Desde hace más de una década, una decena de familias habitan dentro del complejo arqueológico Mateo Salado, ubicado en los límites del Cercado, Pueblo Libre y Breña. Estos invasores no solo carecen de servicios básicos, sino que desarrollan actividades que ponen en riesgo el patrimonio de la ciudad. Además de almacenar material de reciclaje, lo más crítico es un taller de mecánica que funciona dentro de este complejo prehispánico que data del período 1100-1450 d.C., sin que las autoridades intervengan. Los autos entran y salen todo el día de la zona cultural.
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Este no es el único sitio arqueológico afectado por invasores en Lima Metropolitana. El Comercio constató que dentro del complejo de la huaca Garagay (1400 a.C.), en San Martín de Porres (SMP), hay al menos diez precarias casas. Sus ocupantes transitan por la zona monumental para entrar o salir. El problema es complejo. Días atrás, el Ministerio de Cultura y la comuna de SMP impidieron que se realice una corrida de toros dentro de la huaca El Paraíso (3500-1800 a.C.). Hace seis años, en esta misma zona monumental, una empresa destruyó una pirámide –de las 10 que tenía– de seis metros de altura, para construir un proyecto inmobiliario.
“La invasión es solo el paso inicial para destruir el elemento [el sitio arqueológico], es un proceso... Esto ha sido permitido por normas condescendientes del Ministerio de Cultura. En los años 80, estas ocupaciones destruyeron muchos de nuestros monumentos”, señala el arqueólogo Gori Tumi Echevarría López. Este Diario intentó comunicarse con el Ministerio de Cultura para conocer la situación legal de las personas que habitan en las huacas de Lima, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
—Desamparados—Alberto Martorell Carreño, coordinador de la maestría en Conservación y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Ingeniería, indica que hay tres factores que propician la desprotección de las huacas. “Nuestro sistema judicial trata los monumentos arqueológicos al igual que un terreno cualquiera. No hay un diferencial. Por otro lado, el área de defensa legal del Ministerio de Cultura es profundamente deficitaria y los jueces ven nuestros bienes patrimoniales como algo pasado y muerto, sobre viviendas modernas y vivas”, señala Martorell.
Celeste Asurza, gestora del proyecto de recuperación del sitio arqueológico Las Aldas (Áncash), advierte que el Ministerio de Cultura “ha sido muy benevolente” con la aplicación de las sanciones ante invasores. “Si esto pasa en sitios emblemáticos como Garagay y El Paraíso, ubicados en Lima, donde se establece la sede central del Ministerio de Cultura, ¿te imaginas cómo se está procediendo en otros sitios arqueológicos donde las direcciones desconcentradas no tienen la logística ni el personal para fiscalizar estos sitios?”, manifiesta la especialista.
—Soluciones—Echevarría López explica que para proteger los sitios arqueológicos no se necesita invertir mucho dinero. Indica que se trata de idear estrategias, según cada zona y situación en particular. “No es solo construir cercos. Las autoridades también podrían realizar ‘acuerdos’ con los ocupantes siempre y cuando el patrimonio no se vea afectado. Esto es imposible de hacer en Mateo Salado con el taller de mecánica, pues este pone en riesgo constante la huaca”, precisa el arqueólogo.
Al respecto, Martorell contó que en la zona arqueológica Huaycán de Cieneguilla, las autoridades no expulsaron a los ocupantes ilegales, sino que los retiraron de los espacios más importantes. “Con ello se frenaron las invasiones. Ahora ellos tienen un compromiso con el lugar y son los guardianes ante la presencia de invasores que buscan especular con terrenos para traficarlos. No es lo ideal, pero es real”, dijo. Martorell agregó que también se pueden desarrollar acciones con la población aledaña para que esta misma cuide las huacas y así se puedan generar ingresos. “En Pariachi [Huaycán, Ate], los ocupantes ahora buscan convertir la huaca en atractivo turístico. Esto conlleva a que ellos se comprometan con el complejo”, explica.
Cecilia Camargo, arqueóloga de Cálidda, apunta al trabajo con la empresa privada para que funcione como un intermediario entre la población y su patrimonio. “Antes había malestar [por las demoras en las obras], pero con el tiempo lo han ido entendiendo. En mi experiencia, la relación con los vecinos es inmediata. Al principio ven con incredulidad, pero luego son ellos mismos quienes advierten sobre el hallazgo a los nuevos visitantes”, indicó.
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