Policías de la Dirección de Lavado de Activos (Dirila) ingresaron esta mañana al terreno donde se descubrió hace algunas semanas un túnel subterráneo construido para la fuga de un grupo de narcotraficantes que cumplían condena en el penal Miguel Castro Castro. Los agentes acudieron a fin de notificar a los propietarios que el Poder Judicial dispuso la inscripción de un gravamen en registros públicos que impide la venta o transferencia del inmueble. Como parte de la diligencia también procedieron a incautar una retroexcavadora que fue hallada en el terreno.
Según la resolución emitida el 21 de diciembre por el juez especializado de Extinción de Dominio Eduardo Torres Vera, a la que accedió este Diario, se dispuso la incautación de la retroexcavadora de propiedad de la empresa Peruvian Import & Export SAC, representada por Ana Cecilia Cárdenas Dextre, pues había sido utilizada para la ilegal construcción del túnel subterráneo.
Cabe precisar que el pasado 4 de agosto, Pablo Buleje le vendió dos lotes de terreno ubicados en la avenida Santa Rosa de Lima Sur 889, en San Juan de Lurigancho, al hermano de Ana Cecilia, Carlos Cárdenas Dextre. Este último adquirió los terrenos a través de sus empresas CEPOCAR SRL y ECONOMIX SAC por el monto de S/1´890.000, tal como lo informo este Diario.
La policía baraja la hipótesis de que los financistas de la construcción del túnel hallado en el inmueble de propiedad de las empresas de Cárdenas Dextre serían el serbio Zoran Jaksic y el peruano Jorge Javier Medina Gavilán, según informó el general Vicente Tiburcio, jefe de la Dirincri. Ambos habrían invertido aproximadamente US$500.000 en la obra que inició en el 2018.
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Las pesquisas
Los policías de la Dirila luego de tomar conocimiento de la nota publicada por este Diario iniciaron las pesquisas contra los propietarios de ambos lotes de terreno. En ese contexto tomaron conocimiento de que el 22 de enero de 2018, la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación a Carlos Cárdenas Dextre, su hermana Ana Cecilia, otros familiares y sus empresas, por ser presuntos autores del delito de lavado de activos.
Los resultados preliminares de la investigación sostienen que la familia Cárdenas Dextre registra 116 inmuebles en Lima y 24 vehículos -entre camiones, camionetas y automóviles- inscritos en registros públicos de Lima. La fortuna familiar no tendría sustento financiero según el informe policial, por lo que la Dirila en diciembre de ese mismo año solicitó la ampliación del plazo de investigación. Sin embargo, el expediente fue solicitado por la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima y no se volvió hablar del caso hasta la fecha.
Otro hecho que llamó la atención de los agentes, comentó a este Diario el coronel Nicasio Zapata, es que el vendedor del terreno, Pablo Buleje, obtuvo el 28 de agosto de 2014, del Tercer Juzgado de Paz de San Juan de Lurigancho, una resolución que lo declaraba único heredero tras fallecer su esposa Julia Mesares. Los cuatro hijos de este matrimonio fueron dejados de lado en la sucesión intestada inscrita en el partida electrónica 13311139.
Además, se aprecia en el acta de intervención policial de la comisaría de Canto Rey, al cual accedió también este Diario, que Cárdenas Dextre solicitó el apoyo policial el 6 de julio en vista de que Julia Buleje Mesares, una de las hijas de la pareja de esposos, le impedía el acceso a la propiedad. Cabe precisar que los agentes policiales consignaron anotaciones como que el inmueble fue comprado el 4 de agosto. La abogada de Julia Buleje, Pamela Pérez Chate, precisó que Cárdenas estaría coludido con los agentes policiales de la comisaría, por lo que consignaron datos falsos en los documentos.
Este Diario consultó en el sistema de control de denuncias de la PNP, donde se aprecia que Carlos Cárdenas Dextre solicitó el apoyo policial los días 6 y 7 de agosto para tomar posesión del terreno donde se construyó el túnel.
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Pérez Chate sostuvo además que el abogado Arturo Quispe, representante de Carlos Cárdenas y sus empresas, sería exprocurador de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por lo que considera que por ese motivo la autoridad edil hizo caso omiso a las reiteradas quejas presentadas por los vecinos por el ruido ocasionado en la noche al momento de construir el túnel. También sostuvo que la municipalidad permitió que Pablo Buleje inscriba una declaratoria de fábrica fraudulenta. “Ha inscrito en registros públicos distintos ambientes como sala, comedor y hasta un estudio. Todo es falso. Es solo un terreno” enfatizó.
Este diario buscó los comentarios a la nota del abogado Arturo Quispe, pero no respondió al llamado.
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