Migraciones separa a jefa zonal de Huancayo acusada de ser parte de una organización criminal

La Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso separar de su cargo a la jefa zonal de Huancayo, Katherine Sharelly Rafael Riveros, a quien el Ministerio Público (MP) investiga por ser la presunta cabecilla de la organización criminal ‘Los diamantes azules’, dedicada al trámite irregular de pasaportes y al ingreso ilegal de extranjeros al país.

A través de un comunicado, el organismo expresó su total disposición de colaborar con la investigación que lleva a cabo el MP en la jefatura zonal de Huancayo, “para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades”.

Finalmente, la entidad reafirmó su “compromiso con la legalidad y la integridad” en todas sus acciones, y reiteró que seguirá colaborando con las autoridades competentes “para garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones”.

El caso

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) - PNP, en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de la Región Policial de Junín, allanaron este viernes, 23 de febrero, seis inmuebles y la oficina zonal de Migraciones de Huancayo, vinculados a la presunta organización criminal ‘Los diamantes azules’.

Este grupo es investigado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, tráfico ilícito de migrantes, peculado y organización criminal.

De acuerdo a las investigaciones, la jefa zonal de Migraciones de Huancayo, Katherine Sharelly Rafael Riveros, conocida como ‘La reina’, sería quien dirige la organización, aprovechándose del cargo que ostenta.

Ella se habría dedicado a cometer diferentes delitos desde 2019, junto a Amilcar José Marcano Morillo, ‘El chamo’, ciudadano extranjero y pareja sentimental.

‘Los diamantes azules’ habrían entregado de forma irregular carnets de extranjería, carnets de permiso temporal de permanencia y favorecido con la emisión de “pasaporte especial, ordinario y diplomático” a propietarios de clínicas, administradores del sector salud, empresarios, funcionarios públicos e, incluso, al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas.