vinculados a la organización religiosa en Perú, Chile, Costa Rica y Ecuador. Aún no tiene fecha para su nueva publicación.
“No es precisamente contra el Sodalicio, sino contra 8 u 10 miembros que lucraron con el concordato (convenio entre el Vaticano y un Estado), se libraron de pagar impuestos y tuvieron un gran crecimiento económico”, explica.
–Los cinco procesos–
La primera denuncia contra Ugaz data de octubre de 2018, cuando el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, la demandó en Piura por difamación agravada. En agosto último el religioso sodálite se desistió del caso que también involucra a Pedro Salinas.
En mayo pasado, Alberto Gómez de la Torre la demandó por falso testimonio en la Fiscalía de Piura. Este caso conllevó a que la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Piura abra una indagación preliminar contra la fiscal provincial Heldy Huaylinos Silva, quien dispuso que se investigue a la periodista.
A inicios de julio, Edgardo Palomino Martinez (quien asegura no pertenecer al Sodalicio de Vida Cristiana) denunció a Ugaz, Anel Townsend, María Méndez, Marco Zevallos y Ana Escudero, por supuestamente pertenecer a una organización criminal dirigida por la exalcaldesa Susana Villarán, por los delitos contra administración pública en su modalidad de Peculado y por Lavado de Activos.
A inicios de diciembre Carlos Gómez de la Torre la volvió a denunciar. Esta vez por el presunto delito de difamación agravada. El funcionario pide la máxima pena de 3 años de cárcel, el pago de una reparación de 2 millones de soles y que el 36 Juzgado Penal de Lima ordene a la demandada que emita un comunicado público, a través de las redes sociales, rectificando y pidiendo disculpas públicas por la elaboración y la publicación del reportaje The sodalitium scandal, elaborado por la cadena internacional Al Jazeera.
También en diciembre Paola Ugaz se enteró en La abeja que Luciano Revoredo Rojas, según ella allegado al Sodalicio, la demandó en Lima por difamación al decir que su portal es difamatorio.
“Junto a las demandas que he recibido, he sido víctima de violación a mis correos electrónicos, a mis comunicaciones telefónicas y al acoso permanente en redes sociales. Las organizaciones allegadas al Sodalicio me han enviado en lo que va del año más de 30 cartas notariales amenazándome con demandas de continuar con mis investigaciones”, señala la periodista.
–Instituciones la respaldan–
Diversas organizaciones de prensa respaldan el trabajo de Paola Ugaz y critican las demandas en su contra.
Hace una semanas, el Consejo de la Prensa Peruana se solidarizó con la periodista por lo que califica como “sistematizada campaña de hostigamiento en su contra”. En tanto, el Instituto de Prensa y Sociedad rechazó cualquier intento de amedrentamiento contra la periodista, y consideró que, en este este caso, la justicia se está usando para conseguirlo.
Hace unos días, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) criticó una vez más la despenalización de los llamados delitos de prensa, porque la judicialización de estos, en vez de ser mecanismos que busquen reparar a la persona afectada, constituye formas de amedrentamiento a periodistas que buscan alcanzar la verdad.
“¿Por qué quieren impedir que Paola Ugaz siga investigando? ¿Qué temen que pueda desenmascarar? Cuando los márgenes éticos y morales de la sociedad se respetan nadie debe temer que cuestionen su actuar”, concluye la ANP.
ACLARACIONESEl párrafo donde se menciona a uno de los denunciantes, Edgardo Palomino Martínez, fue modificado para hacer hincapié en que, según él refiere, no forma parte del Sodalicio de Vida Cristiana, como hizo saber a El Comercio vía carta notarial.
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