Dos meses después de las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado, ¿cuánto se avanzó en el proceso penal?

Óscar Pintado ha dejado de hacer trabajos de mantenimiento y, desde hace dos meses, se ha dedicado a leer (y entender) el Código Penal. Su vida es otra, ahora convive entre términos legales que ha tenido que aprender. Casi todos los días habla con abogados e, incluso, se ha inscrito en charlas de derecho que se hacen por Zoom. “Estoy totalmente enterado del caso. Uno no es abogado pero uno se da cuenta cuando te llevan a una reunión y solo te empiezan a hablar y hablar, pero no hay nada en un papel que diga: esto es lo que se ha logrado. Tengo que estar enterado porque tengo miedo a la impunidad”, cuenta a El Comercio.

Desde que el 14 de noviembre pasado, su único hijo Jack Bryan Pintado, de 22 años, murió en la marcha nacional contra Manuel Merino, Óscar Pintado ha pasado por una cadena de emociones que hoy se ha entrampado en la frustración y la impotencia. Se ha quedado solo en Lima porque toda su familia tuvo que mudarse a otra región. “Ha sido muy duro. Hubo un cambio total y radical a raíz de todo esto. Mi familia, incluyendo a mi madre, tuvo que irse a Iquitos. Se fueron porque empezaron a hacernos reglaje y porque el ambiente no les iba a ayudar a su salud mental”, comenta. Sus días los dedica exclusivamente a buscar justicia para su hijo.

Al mismo tiempo, la casa de los Sotelo Camargo luce distinta. Tras la pérdida de Inti, de 24 años, quien también murió en la marcha del 14 de noviembre, la familia decidió cambiar el color de la fachada de la casa, y reacomodar algunas cosas dentro para aliviar en algo la pena. “Hemos intentado remodelar el ambiente a pedido de mi madre”, cuenta Pacha Sotelo, quien se ha convertido en el vocero de la lucha legal por la muerte de su hermano.

Pacha es entrenador y tuvo que dejar de trabajar para dedicarse a la defensa de su hermano. Su familia está llevando acompañamiento psicológico por parte de la fiscalía, pero él, dice, que la ayuda llegó muy tarde. Pacha es ahora el presidente de la Asociación de Víctimas del #14N, grupo que organizó una marcha contra la impunidad policial el pasado 9 de enero. Asegura que la lentitud de la investigación penal a cargo de la fiscalía por la muerte de su hermano, no solo ha estancado el proceso, sino que además ha generado que muchos de los testigos, que también fueron víctimas de agresión, declinen en continuar con la denuncia.

“Han logrado su cometido de que algunos ya no quieran continuar en esto. No quieran saber nada. Éramos más de 50, pero ahora somos 29 casi. Han logrado que se desanimen o que ya no contesten el celular”, señala.

Los tropiezos

El fiscal provincial Yoni Soto Jiménez, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima, asumió la investigación por las muertes de Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo Camargo, y los heridos que dejaron las manifestaciones sociales de noviembre pasado.

Según los abogados de las familias de Inti y Bryan, la investigación se inició con dificultades que han perjudicado su avance. Uno de los primeros problemas fue el deterioro de las cámaras de videovigilancia que estaban en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima. Cerca a esta zona es donde Inti y Bryan recibieron los disparos que produjeron sus muertes.

El Municipio de Lima informó que las cámaras no pudieron grabar lo que ocurrió en ese momento porque “se encontraban en mantenimiento debido a desperfectos técnicos”.

A esto se le suma, el hostigamiento policial que denunciaron algunos manifestantes heridos en la marcha, como el reportero gráfico de este Diario, Alonso Chero, así como familiares de las víctimas. Óscar Pintando denunció que hubo vehículos con lunas polarizadas que estaban haciendo reglaje a su familia. Por ello, tuvieron que irse de Lima.

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Para Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, una de las mayores dificultades que ha presentado la investigación penal es que la fiscalía no se ha dedicado en exclusividad a este caso.

“Esta fiscalía es pequeña y tiene otros varios casos de investigación y esa es la razón por la cual, los abogados de los agraviados, criticábamos que la investigación era lenta”, comentó Rivera.

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, recuerda que ante esa situación la entidad pidió al Ministerio Público crear una fiscalía ad hoc para el desarrollo de las investigaciones de este caso. Su pedido ha tenido respuesta.

“La tercera fiscalía se encuentra totalmente desbordada porque esa fiscalía también tiene a su cargo procesos de terrorismo. Entonces, con esos antecedentes, y tomando en cuenta el pedido de los abogados de las víctimas que creara una fiscalía especial, el Ministerio Púbico respondió el 8 de enero que ha decidido dedicar un despacho de manera exclusiva a este proceso. Esperemos que con esta decisión las investigaciones se puedan agilizar”, precisó Castillo.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que, debido a que el caso se ha declarado complejo, se designó a la abogada Jhousy Margot Aburto Garavito como Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, para que se dedique exclusivamente a las investigaciones relacionadas al caso de las movilizaciones de noviembre último.

El primer problema que está enfrentando la nueva fiscal es el contagio por COVID-19 de uno de los integrantes del equipo. Esto ha ocasionado que las diligencias programadas para esta semana se posterguen.

