Esta mañana un colectivo integrado por familiares de víctimas de feminicidios acudieron a Palacio de Gobierno para entregar una carta al presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, el mandatario no pudo atender a las integrantes debido a reunión de Consejo de Ministros. Finalmente, las mujeres integrantes del grupo fueron recibidas por la ministra Gloria Montenegro.
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En la misiva, el grupo denominado Familias Unidas por Justicia señala una serie de demandas que deben ser atendidas por el Ejecutivo como apoyo psicológico, acciones legales, subsidios a los huérfanos de las víctimas, entre otros. “Es momento de señalar, señor Presidente, que la ayuda que los sectores competentes brindan no es efectivo ni sensible”, se indica en la nota.
La visita del colectivo también coincide con la aprobación del Decreto de Urgencia N° 005-2020, que establece la asistencia económica para garantizar la protección y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de los feminicidios, con un monto de S/4,3 millones. Al respecto, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que por ahora se calcula que cada menor reciba entre 300 o 350 soles al mes, y será establecido en el reglamento que saldrá a la luz en 30 días.
Entre sus beneficiarios se encuentran los niños, niñas y adolescentes que sean hijos de las víctimas, así como las personas con discapacidad moderada o severa que hayan dependido económicamente o estado bajo el cuidado de éstas.
Sobre este punto, Sandy Evangelista Lova, presidenta del referido colectivo, indicó que el monto no cubriría la atención de un niño afectado. “Las demandas que estamos haciendo trata de que 300 soles no es suficiente para los huérfanos porque han perdido al padre y a la madre, han presenciado la muerte de la madre”, indicó en comunicación con este Diario.
Por otro lado, puntualizó que es necesario aclarar en quién recae la custodia legal de los menores huérfanos, tras un crimen de feminicidio. “El padre pierde la custodia total pero eso no quita que los familiares del padre peleen por la custodia, debería repensarse la ley”, agregó la vocera del colectivo que agrupa a 21 familias afectadas por el feminicidio.
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