Se estima que al 2021 habría 120 mil internos en el Perú, de acuerdo con el INPE. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los peligros del hacinamiento en penales. (Hugo Pérez / Archivo)
Se estima que al 2021 habría 120 mil internos en el Perú, de acuerdo con el INPE. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los peligros del hacinamiento en penales. (Hugo Pérez / Archivo)
Ricardo León

Periodista. Editor de la sección Nacional

jose.leon@comercio.com.pe

En total 4.496 internos de cárceles del país dejarán la prisión este año tras haber cumplido sus condenas, según estadísticas del (INPE). Solo durante este mes, dejarán las celdas 327 presos.

Esta cifra está dentro de los promedios anuales: en el 2019 fueron 4.367 y en el 2021 serán 3.952. Los penales que registran el mayor número de egresos son Lurigancho, Castro Castro, Ancón I y Ancón II.

César Cárdenas, presidente del INPE, indica que cerca de la tercera parte de estos internos que pronto serán libres estuvieron presos por delitos contra el patrimonio (hurto, robo, estafa, receptación). En estos no se incluye a quienes dejan la cárcel tras haber culminado su prisión preventiva o haberse revertido esta.

Cárdenas explica también que la tasa de reingreso, si bien es baja, de todos modos preocupa. “No sabemos si regresan por el mismo proceso o por otro delito. Sería importante que trabajemos un indicador de reincidencia”, indica.

Él fue nombrado jefe del INPE en julio del 2019, luego de que fuera cesado del cargo Carlos Romero tras la irregular excarcelación de Rubén Moreno ‘Goro’, acusado de sicariato. Solo durante ese mes, dejaron las cárceles 420 internos por condenas cumplidas.

—Cárceles repletas—

La salida de casi 4.500 presos de las cárceles no alivia el cada vez más grave problema de hacinamiento en los penales. Los 68 establecimientos penitenciarios del país suman en total 40 mil unidades de albergue, pero al cierre del 2019 había casi 96 mil internos (las mujeres suman alrededor de 5 mil). De estos, en promedio, 60 mil tienen sentencia y otros 36 mil están en proceso judicial.

Según el informe “Retos del sistema penitenciario peruano: un diagnóstico de la realidad carcelaria de mujeres y varones”, publicado por la Defensoría del Pueblo, el exceso de internos “constituye el principal factor que afecta los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la defensoría, dijo que cuando se presentó ese informe, en diciembre del 2018, había un 130% de sobrepoblación. Poco más de un año después, alcanza el 138%. “Ya no va a haber más espacio del que puede soportar una persona en prisión”, comenta. Cárdenas calcula que “va a ser un problema llegar al bicentenario con 120 mil internos”. “Eso sería inmanejable”, sostiene.

El problema de la sobrepoblación no es solo un asunto de espacio físico. Según explica el presidente del INPE, en todas las cárceles hay 222 psicólogos, cuando debería haber unos 950. En cuanto a los agentes de seguridad, hay 7 mil, pero debería haber 12 mil para tener una cobertura adecuada.

César Cárdenas fue nombrado jefe del INPE en julio del 2019, luego de que fuera cesado del cargo Carlos Romero tras la irregular excarcelación de Rubén Moreno ‘Goro’, acusado de sicariato.
César Cárdenas fue nombrado jefe del INPE en julio del 2019, luego de que fuera cesado del cargo Carlos Romero tras la irregular excarcelación de Rubén Moreno ‘Goro’, acusado de sicariato.

—Las alternativas—

Tanto Cárdenas desde el INPE como Fernández desde la Defensoría del Pueblo coinciden en que el buen manejo de la sobrepoblación penal no pasa por construir más cárceles, sino por buscar mecanismos de sanción alternativos.

Ambos funcionarios sostienen que el aumento de mandatos de prisión preventiva agrava el problema. Según estadísticas del INPE, en los últimos cinco años ha habido un ingreso anual de entre 10 mil y 12 mil personas con prisión preventiva, de las cuales más de la mitad dejan la cárcel antes del primer año porque se revierte la medida o porque son absueltas.

Para la defensoría, su “uso inadecuado” impide “la consecución del principio constitucional de resocialización”.

En segundo lugar, ambos proponen que el Poder Judicial incremente la aplicación de medidas como el llamado ‘medio libre’, sistema en el cual los internos por determinados delitos, y bajo supervisión, pueden realizar trabajos comunitarios durante su condena.

O los grilletes electrónicos, que solo son utilizados por 27 personas en todo el país. Su uso no es masivo, entre otras razones, porque bajo la normativa actual es el reo quien debe correr con los gastos del grillete (unos S/800 al mes), pero al mismo tiempo su rango de movilidad urbana es estrecho, con lo cual sus posibilidades laborales se reducen.

“El grillete cuesta casi lo mismo que una remuneración mínima vital”, reconoce Fernández. Cárdenas indica que se ha preparado una normativa para que sea el Estado el que financie el uso del grillete electrónico, a fin de que su aplicación sea viable. “Pero eso lo tendrá que ver recién el nuevo Congreso”, dice.

Presos extranjeros

  • A octubre del 2019, había 2.119 reclusos extranjeros en el país, de los cuales 1.855 son hombres. La mitad de ellos tiene sentencia. Del total, más de mil cumplen penas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
  •  Cada año ingresan alrededor de cien extranjeros a la cárcel por diversos delitos. “Ese promedio se mantiene, lo que varía son las nacionalidades”, indica César Cárdenas, presidente del INPE.