(Foto: Reniec)
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Ana Briceño

De enero a agosto de este año, nueve mujeres creyeron que denunciando a sus agresores, como recomiendan las autoridades, se salvarían de morir asesinadas. Pero no fue así: terminaron acuchilladas, carbonizadas, asfixiadas o baleadas. Para sus familiares, la justicia en el Perú no existe o tarda demasiado.



Es el caso de Cinthia Oblitas, quien en julio fue alcanzada por las balas que le disparó su expareja Juan Félix, un suboficial de la policía que, luego de salir de prisión –donde cumplía una condena por cobrar una coima–, la buscó para amenazarla y agredirla.

La mujer lo denunció seis veces en distintas comisarías y hasta en la Dirección de Investigación Criminal, pero Félix nunca fue apresado y la mató en una tienda de Barrios Altos. Su hermana Sadith, que salió en defensa de ella, también fue impactada por cuatro balazos. El asesino se dio a la fuga. La víctima tenía medidas de protección dictadas por el Poder Judicial, que ordenaban a Félix no acercarse a ella. Su familia asegura que la policía jamás la protegió.

La misma desprotección sintió en abril la familia de Estefanny Flores, que fue estrangulada por su expareja José Falcón, en Los Olivos. “Mi hija lo denunció porque él intentó matarla. Fuimos al Ministerio de la Mujer,a la fiscalía y la comisaría, pero no hicieron nada”, reclama Crisanto Flores, padre de la víctima .

A la fecha, suman 102 las víctimas del presunto delito de .

–Descoordinaciones–
De las nueve mujeres que denunciaron en comisarías a sus agresores, solo cuatro contaban con medidas de protección dictadas por el Poder Judicial. En todas se dispone que la policía cumpla con lo ordenado, es decir, estar vigilantes para evitar que los denunciados se acerquen a las víctimas.

Según el Poder Judicial, más de 120 mil mujeres cuentan con medidas de protección. “Es imposible que la policía se dé abasto para vigilar a cada una”, reconoce el general PNP Augusto Sánchez, comisionado de la lucha contra la violencia hacia la mujer del Ministerio del Interior.

La viceministra de la Mujer, Carolina Garcés, remarca que para que estas medidas se dicten, en primer lugar, los policías deben completar las fichas de valoración sobre los riesgos que pueden tener las denunciantes. Pero esto no se estaría realizando bien. “Tiene que ver con capacitación y sensibilización. Estamos trabajando en ello”, afirma Garcés.

En el primer semestre se presentaron 157.500 denuncias por . Del total, 132 se quejaron a través de la línea telefónica 1818 porque los policías emitieron juicios de valor en contra de ellas, o porque quienes las atendieron desconocían las leyes.

El Poder Judicial ha lanzado la aplicación Botón de Pánico, que se instalará en los celulares de las víctimas que tienen medidas de protección. Ellas lo podrán presionar cuando el agresor se acerque, y se activará una alarma en las centrales de serenazgo. Esta iniciativa está en plan piloto.

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