A tres años de la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que reveló los abusos sexuales, físicos y psicológicos que sufrieron adolescentes y jóvenes en el interior de la asociación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), ninguno de los acusados en esas 406 páginas ha recibido una sanción penal hasta el momento. Pedro Salinas, autor del libro junto con la periodista Paola Ugaz, reconoce que “Mitad monjes, mitad soldados” es el trabajo más importante y satisfactorio de su carrera, pero, a la vez, el que le ha ocasionado una suma de problemas, incluso judiciales.
“En algún momento pensé en no seguir más con el libro, pero después de haber escuchado los testimonios desgarradores de personas que confiaron en mí, no había forma de darles la espalda. En estos casos, uno debe seguir hasta el final. Los costos sí han sido muy grandes en todos los ámbitos”, reflexiona Salinas.
Luego de la publicación y de que se conocieron otras denuncias de abusos, el Ministerio Público abrió una investigación a algunas autoridades del Sodalicio, entre ellos al fundador de esa organización, Luis Fernando Figari, por los presuntos delitos de abuso sexual, físico y psicológico. Pero la fiscal María Peralta archivó todo porque, según ella, los ilícitos habían prescrito. Tras los cuestionamientos legales a su decisión, el expediente fue reabierto y asignado a la fiscal María León, titular de la Fiscalía Provincial Penal 18 de Lima.
—Justicia que tarda—El 20 de noviembre del 2017, la fiscal León formalizó una denuncia penal contra Figari y otras cinco ex autoridades del Sodalicio por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves en agravio de 14 personas, entre las que se encuentra Salinas, quien formó parte de esa agrupación religiosa.
El delito de secuestro no fue tomado en cuenta por la fiscal a pesar de que las víctimas habían sostenido en su despacho que fueron privadas de su libertad desde que se les captó para que entren al Sodalicio y que debido a un riguroso adoctrinamiento perdieron su capacidad de decidir y, según sus testimonios, fueron amenazados.
La magistrada además excluyó de la denuncia a José Ambrozic y al sacerdote Jaime Baertl, autoridades del Sodalicio, e indicó que “no se encontraron elementos probatorios idóneos” contra ellos. Las víctimas apelaron ambas resoluciones.
El fiscal superior Frank Almanza evaluó el caso y dictaminó que la denuncia incluya el delito de secuestro. En los próximos días definirá si Baertl y Ambrozic deben ser comprendidos como denunciados en el caso.
“Una vez que se resuelva esa apelación, se fijaría una fecha para la audiencia donde el juez determinará si abre juicio o no. De ahí analizaría un pedido de prisión preventiva”, explica Héctor Gadea, abogado de las víctimas. De aprobarse la prisión preventiva contra Figari, deberá ser extraditado de Italia.
De acuerdo a la denuncia fiscal, tanto Ambrozic como Baertl habrían incurrido en el presunto delito de encubrimiento. Ambos niegan haber ultrajado a jóvenes sodálites. En noviembre del 2015, Figari escribió una carta en la que rechazaba las acusaciones que se le imputaban, pero pedía perdón “a cada uno de los que haya podido herir”.
—Omisiones— Según el informe que el Sodalicio realizó en el 2017 sobre las acusaciones de abusos, tres personas aseguraron que fueron violadas por Figari y que denunciaron los hechos ante el Tribunal Eclesiástico, entidad que depende del Arzobispado de Lima. Uno de ellos fue Santiago, llamado así en el libro de Salinas. Según su testimonio, fue ultrajado sexualmente cuando estaba en secundaria y se atrevió a contarlo 34 años después.
“Después de realizar mi denuncia en el Tribunal Eclesiástico, imaginé que se iniciaría un proceso contra Figari. Pensé que sería contactado por la Iglesia”, comenta. Pero, no lo llamaron. Dice que no acudió a la fiscalía porque el delito habría prescrito.
En el 2015, el sacerdote Luis Gaspar, juez del Tribunal Eclesiástico, informó a Radio Programas que las tres denuncias habían sido derivadas al Vaticano dado que el Sodalicio es un instituto consagrado y se rige por un vicasterio. Santiago afirma que su denuncia nunca llegó a Roma. Así se lo ha indicado un alto funcionario del Sodalicio de Vida Cristiana.
A raíz de esa presunta inacción, la Fiscalía Provincial Penal 25 de Lima investiga, de manera preliminar, al cardenal Juan Luis Cipriani por el presunto delito de encubrimiento. Este Diario envió al Arzobispado de Lima un pliego de preguntas sobre el tema, pero, al cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta.
Milagros Revilla, abogada especializada en Derecho Canónico, recalca que el Tribunal Eclesiástico debió, al menos, escuchar al denunciante y al denunciado, aparte de remitir el caso a Roma. “Desde mayo del 2011 la Santa Sede dispuso que “al recibir las denuncias de posibles casos de abuso sexual a menores, los obispos deberán asegurar que sean tratados según la disciplina canónica y las leyes de los estados respetando los derechos de todas las partes”.
Además, remarca que en el Perú se debería obligar a los obispos o religiosos a denunciar los delitos que conozcan en el desempeño de su actividad.
Según el informe del Sodalicio, 19 menores de edad habrían sido violados en esta agrupación. También 17 jóvenes, de entre 18 y 21 años, indicaron que fueron ultrajados sexualmente por las autoridades de la asociación religiosa.
—Un juicio en Piura—El obispo de Piura y Tumbés José Eguren ha querellado a los periodistas Salinas y Ugaz por el presunto delito de difamación agravada que se sanciona con tres años de prisión. A Salinas porque escribió una columna de opinión en la que dice que Eguren “es un discípulo” de Figari y “es señalado en reportajes de investigación, como presuntamente implicado en casos de tráficos de terrenos en Piura”. La denuncia contra Ugaz es porque dirigió un documental de la cadena de noticias internacional Al Jazeera que da cuenta del presunto tráfico de tierras y la contratación de criminales en Piura para que supuestamente el Sodalicio se apropie de un consorcio de multiviviendas. También por unos tuits que escribió en los que recordaba que Eguren formó parte de la jerarquía del Sodalicio.
El religioso exige a cada periodista una reparación civil de S/200 mil. El Comercio le solicitó a Eguren una entrevista, pero esta fue denegada a través del Arzobispado de Piura. El juicio a Salinas será el 14 de este mes. 
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