Lo avanzado

Hoy se cumplen dos meses desde las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado. El presidente Francisco Sagasti declaró en una entrevista a este Diario, que las investigaciones estaban muy avanzadas. Pero, ¿qué se ha logrado hasta el momento?

Para el abogado de IDL,Carlos Rivera, ha habido un avance en la recopilación de información. La carpeta fiscal tiene, hasta el momento, 28 tomos. “La investigación tiene información importante del despliegue policial, están las pericias balísticas de medicina legal, todo eso que nos ha permitido tener un conocimiento concreto de la forma en que murieron Inti y Bryan. Además, de saber con qué tipo de armamento se causaron esas lesiones, esa información está en la carpeta de investigación. Esto es importante que se logró en las primeras semanas de investigación”, indica.

El mes pasado, América Noticias reveló que el informe pericial de balística forense del cuerpo de Inti Sotelo determinó que el perdigón que lo mató no tiene característica artesanal. El documento indica que la munición es un perdigón de plomo componente de un cartucho de escopeta, pesa 3,8 gramos y mide 0,8 milímetros.

Ronald Gamarra, abogado de la familia de Jack Pintado, detalla que la gran mayoría de tomos de la carpeta fiscal responde a información entregada por la policía: los planes de operaciones, la documentación con informes de inteligencia, apreciaciones de riesgo, la distribución del personal del día de las marchas, la relación del personal, de armas y municiones que fueron dadas al personal. Además, están los informes entregados por los jefes operativos después de realizar las marchas y las actas de la fiscalía en almacenes y armerías de la policía.

“Por el lado médico, están las historias clínicas de los manifestantes heridos, hay informes de reconocimientos médicos del Instituto de Medicina Legal, informes de pericia balística de los elementos extraídos a los manifestantes heridos. Lamentablemente, los registros fílmicos de los lugares centrales de las manifestaciones no aparecen, sin embargo se ha logrado recuperar videos de la propia policía. Hay entidades privadas que han entrado también reportes fílmicos”, agrega.

Indicaron que los informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Naciones Unidad (ONU), que coinciden en establecer que hubo abuso policial durante las manifestaciones sociales de noviembre, también han sido incluidos en la carpeta fiscal.

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Lo que falta

Los abogados, la Defensoría del Pueblo y los familiares de las víctimas coinciden en que no basta con tener información, si es que no se plantea una estrategia de investigación que acelere el proceso.

“La fiscalía no tenía una estrategia y seguía juntando documentos, pero no había alguien que leyera los documentos para que planteara pistas de investigación. Mucha documentación oficial no dice más que formalidades, todos los reportes de la PNP dicen que se hizo uso proporcionado de la fuerza y que no hubo desvío en el uso de esa fuerza. En principio, es bueno que una fiscalía se dedique solo a una causa compleja pero veremos si en términos prácticos sucede ello. Veremos si seguimos llenando de documentos o se aplica una estrategia en busca de la verdad”, opina Ronald Gamarra.

Rivera, por su parte, recuerda que es de vital importancia que se continúen con las diligencias pactadas por el fiscal Soto y que se aceleren las tomas de declaraciones, tanto de las víctimas, testigos y de los policías involucrados.

“(El fiscal) Soto había programado alrededor de 150 diligencias, 47 declaraciones de los agraviados y 98 de los policías y eso es lo que dejó y debe realizarse en enero de este año”, indicó.

Otro aspecto importante y que sigue pendiente es la investigación que está realizando el Ministerio del Interior a los policías involucrados en las manifestaciones de noviembre. El ministro José Elice se reunió con los familiares de Inti y Jack el miércoles pasado y les informó que ya estaba listo el informe preliminar. En una entrevista en RPP, el ministro dijo además que se anunciaría “si este equipo que ha hecho el trabajo preliminar recomienda o no desarrollar de manera formar un proceso disciplinario administrativo”.

A inicios de diciembre, el Ejecutivo creó una comisión multisectorial para monitorear las acciones a favor de los deudos de los heridos y familiares de los fallecidos durante las marchas de noviembre. Sin embargo, el trabajo también ha sido lento.

“El Ejecutivo creó la comisión multisectorial, pero el Minsa dice que aún no tienen una lista de todos los heridos, pura burocracia. El Minedu sí está evaluando el tema de las becas, pero nada concreto”, refirió Pacha Sotelo.

Solicitamos la información al Ministerio del Interior, pero indicaron que no podían adelantar opinión al respecto. Para Pacha Sotelo y Óscar Pintado, ese informe preliminar no tiene ningún valor mientras no se responsabilice directamente a los policías que participaron esa noche. Aseguran que, hasta que los responsables de las muertes de Inti y Jack no sean juzgados, no pararán en su lucha por buscar justicia.

Percy Castillo, de la Defensoría del Pueblo, recuerda que los procesos penales relacionados a derechos humanos suelen demorar muchos años, por ello, dijo, es importante que la fiscalía ordene los documentos obtenidos para que pueda sostener el caso. “Justicia que tarda no es justicia”, afirma.

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