La noche del jueves 14 de enero, dos meses después de las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado en las marchas contra Manuel Merino, el memorial que familiares y ciudadanos les habían colocado en la Av. Abancay, fue nuevamente destruido.
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“Esta es la tercera vez que lo hacen. No queremos darles mucha exposición porque es gente que solo demuestra odio. Nosotros vamos a volver a colocar todo mañana, sabiendo que pueden volver a sacarlo. No podemos hacer nada más”, cuenta Pacha Sotelo, hermano de Inti y presidente de la Asociación de Víctimas del #14N.
En el frontis de la Corte Superior de Justicia se habían colocado recuerdos, carteles, fotos y retratos de los jóvenes fallecidos en la movilización social de noviembre. En un recorrido realizado por este Diario se aprecia que el lugar luce casi vacío, con algunos carteles que permanecen aún en las rejas de la sede judicial. Además, se aprecia en la vereda el mensaje “terrorismo nunca más”.
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Los ataques
El 25 de noviembre, apenas 11 días después de las marchas realizadas en el Centro de Lima, fue la primera vez que el memorial colocado para recordar a Inti Sotelo y Jack Pintado fue destruido. Una de las cámaras de seguridad ubicada en la zona captó el preciso momento en que estas personas se acercan al lugar y arrancan las flores, carteles, letreros, velas y otros objetos que fueron colocados en memoria de los jóvenes fallecidos. Los sujetos atacaron el lugar durante la madrugada.
Ese mismo día, otro grupo de personas borró con pintura blanca los rostros de los jóvenes Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo que estaban plasmados en un mural ubicado en la cuadra 1 de la Av. Grau. Algunos transeúntes lograron grabar el momento en que unos sujetos descienden de una camioneta y borran los rostros de los jóvenes que habían sido retratados en la pared.
En los videos también se visualiza que los sujetos hacen uso de rodillos y brochas para borrar las imágenes. También pegaron algunos papeles con la siguiente frase: “La pared se limpia, los muertos no regresan”. Las cámaras pudieron registrar la placa de la camioneta. Las imágenes proporcionadas por la Municipalidad de Lima revelaron que la placa del vehículo es BDV-709 y figura a nombre de Lucía Pilar Olivos Portugués. El vehículo tiene una papeleta a nombre de Ludwin Olivos Milian. Él aparece registrado en el Jurado Nacional de Elecciones como afiliado a la organización política Fuerza Popular.
Esa misma tarde, la organización política Fuerza Popular emitió un comunicado rechazando los actos de violencia registrados contra el memorial y aclaró que no comparten las acciones realizadas por el grupo ‘La Resistencia’.
En esa ocasión, la Municipalidad de Lima indicó que iniciaría el trabajo de identificación de los responsables del borrado del mural y del retiro de los carteles en los exteriores de la sede judicial.
Pacha Sotelo comenta que incluso personal de la Gerencia de Cultura del municipio limeño les ofreció a coordinar el refuerzo de la seguridad en la zona para evitar que el ataque vuelva a ocurrir. Sin embargo, esto no se concretó. El 6 y el 14 de enero el memorial volvió a ser destruido, pero esta vez los propios autores del ataque grabaron y difundieron en redes sociales lo que hicieron. Ellos se hacen llamar La Resistencia.
La Resistencia
En su página de Facebook, el grupo La Resistencia se define como un “Colectivo anti comunista bajo el lema de Dios Patria y Familia por la lucha real de los pueblos que aman su libertad y democracia”. Sus post son dedicados a destacar la postura política del partido fujimorista. El 6 de enero publicaron un video en el que se aprecia el momento en que un grupo de personas llegan a retirar los carteles dedicados a Inti y Jack.
Bajo el título “Limpiando la basura comunista” publicaron cómo volvieron a destruir el memorial el jueves 14 de enero, fecha en la que se cumplían dos meses de la muerte de ambos jóvenes.
El líder de este grupo es Juan José Muñico Gonzales, quien se hace llamar Maelo. En su cuenta de Facebook, también muestra con orgullo la destrucción del memorial ubicado en el Centro de Lima.
De igual manera, otros integrantes de la agrupación como Tony Guevara celebraban en sus redes sociales el ataque realizado a los carteles, recuerdos y retratos en memoria de Inti y Jack.
Como presidente de la Asociación de Víctimas del #14N, Pacha Sotelo, insiste en pedir al Municipio de Lima a que refuerce la seguridad en la zona. “
“No podemos hacer denuncia porque no sabemos a quien recurrir. Quienes tuvieron un compromiso conmigo fueron los de la Municipalidad de Lima. No es posible que no haya habido ni serenazgo ni nada. Recurrir a la policía es imposible”, indicó.
Sotelo espera que el municipio limeño, además, pueda evaluar y aprobar un proyecto presentado por historiadores sanmarquinos para instalar un monumentos en nombre de los conocidos como Héroes del Bicentenario en el Parque Universitario.
La investigación
La noche del jueves, la Unidad de Asuntos Internos de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior (Mininter) informó que inició un proceso administrativo sancionador en contra de 10 oficiales de la Policía Nacional por faltas graves y muy graves cometidas durante las marchas contra Manuel Merino.
Luis Naldos Blanco, jefe de dicha oficina, precisó a Canal N que la investigación tiene varias etapas, la primera de las cuales comprendió las indagaciones iniciales y que se prolongaron por 30 días hábiles.
“Esta decisión ya se emitió el día lunes (11 de enero), ha sido notificada a los interesados y efectivamente es una investigación administrativa disciplinaria que comprende a diez oficiales de la Policía Nacional”, expresó.
Naldos indicó que se mantiene en reserva los nombres de los oficiales porque así lo establece la Ley 30714, que regula el proceso administrativo disciplinario.
Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, precisó a El Comercio que solo se conoce que se trata de altos oficiales y que serán procesados por haber cometido faltas muy graves.
“Se trataría del comando oficial, de coroneles y generales. Los que están como jefes en los dos sectores que estaba divido el Centro Histórico. Y se refieren a faltas muy graves dispuesta según el Decreto Legislativo 1268. Es decir, en términos de haber utilizado la posición de jefes policiales o de comando para desarrollar actos graves contra los derechos humanos de los manifestantes. La Oficina de Asuntos Internos puede establecer cuáles son esos hechos. Imagino que una falta grave, sin duda alguna, es haber emitido órdenes superiores para que se utilicen perdigones de plomo, y para que se disparen directamente al cuerpo de los manifestantes y haber ocasionado la muerte de dos de ellos”, precisó Rivera.
El abogado de IDL señaló que las sanciones para estos procesos administrativos son dos: una es la suspensión y la segunda es la destitución del cargo. “Tratando de contextualizar lo que ameritaría es la destitución porque hablamos de la muerte de dos personas. Lo digo pensando pensando en términos de la investigación penal”, agregó.
Según el plan de operaciones policial del 14 de noviembre, al frente del Comando General estuvo el jefe de la Región Policial de Lima, general Jorge Cayas Medina, y como jefe operativo, el titular de la División de Servicios Especiales, el coronel Carlos Villafuerte Salas. Ambos oficiales respondían directamente al subcomandante general de la Policía Nacional, teniente general Jorge Lam Almonte, quien coordinaba con el exministro del Interior, el general PNP (r) Gastón Rodríguez Limo.
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