“No escupir”, dice el pequeño letrero colgado en la entrada de la oficina que funciona como consultorio psicológico, en un estrecho ambiente del ya caluroso penal de Lurigancho. Adentro, Luis Ángel (21 años, condenado a seis por robo agravado) le explica a Magda Tataje qué ocurrió el día anterior: estaba trabajando en el taller con otros reos jóvenes, vino un amigo suyo de otro pabellón, a quien recién detuvo la policía, y fue tras él para saludarlo. Los guardias lo detuvieron y lo devolvieron a su celda.
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“¿Por qué tomaste esa decisión?”, le pregunta Magda, y anota la respuesta. Conversan unos minutos más, ella le da una palmada amable en la espalda y da por terminada la sesión de hoy.
Hace 23 años (antes de que Luis Ángel naciera), Magda comenzó a trabajar como psicóloga en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Primero en el penal de mujeres de Chorrillos, después en el Callao, en Ancón, en Huaraz y en Lurigancho. Ha conocido desde generales del Ejército, fiscales y abogados hasta asaltantes comunes.
Ahora, con toda la experiencia acumulada, es coordinadora de CREO (siglas de Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades), un programa de intervención enfocado en reos primarios, de entre 18 y 29 años, que hayan cometido delitos contra el patrimonio (robos, asaltos) y que no sean adictos a las drogas.
Estos jóvenes “recuperables”, como dice ella, llevan una rutina estricta de trabajo (cerámica, tejidos, manualidades y hasta peluquería) y terapias psicológicas aislados del resto de la población penal.
“Lo que se evita es la contaminación criminógena”, explica Raúl Márquez, tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario. Márquez señala que de cada cien jóvenes de CREO, un número menor de ellos (de seis a siete, en promedio) reincidirán en el delito. En cambio, los condenados de mayor edad, que tienen contacto con otros delincuentes rankeados, desarrollan una larga vida en la ilegalidad.
Actualmente hay 803 internos en el programa CREO, repartidos en varios penales; solo en Lurigancho son 104. La ecuación a la que se enfrentan a diario los psicólogos del INPE suena simple pero en realidad es muy compleja: en sus manos hay 803 futuros delincuentes o futuros jóvenes resocializados y recuperados.
Verónica Oviedo, también psicóloga, es directora de Tratamiento Nacional Penitenciario. Ella sabe que las dificultades en este trabajo comienzan por la estadística: los estándares internacionales indican que en un penal debería haber un psicólogo por cada 100 reos (que ya es bastante), pero en los 68 penales del país, donde viven hacinados más de 96 mil internos, hay uno por cada 400.
Algunos de ellos, como Noel Valverde, tienen un trabajo particularmente complicado. Él es coordinador del Programa de Tratamiento de la Agresión Sexual, en el pabellón 16 de Lurigancho. Su trabajo consiste en atender a sentenciados por violación, tentativa de violación y actos contra el pudor que no hayan recibido sentencias anteriormente por este u otros delitos. Pero no a todos: los violadores de menores o aquellos que reincidieron están en el pabellón 3, uno de los más hacinados de esta cárcel.
En el 16 están aquellos que, después de un largo período de arduo trabajo psicológico, y de haber cumplido todos los años de su condena, son sujetos capaces de volver a la sociedad. “La sociedad no quiere entender que ellos van a salir a la calle. Lo que hacemos es que estas personas no cometan el mismo delito”, dice Noel. Y después agrega: “Nosotros pensamos en las víctimas”.
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Trabajadores del INPE
Hoy se celebra el Día del Trabajador Penitenciario. En el Perú hay 11.555, de los cuales unos 7.800 laboran en el área de seguridad.
Especialistas
En el área de tratamiento, que incluye a psicólogos, educadores, doctores, asistentes sociales y especialistas de varias áreas, trabajan 1.802.
Población penal
Actualmente hay 96.558 reos en los 68 penales del país. De estos, 91.149 son hombres y 5.208, mujeres.
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